La fundación que dirige el alcalde de Estepona evita aclarar qué hará con los 46 millones del legado para «mujeres pobres»

El Patronato de la Fundación Antonia Guerrero se dispone a vender en las próximas semanas el legado inmobiliario que, hace casi un siglo, la mujer destinó a las “mujeres pobres” de Estepona para que pudieran acceder a la educación universitaria. Si todo va cómo está previsto, la Fundación obtendrá un mínimo de 66 millones de euros en la subasta abierta. Según sus Estatutos y la propia ley, en un plazo de tres años deberá destinar al menos el 70% de esa cantidad (al menos 46 millones) a los fines fundacionales: es decir, a la concesión de becas de estudio o a una “ciudad del conocimiento”.

El ritmo de concesión de becas y la mera lógica hacen imposible destinar esa cantidad millonaria a ayudas al estudio en ese plazo, así que todo indica que hay un proyecto educativo en ciernes, del que hasta ahora no han informado ni el Ayuntamiento, ni la fundación (presidida por el alcalde, José María García Urbano) ni los inversores privados. Este medio desveló hace unos días esta semana que Proyecto Educativo en Estepona, S.A. mantiene una “solicitud de implantación” abierta ante la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía.

Se trata de una entidad mercantil presidida por Jorge Segovia Bonet, un empresario hispano-chileno que estaba al frente de un proyecto educativo universitario similar hace un par de años, rechazado de forma contundente por el Gobierno central. El informe del Ministerio de Universidades, al que este medio tuvo acceso, advertía de que no contaba con los suelos necesarios (estaban previstos los suelos de Guadalobón, adquiridos por el empresario Juan José Hidalgo hace décadas), y que el plan de Segovia era conseguir una cesión de terreno y que la fundación levantara el campus con dinero de la venta del legado. Todo indica que este plan es el que ha empezado a ejecutarse ahora.

Sin embargo, la fundación y el Ayuntamiento mantienen el secretismo. Y a tenor de los documentos colgados de la web de la fundación, esta ni siquiera ha entregado al Protectorado (el organismo dependiente de la Junta de Andalucía que supervisa las fundaciones) toda la documentación necesaria para una venta de estas características.  

Sin informe que justifique la venta y el destino del dinero

A través de una resolución, el Protectorado de la fundación, la Junta autorizó la venta el pasado 4 de abril. La resolución, firmada por el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, deja claro que la fundación ha solicitado una “autorización de enajenación” y relaciona los documentos del expediente que ha entregado la fundación, que coinciden con los que exige el artículo 19 del Reglamento de Fundaciones, a excepción de uno, que se omite: el informe que justifique la venta y detalle el destino previsto de los ingresos. Este medio lo ha solicitado a la fundación, sin respuesta.

La Consejería de Justicia, de la que depende el director general que firma la resolución, asegura que el expediente está “completo y correcto”, y que la fundación tendrá un mes a contar desde que firme la venta (teóricamente en diciembre) para justificar el fin de lo que saque por ella. Es decir, para enviar ese informe.

Sin embargo, el artículo 19 del Reglamento de Fundaciones es claro: el informe que motive la venta “deberá acompañarse” a la “solicitud de autorización”, y no después de realizada la venta. La autorización previa y el estudio del destino del dinero con antelación por parte del Protectorado está justificado en la especial cautela que exige un expediente de “autorización”, pues se venden bienes que forman parte de la dotación, adscritos al fin fundacional o que superen el 20% de los activos. Y las siete parcelas que se venden por 66 millones encajarían en los tres supuestos.

Dudas con las cuentas

“Si estuviera claro que la rentabilidad se destina al fin fundacional sería estupendo, pero no es el caso”, advierte Emma Molina, portavoz del PSOE, que estudia acciones legales para frenar la venta de los terrenos y protesta por la falta de transparencia de la fundación a lo largo de los años.

Hasta ahora, no ha sido fácil rastrear el destino que la fundación ha dado a las cuantiosas rentas que generan el alquiler de sus activos. Desde 2008, alquila 17 viviendas con aparcamiento en la urbanización Playa del Ángel, un complejo privado en primera línea de playa, con piscina, jardines, gimnasio y zonas infantiles. Por esos arrendamientos ingresó 147.000 euros en 2023 (a 720 euros mensuales por chalet), de los que dedicó 42.124 euros a becas, según el balance de 2023, al que este medio ha tenido acceso.

Es menos de un tercio de los ingresos ordinarios. Sin embargo, en un memorándum publicado estos días para “clarificar a la opinión pública” algunas cuestiones, la fundación asegura que “el importe neto de la renta se está dedicando a la concesión de becas, de forma total o parcial, dependiendo el importe total de las mismas”.

La fundación también ingresó unos cinco millones de euros entre 2006 y 2008, fruto de la venta de dos solares en Camino de la Cala y Vereda de los Frailes. Dice haberlo gastado en indemnizar a los herederos de los colonos de las fincas propiedad de la Fundación; iluminar la necrópolis dolménica de Corominas; realizar aportaciones a asociaciones de la ciudad; amueblar la segunda fase de una residencia de ancianos; comprar una ambulancia; adquirir una “colección de dinosaurios” para el Museo Paleontológico de Estepona; amueblar un salón de actos; y financiar las becas.

La fundación dice haber entregado 800 desde su constitución, en 1997, pero sólo en las últimas semanas, la web ha empezado a recoger el listado de beneficiarios, y sólo de las becas universitarias (no las de inglés): el año pasado, 12 jóvenes (chicos y chicas) la recibieron para pagar matrícula, residencia o transporte. Fueron veinte en el curso 2021-2022. Es una cifra modesta para la población esteponera: apenas un 0,4% de los jóvenes de entre 18 y 24 años censados en Estepona aquel año. Hasta ahora, la fundación apenas hacía publicidad de estas ayudas. Una discreción en el cumplimiento de sus fines que contrasta con la contratación en medios de banners para promocionar la subasta.

Esa “falta de transparencia” se extiende a los Estatutos. En 2023, se modificó la nacionalidad y el domicilio de la fundación, sus fines, las actividades y la determinación de los beneficiarios, según refleja el BOJA de 8 de febrero de 2024. Sin embargo, el boletín no aclara en qué consisten esos cambios y en la web de la fundación sigue sin recogerse los Estatutos actualizados. “Se pusieron muy nerviosos cuando preguntamos por ello en la reunión, y no nos contestaron”, relata la portavoz socialista. Cuando pidió las cuentas, le respondieron por escrito que “se irán publicando, de forma progresiva, por razones operativas”.