Construir más y limitar la especulación, las recetas para garantizar el derecho a la vivienda de administraciones y expertos

El acceso a la vivienda es ya la principal preocupación de la población en Catalunya, según constató el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. El 20% de los ciudadanos así lo considera, debido a los elevados precios –tanto de alquiler como de compra– en las grandes ciudades, que centra el debate tanto en el ámbito político y de las administraciones como entre la sociedad civil y el propio sector privado.

Para contribuir a sus soluciones, elDiario.es ha organizado unas jornadas de vivienda en las que han emergido propuestas como un mayor ritmo de cesión de solares y construcción, poner freno al papel de los grandes fondos inversores en vivienda, dar tiempo a la regulación de precios o dotar de mayor músculo al sector cooperativo y social.

En el discurso que ha cerrado la jornada, el president la Generalitat, Salvador Illa ha recetado “construir, construir y construir” como principal receta para superar la crisis de la vivienda, que afecta al conjunto de Europa pero de forma especial a zonas muy habitadas, como el área metropolitana de Barcelona. Illa ha situado la vivienda como el principal foco de la desigualdad actual y ha prometido “ser valiente y escuchar a todo el mundo” para solucionar el problema.

La jornada la ha abierto el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha reclamado a la Unión Europea regulación y “fondos extraordinarios” para que los ayuntamientos y los gobiernos regionales puedan promover o comprar vivienda y garantizar así el “derecho a quedarse” en la ciudad. 

La consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha anunciado que el Govern acabará el año con la cifra récord de 1.800 pisos comprados para vivienda social. El programa del Govern para la construcción de 50.000 viviendas, que comenzó con una llamada a los ayuntamientos para aportar solares, ya ha dado los primeros resultados con el afloramiento de suelo para la construcción de 14.000 pisos, ha agregado la consellera.

La colaboración públicoprivada ha centrado la primera mesa

La primera mesa de debate, centrada en la colaboración público-privada, ha contado con la participación del cuarto teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; el director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL), la entidad de gestión de vivienda del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Josep Maria Borrell; la coordinadora del Área de Transición Ecológica y Área Urbana del Ayuntamiento de Girona y arquitecta en la Fundación Hábitat3, Maria Sisternas; y la doctora en Economía, profesora de la Universitat de Barcelona (UB) y codirectora de la Cátedra Barcelona Estudis d’Habitatge, Montserrat Pareja-Eastway.

“No solucionaremos el problema de la vivienda sin el sector privado”, ha afirmado Valls, que ha abogado por “movilizar” recursos económicos, tanto del sector público como del privado, y que este último acepte “rentabilidades limitadas”. “Pero si buscan rentabilidades del 20%, no las tendrán”, ha advertido. 

Borrell ha reivindicado la “mirada metropolitana” que aporta el AMB a la hora de permitir localizar suelo estratégico para nuevas promociones o la gestión delegada de competencias de municipios. “Estamos en un momento histórico y no podemos tener mirada cortoplacista”, ha mantenido Borrell, que ha abogado por un modelo “flexible, adaptable e inclusivo” que cuente con el “liderazgo público”. “Cooperación y mano tendida con el promotor privado, las fundaciones o las cooperativas”, ha agregado.

Sisternas ha comparado la situación actual de la vivienda con la pandemia para reclamar “colaboración”, como la que mantuvieron las farmacéuticas privadas para hallar la vacuna contra el COVID-19 pese a competir entre ellas. “La administración tiene que explicar mejor qué hace y cuantificar sus objetivos”, ha afirmado la arquitecta, que ha propuesto reinvertir el dinero de las fianzas que recauda el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) en vivienda social. Al sector privado, Sisternas le ha reclamado un “cambio cultural” que lleve a entender que “quien haga vivienda protegida no se forrará”.

Pareja-Eastway ha situado la financiación y el suelo como los “cuellos de botella” del sector. “La vivienda es cíclica e imprevisible, que haya estabilidad y riesgo controlado es un incentivo para seducir al sector privado y que colabore con sector público”, ha aseverado, además de poner como ejemplo actuaciones sobre contratos a largo plazo, el derecho a superficie y concesiones.

La garantía del acceso a la vivienda ha centrado la segunda mesa de debate

La segunda mesa ha abordado cómo garantizar el derecho a la vivienda en un debate con la vicepresidenta de Amat Inmobiliarios y miembro del consejo asesor del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, Joana Amat; la socióloga e investigadora del CERES de CCOO, Irene Galí; la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona e investigadora en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), Carme Arcarazo; y el investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autònom de Barcelona (UAB) Juan Antonio Módenes.

Amat ha reclamado un “gran pacto nacional para la vivienda” que ponga de acuerdo en unas bases comunes a administraciones públicas, sector privado, fundaciones y cooperativas y propietarios e inquilinos. Para Amat, es necesaria “seguridad jurídica” y “respeto” para el propietario. “La crispación no nos ayuda, tenemos que colaborar”, ha indicado.

Galí ha echado de menos una mirada a largo plazo. “No conseguimos salir del día de la marmota y solo nos hacemos preguntas sobre el momento actual”, ha lamentado, además de recordar el “olvido histórico y la falta de atención al derecho a la vivienda” en España. “La cuestión de fondo es que el negocio inmobiliario es el más rentable que hay, pero el negocio de unos pocos se convierte en el problema de muchos”, ha agregado.

Para Arcarazo existen cinco problemas alrededor de la vivienda: el incumplimiento de la legislación actual, como muestra la escapada de vivienda hacia el alquiler de temporada; la falta de inspectores para hacer cumplir la norma; la inestabilidad vital que comporta el alquiler; la vivienda como inversión y la falta de vivienda “pública y asequible”.

Módenes ha puesto los datos encima de la mesa: en Catalunya se forman cada año 75.000 hogares y se disuelven (generalmente, por mortalidad), 25.000, pero solo se construyen 20.000 al año, con lo que hay un déficit en la construcción de viviendas. “El principal problema es el desajuste entre oferta y demanda: no se está construyendo lo que indica la proyección de población y no se está garantizando que se mantenga el uso residencial del parque actual”, ha defendido.

La tercera mesa ha abordado las alternativas con el sector social y cooperativo

Las alternativas ante la crisis de la vivienda, de la mano de modelos como el sector cooperativo, ha protagonizado la última mesa de debate, en la que han participado el comisionado para el impulso de las políticas de mejora urbana, ambiental y social de los barrios de la Generalitat, Carles Martí; el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera; la directora de proyectos de la cooperativa Sostre Cívic, Eva Ortigosa; y el codirector de la Cátedra Barcelona Estudis d’Habitatge, David H. Falagan.

Riera ha reivindicado el “modelo Barcelona” para ceder suelo al tercer sector y entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones o cooperativas, y levantar 1.000 pisos en diez años, además de promover ayudas para rehabilitación. “Tenemos que cooperar con todo el mundo: entre administraciones públicas, con el sector privado y con el tercer sector”, ha expresado.

Martí ha incidido en el “papel muy importante” del sector social en la rehabilitación, como por ejemplo en los cascos urbanos de las poblaciones. “Hay una gran convergencia entre los planteamientos del tercer sector y del cooperativismo con los de la Llei de Barris de la Generalitat, entendemos la vivienda de una misma manera”, ha celebrado. 

Desde Sostre Cívic, Ortigosa ha ensalzado el “impacto creciente” del sector cooperativo en la vivienda en los últimos años, lo que ha permitido incrementar el parque de viviendas de calidad, estable e indefinida “siempre sin ánimo de lucro”. “Hemos sentado las bases de otra manera de hacer al margen de la economía capitalista, podemos ser un motor de transformación social”, ha defendido.

Falagan ha hecho hincapié en las diferencias “estructurales” entre España y los países europeos en materia de vivienda asequible y protegida. Frente al 2,5% de vivienda pública y social de nuestro país, el porcentaje asciende al 30% en Países Bajos, el 24% en Austria o el 15% en Reino Unido o Francia. “El modelo en Europea es de resistencia frente a la mercantilización de la vivienda, el parque público y social es la tendencia a consolidar”, ha señalado.