Competencia se resiste a elaborar los informes sobre el control de la tensión eléctrica que falló en el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se resiste a elaborar los informes trimestrales que quiere pedirle el Gobierno sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de las eléctricas. El organismo también alude a una cuestión de “recursos” para oponerse a un plan de inspecciones extraordinario que le ha encargado el Ejecutivo por considerar que ya está contemplado en otra normativa en elaboración.

Los fallos en ese control de tensión que debían prestar las centrales de generación tradicionales (como el gas y las nucleares) son uno de los aspectos que estuvieron presentes en la cadena de acontecimientos que derivaron en el histórico apagón del pasado 28 de abril, según los sucesivos informes del propio Gobierno, Red Eléctrica (REE) y los expertos europeos. 

El cero ibérico evidenció “que hay que estar más encima” del sector, dijo en junio el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, tras aprobar el Ejecutivo el conocido como decreto antiapagones que luego tumbó el Congreso en julio con los votos del PP, Vox, Podemos y Junts.

Tras decaer ese Real Decreto-Ley por esa derrota parlamentaria, el Ministerio para la Transición Ecológica incluyó a finales de julio algunas de las medidas en un Real Decreto, que tramitó por vía urgente y puede aprobar sin necesidad de aval parlamentario. El texto, entre otras cosas, requiere a la CNMC que elabore un informe trimestral de seguimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de todos los sujetos del sector en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto.

Se trata de la primera medida que anunció el Ejecutivo “para reforzar la gestión técnica” del sistema: “Evaluar las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio y elaborar el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses” y “será público”, según el borrador del texto que estuvo a consulta pública hasta el pasado 11 de agosto.

Sin embargo, la CNMC, que como responsable de supervisar al sector está elaborando su propio informe sobre el apagón, del que se dirimirán las eventuales responsabilidades de cara a las millonarias indemnizaciones que hay en juego, cree que esos informes trimestrales son innecesarios.

El pleno del organismo “considera que la elaboración de un informe trimestral periódico no aportará valor adicional, bajo el nuevo marco regulatorio actual del servicio de control de tensión”. La CNMC aprobó ese servicio en junio, tras años analizándolo, después de reconocer hace tiempo que la normativa vigente entonces estaba “obsoleta” y tras advertir ya en julio de 2022 “problemas continuos de control de tensión” en la red eléctrica peninsular que afrontó con dos proyectos piloto.

Ese nuevo servicio de control de tensión está recogido en un procedimiento de operación de REE (conocido como 7.4) que la CNMC aprobó el 12 de junio, y que permitirá controlar tensión a las energías renovables, aunque no estará operativo hasta el año que viene.

Competencia subraya que ese procedimiento “dispone de incentivos económicos para el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión” y por eso considera que esos informes periódicos que le reclama Transición Ecológica no aportan “valor”. 

“Sin perjuicio de lo anterior, compartiendo la importancia de que la implementación y prestación del servicio de control de tensión se realice adecuadamente”, la CNMC subraya que está trabajando junto con el Operador del Sistema (Red Eléctrica) “para realizar un seguimiento del funcionamiento del servicio de control de tensión actual, así como de la adecuación de los sistemas y de las instalaciones al nuevo servicio. Para ello, se ha solicitado al Operador del Sistema que, de forma continua, informe del resultado del seguimiento que esté realizando y de las actuaciones a abordar para facilitar la implantación del nuevo servicio”. 

El informe de la CNMC añade que la revisión del procedimiento de operación 7.4, que aprobó cinco días antes de que el informe del Gobierno sobre el apagón urgiera a ponerlo en marcha, “incorpora la aplicación automática de penalizaciones económicas en caso de incumplimiento de las obligaciones, tanto por parte de la generación convencional conectada a la red de transporte como para las líneas de conexión”. Estas penalizaciones “se suman o sustituyen a las ya previstas”. 

Inspecciones extraordinarias

El decreto que sustituye al decreto antiapagones que tumbó el Congreso también prevé que Competencia realice un plan de inspección extraordinario sobre las capacidades de reposición de las instalaciones de generación, cuyos resultados también serán públicos y “que además habría de repetirse cada tres años”, destaca la CNMC. El Pleno del denominado ‘superregulador’ también tiene dudas al respecto.

Recuerda que ya está tramitando otro procedimiento de operación (el 7.6, sobre arranque autónomo de centrales) “en el que se recoge ya la obligación del Operador del Sistema de realizar pruebas de capacidad periódicas cada tres años e incluye un esquema de penalizaciones”. Esto, explica, permitirá supervisar “de forma fehaciente” y “con la oportuna participación” de REE, esta capacidad de los generadores, por lo que no sería necesario ese plan extraordinario. 

“Sin perjuicio de que el marco de penalizaciones pueda requerir ser ajustado en el futuro para mejorar o ampliar su efectividad, no resulta justificado prever de antemano una supervisión o una inspección por ejemplo del control de tensión o de la reposición más estricta que para otros ámbitos, como el cumplimiento de los servicios de balance o de las limitaciones de seguridad, que impidan una óptima asignación de los recursos de la CNMC”, dice el informe del Pleno.

La CNMC cuenta con una plantilla de unos 560 efectivos para supervisar el buen funcionamiento de la competencia y los sectores de Telecomunicaciones, Audiovisual, Energía, Transportes o Postal, en virtud del modelo (único en Europa) que el PP decidió implantar en 2013. El actual Gobierno ha intentado revertir ese modelo mediante la recuperación de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), mediante un proyecto de ley que lleva más de un año en el Congreso y no tiene visos de aprobarse.

El primer informe de la asociación de transportistas de electricidad ENTSO-E sobre el apagón ibérico, presentado el pasado viernes, reveló fallos de las compañías eléctricas en el control de tensión en España desde al menos las 9 de la mañana de aquella jornada, es decir, tres horas y media antes del incidente. Los incumplimientos en el control de tensión que deben prestar las generadoras ya fueron desvelados por los informes que presentaron en junio el Gobierno y REE. La novedad del de los expertos europeos estriba en ese amplio lapso temporal.

El informe de ENTSO-E recuerda que la regulación vigente del control de tensión en España es una normativa “de marzo de 2000”, cuando las renovables eran testimoniales. El documento indica que “el Panel de Expertos analizará más a fondo estos datos y examinará el comportamiento de la potencia reactiva observado en el pasado, así como las medidas adoptadas a raíz de estas observaciones”.

Hasta ahora, el único mecanismo efectivo para el control de tensión han sido las conocidas como “restricciones técnicas”. El retraso de la CNMC en aprobar el procedimiento 7.4 ha garantizado pagos multimillonarios a las eléctricas. El coste de las restricciones técnicas, que cobran sobre todo centrales de gas, batió solo hasta agosto un récord de 2.500 millones, pulverizando el anterior récord del conjunto de 2024. Hasta octubre, el coste de mecanismo, en el que está incluida la denominada “operación reforzada” tras el apagón, ya se acerca a los 3.000 millones.