Trump amenaza con usar la Ley de Insurrección para saltarse a los jueces y militarizar ciudades demócratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con utilizar la Ley de Insurrección para saltarse posibles bloqueos judiciales a eventuales despliegues de la Guardia Nacional. “Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos estuvieran bloqueando, o si los gobernadores o alcaldes nos estuvieran bloqueando”, afirmaba este lunes por la tarde después de un fin de semana caliente con el envío de militares a Portland (Oregón) y Chicago (Illinois), que fue acompañado de un intento de peineta administrativa al bloqueo dictado por una jueza federal.

La ley de Insurrección constituye un poder de emergencia que permite al presidente recurrir a soldados en activo y reservistas de la Guardia Nacional para restaurar el orden público en casos excepcionales. A pesar de que normalmente esta ley ha sido invocada después de que el gobernador de un estado solicitara ayuda al gobierno federal, también hay algunos puntos de la norma que permiten al presidente usarla incluso contra la voluntad del estado. La última vez que se vio un episodio así fue a finales de los cincuenta, durante el movimiento por los derechos civiles, cuando algunos estados del sur se resistieron a poner fin a la segregación escolar, tal como habían ordenado los tribunales.

No es la primera vez que Trump deja flotando en el aire la posibilidad de usar esta norma, ya es una idea que planteó durante las protestas contra las redadas de inmigración en Los Ángeles. La diferencia es que esta vez el presidente baraja la opción después de enviar unilateralmente más de 4000 agentes de la Guardia Nacional y 700 marines a la ciudad californiana, y luego de que este fin de semana intentara eludir descaradamente el bloqueo judicial a la militarización de Portland (Oregón). 

Después de que una jueza federal de Salem, la capital de Oregón, aceptara el recurso del gobierno estatal demócrata y suspendiera cautelarmente la militarización de Portland, Illinois hizo lo mismo el lunes. Aunque con distinto resultado: un juez federal declinó la petición de bloquear el envío de la Guardia Nacional ordenado por Trump y en contra de la voluntad del gobernador, JB Pritzker, quien ha calificado el hecho de “invasión inconstitucional”.

Desde que Trump militarizó Los Angeles y lo convirtió en un laboratorio sobre cómo ocupar otras ciudades demócratas, la administración ya ha desplegado la Guardia Nacional en otros cuatro bastiones azules: Memphis, Portland, Chicago y Washington. En la capital, la presencia de los soldados armados patrullando las calles ya está a punto de cumplir dos meses desde el pasado 11 de agosto en un ambiente donde Trump cada vez está normalizando más el uso de los militares para resolver problemas domésticos o incluso prácticamente inexistentes, como pasa en el distrito federal. 

Intento de eludir un bloqueo judicial

El sábado, la jueza Karin Immergut frenó el intento de Trump de movilizar 200 reservistas de Oregón para que fueran desplegados alrededor de los edificios federales de Portland. El domingo, en una decisión que era una tomadura de pelo a cara descubierta, el presidente daba un rodeo administrativo y ordenaba que los agentes de la Guardia Nacional que aún siguen bajo control federal fueran enviados a Portland. Immergut emitió una orden de emergencia para bloquear la nueva tentativa en una precipitada audiencia. 

“¿Cómo podría la llegada de la Guardia Nacional federalizada desde California no estar en directa contradicción con la orden de restricción temporal que emití ayer?”, arremetió la jueza al abogado de la administración. “¿Acaso los acusados no están simplemente eludiendo mi orden?”, añadió más tarde. La suspensión en principio durará dos semanas hasta que el tribunal dicte una sentencia definitiva. 

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, dijo que 101 guardias nacionales californianos habían llegado a su estado la noche del sábado y que más estaban en camino. A pesar de que las protestas afuera de los centros de detención de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) han sido mínimas y solo han concentrado a poco más de un par de docenas de personas, el presidente ha asegurado que la ciudad está “bajo asedio” de los activistas. El mandatario ha retratado Portland como una ciudad “devastada por la guerra” y ha señalado al movimiento antifascista -al que declaró organización terrorista- como el principal causante de la supuesta violencia. Portland es la cuna de uno de los principales grupos antifascistas en Estados Unidos, Rose City Antifa.

Con la maniobra, Trump mataba dos pájaros de un tiro: no solo se burlaba de la autoridad judicial, sino que le propinaba otro duro golpe al gobernador de California, Gavin Newsom. El demócrata ya protagonizó un cruento enfrentamiento con Trump cuando este envió la Guardia Nacional en contra de su voluntad. Algo que un tribunal de San Francisco concluyó a finales de verano que era ilegal. 

“Es un abuso tal de poder y de la ley que corta la respiración. La Administración Trump está atacando el propio Estado de Derecho sin ningún tipo de ambages”, denunciaba Newsom en un comunicado. 

A pesar del precedente judicial, este sábado Trump cumplía sus amenazas y ordenaba el envío de 300 soldados de la Guardia Nacional a Illinois, donde se encuentra Chicago. Horas antes, el gobernador del estado demócrata, J.B Pritzker, había denunciado que la administración de Trump le había exigido que movilizara él mismo la Guardia Nacional o si no lo haría el Pentágono. La legislación estadounidense establece que solo el gobernador de un estado puede movilizar a los reservistas, y que si el presidente quiere enviarlos necesita su permiso. Pero como se vio en California, al presidente estadounidense eso no parece importarle mucho. 

Igual que en Portland, la misión de los militares en la operación bautizada como Midway Blitz es custodiar los edificios federales y los efectivos de ICE, que lleva días realizando agresivas redadas contra la comunidad migrante. En un paralelismo con lo que pasó en Los Ángeles, el gobierno de Trump ha ido caldeando el ambiente con un masivo despliegue de agentes de inmigración que han sembrado el miedo en las calles de la ciudad. 

El sábado agentes federales del departamento de Seguridad Nacional abrieron fuego contra una conductora a quien acusaron de intentar chocar contra uno de sus vehículos de forma intencionada. Varios activistas que estaban en el lugar de los hechos, en cambio, denunciaban lo contrario: que los coches de ICE se lanzaron contra los vehículos civiles y abrieron fuego.