La Justicia interrogará como testigo a un exministro de Andorra en el caso de los diamantes de sangre de Sierra Leona

La Audiencia Nacional ha decidido ampliar su investigación sobre el tráfico de diamantes de sangre de Sierra Leona e indaga también en si el empresario español Manuel Terrén y su esposa blanquearon el dinero que ganaron durante años con ese negocio ilegal. Una nueva línea del caso apunta además a Andorra y el juez ha llamado a declarar como testigo a Jordi Cinca, antiguo ministro y portavoz del gobierno andorrano por sus vínculos societarios con Terrén y las empresas usadas para canalizar, supuestamente, el dinero salido de traficar con diamantes extraídos de las minas de Sierra Leona con mano de obra esclava.

El empresario Manuel Terrén fue detenido en el aeropuerto de Málaga en julio del año pasado y pasó varias semanas entre rejas. La Audiencia Nacional investiga si hizo fortuna traficando en Europa con diamantes extraídos en Sierra Leona hace tres décadas. Se trata de un negocio prohibido por la comunidad internacional: las joyas fueron conseguidas con mano de obra esclava en medio de las masacres del Frente Revolucionario Unido (FRU).

La acusación del caso –una de las víctimas representada por los abogados Hernán Garcés y Juan Garcés y apoyada por la ONG Civitas Maxima– pide desde hace meses que la causa se amplíe para que Terrén y su entorno sean investigados no solo por delitos cometidos en conflicto armado, sino también por blanqueo de capitales. Porque, según se desprende de un informe policial, el dinero de los diamantes de sangre se integró en una red de blanqueo de capitales que, supuestamente, hacía parada en Andorra.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Francisco de Jorge pone en marcha una batería de diligencias en esta nueva ramificación del caso: que Terrén, su esposa, su hermano y un empresario alavés declaren como investigados. Y abre la puerta a analizar en profundidad la pata andorrana de la causa: anuncia que tomará declaración como testigo a Jordi Cinca, antiguo ministro de Finanzas y portavoz del ejecutivo de Andorra y relacionado societariamente con Terrén cuando este, supuestamente, traficaba con diamantes prohibidos.

El juez también anuncia su intención de llamar a declarar a Marc Pantebre, empresario andorrano e integrante de su Cámara de Comercio y pide a la Policía Nacional que indague en diversas sociedades y empresas señaladas como posibles puntos clave del blanqueo del dinero salido del tráfico de diamantes de sangre, así como rastrear el dinero y las empresas relacionadas con Terrén y su pareja en España pero también en China.

El escrito de la acusación que ha originado esta ampliación de la investigación, presentado hace casi un año, se basa en un informe policial de la Comisaría General de Información (CGI) que dibuja el entramado empresarial de Terrén en la órbita del Grupo Orfund, directamente implicado en el tráfico de diamantes. La sociedad panameña offshore Mariette Holdings, que compró Cinca y que afloró en los ‘papeles de Panamá’ de Mossack Fonseca, constituiría el nexo entre el político andorrano y Terrén, a quien dio poderes sobre esa empresa.

El objetivo de esta compleja operativa para desvincularse de Orfund, según la acusación del caso, tenía un objetivo: “Mover y ocultar fondos generados a partir de la venta de diamantes de sangre de Sierra Leona, fondos que, de hacerse públicos, habrían comprometido su posición debido a su perfil político y profesional”. El juez, por el momento, ha entendido que debe declarar en todo caso como testigo cuando este último auto sea firme y ha dado un plazo a las partes para que planteen sus preguntas antes de emitir la comisión rogatoria con destino Andorra.

Transferencias de miles de euros

El informe de la Policía Nacional sobre el posible blanqueo de Terrén, recuerda la acusación en su escrito, detalla “ingresos sin justificar que superan los 55.000 euros en un periodo de veinte meses” entre 2021 y 2022. Y recoge también transferencias del empresario Pantebre a la esposa de Terrén por valor de 171.000 euros entre 2016 y 2022, algunas supuestamente dedicadas a una “ampliación de capital” de una empresa que ni siquiera está en España.

Los agentes también detectaron transferencias de un empresario alavés de la construcción, imputado además tras esta última resolución, y la conclusión que saca la acusación es que detrás de este trasiego de transferencias hay una operativa “para ingresar fondos de origen ilícito en el mercado español a través de cuentas de terceros, con el propósito de ocultar la procedencia real del dinero y a sus verdaderos beneficiarios”.

La acusación deduce que parte de estos fondos, que entran en España “mediante la interposición” de la esposa de Terrén, tiene su origen en “su participación en el tráfico de diamantes en Liberia”. La ausencia de una actividad laboral conocida en España, “sumada a los ingresos en sus cuentas desde terceros países como Andorra y Hong Kong, sin una justificación económica o comercial documentada”, dice, hacen sospechar que detrás hay una operativa de blanqueo de capitales.