El Gobierno murciano cede ante Vox y pone fecha de cierre para el centro de menores de Santa Cruz

El Gobierno de Murcia ya ha empezado a pagar a Vox los peajes por su apoyo a los presupuestos regionales. El cierre del centro de menores no acompañanos (mena) de la pedanía murciana de Santa Cruz era una de las exigencias estrella de la ultraderecha, y ya tiene fecha de cierre con la función que cumple en la actualidad. La semana que viene, los 47 menores que viven en estas instalaciones dejarán la que ha sido su casa hasta este momento para reubicarse en otros recursos, que la Comunidad no ha querido concretar. El centro, ha dicho la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, se reconvertirá en un espacio sociosanitario para atender a personas dependientes.

“La mayoría de los chicos ya lo saben, y están resignados, como los trabajadores”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia Alfonso Morillas, coordinador de uno de los hogares del centro Rosa Peñas de Santa Cruz. “Llevamos años trabajando aquí, siempre se nos ha felicitado y ahora deprisa y corriendo dicen que el modelo no funciona y que se quiere cambiar por otro más familiar”, se queja. Un argumento que asegura que es “falso” porque todos se van a mover en bloque a otro espacio por determinar: “Trabajadores y usuarios, todos vamos al mismo sitio; es todo una farsa para no faltar a su acuerdo con Vox, sus presupuestos de la vergüenza”.

El anuncio se ha hecho esperar. Vox había exigido que el cierre se produjera antes del inicio del curso 2025/2026. Junto al cerrojazo del centro de menores, la ultraderecha coló en su pacto con el Gobierno regional “su contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España en las comunidades autónomas”, así como la puesta en marcha de un “protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores y que incluirá pruebas médicas”.

El centro de menores Rosa Peñas de Santa Cruz abrió sus puertas en 2019. Y aunque desde el PP ponen el foco en que ahora “se busca un modelo de acogimiento más familiar y no en grandes centros”, en palabras de su portavoz, Joaquín Segado, lo cierto es que Vox se ha encargado en los últimos meses de vincular el discurso -sin pruebas- de la presunta falta de seguridad y la alta tasa de violencia entre la población migrante para argumentar su cierre.

La consejera de Política Social ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de poner en marca “un nuevo modelo de acogida para que los menores tutelados puedan convivir en un entorno lo más parecido a una familia, lo más parecido a un hogar y como marcan las autoridades europeas e incluso nacionales, como el Ministerio de Infancia”.

“No se ha velado por los menores”

Pero Morillas insiste en que no se ha velado por los derechos de los menores con esta decisión: “Los chicos están escolarizados o en centros de formación, pertenecen a organizaciones como los scouts o van a actividades extraescolares; a ver ahora cómo nos organizamos para llevarlos a sus centros educativos y que no haya tanto desarraigo, hay chicos que hasta pueden perder el trabajo”.

No es la primera vez que Vox condiciona un acuerdo con los populares al cierre de este centro. Fue en otros presupuestos, los de 2020, cuando los de Abascal pidieron que el Gobierno regional se comprometieran con la clausura de las instalaciones de Santa Cruz. Durante esas fechas la consejera de Asuntos Sociales y vicepresidenta del Gobierno de Murcia, Isabel Franco (Ciudadanos), definió a este periódico el Rosa Peñas como un centro “modélico” con capacidad para 72 menores: “El acuerdo se cumplirá pero cuando haya otro centro como el que tenemos ahora; no vamos a permitir que retrocedan los niños en derechos”, aseguraba entonces.

El cierre nunca tuvo lugar. En 2022, Franco prorrogó el concierto social con la fundación Antonio Moreno para financiar las plazas de varios centros de protección, entre ellos el Rosa Peñas, hasta el año 2025. El acuerdo expiraba este pasado mes de septiembre.

“Tenemos bastante incertidumbre sobre qué puede pasar con los cuarenta trabajadores del centro a partir de ahora”, adelanta Alfonso Morillas al tiempo que explica que desde hace años “estamos con plazas de urgencia, lo que significa que si desciende el número de menores también desciende el número de empleados”.