La Complutense se persona como perjudicada contra Begoña Gómez sin que se haya acreditado el daño patrimonial a la universidad

La Universidad Complutense actuará finalmente como perjudicada en la causa abierta contra Begoña Gómez. La institución responde al ofrecimiento realizado por el juez Juan Carlos Peinado y acepta personarse “para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño”, según un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. La Complutense justifica su decisión en que los hechos objeto de investigación “pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos” para sus intereses. 

La universidad había pedido en dos ocasiones al juez que le permitiera actuar como acusación si detectaba que hubo un “perjuicio económico”. Ha pasado más de un año desde esa primera petición y ese daño patrimonial no se ha constatado, pero el juez les ha dado la posibilidad de personarse, como finalmente ha ocurrido. 

El magistrado se apoyó en una querella de la asociación ultra HazteOír para abrir un nuevo frente contra la mujer del presidente del Gobierno en relación con una herramienta informática vinculada a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. La tesis de las acusaciones es que Begoña Gómez robó ese software que era propiedad del centro educativo, si bien hasta el momento no se han reunido pruebas que la sustenten.  

En un escrito reciente, el fiscal del caso reiteró que no hubo ningún ánimo de lucro por parte de Begoña Gómez porque era un programa que ni se ofrece en el mercado ni reporta ganancias. El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros) y Google (110.000 euros).

El juez Peinado formó parte del cuerpo docente de la docente de la Complutense, donde impartió clases en el Grado de Criminología. Según informó la Cadena Ser, cerca de medio centenar de alumnos elevaron una denuncia interna contra él en la que reclamaron que se le retirara de la docencia por supuestos comentarios islamófobos y poner trabas a una persona con discapacidad.