La exjefa jurídica de Glovo señala a Óscar Pierre como responsable de mantener los falsos autónomos

“Todo venía del CEO”. Así se ha expresado ante el juez la exjefa legal de Glovo. Según han explicado fuentes jurídicas, la antigua directora jurídica de la compañía ha indicado que las decisiones sobre los falsos autónomos las tomaba su fundador y consejero delegado, Óscar Pierre, y que ella se limitaba a ejecutarlas.

Ante el juzgado de instrucción 31 de Barcelona ha declarado este miércoles como testigo la exjefa legal de Glovo en la causa abierta por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Pierre por incumplir, según la Fiscalía y la acusación que ejerce el sindicato CGT, las sentencias que obligaban a la compañía a contratar como empleados a los repartidores y terminar con el modelo de falsos autónomos.

La exresponsable legal de la firma, que según fuentes jurídicas ha explicado que no es experta en derecho laboral, ha indicado que las decisiones sobre los sucesivos modelos laborales de falsos autónomos que ha implantado Glovo (solo el pasado mes de diciembre, tras su imputación, Pierre anunció que regularizaría a los repartidores) provenían de Pierre.

Sin embargo, han añadido las mismas fuentes, la jurista no ha detallado ningún correo electrónico o elemento objetivo para corroborarlo. Cuando alguna de las partes ha insistido para saber cómo actuó concretamente la compañía respecto a los repartidores que han comparecido como testigos y que contaban con sentencias firmes que obligaban a Glovo a contratarles, la exjefa jurídica ha expresado consideraciones generales sobre los cambios de modelo laboral tras las sentencias del Supremo.

Según han indicado fuentes jurídicas, la exdirectiva ha explicado que después de la sentencia del Supremo de 2020 que obligaba a que los riders fueran contratados como empleados, se produjo un “apagón” de la antigua plataforma con la que Glovo se relacionaba con los repartidores. Y fue decisión de Pierre, ha agregado, el lanzamiento de la nueva plataforma y del nuevo modelo laboral, que las acusaciones cuestionan que se ajustara a la sentencia del Supremo y que solo sirvió, a su juicio, para mantener los falsos autónomos.

El caso en el que está investigado Pierre llega así a un momento determinante de la instrucción tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a Glovo en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó a principios de septiembre una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de ‘riders’ autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

Tras declarar todos los testigos del caso y Pierre como investigada, una acusación popular de un colectivo de ‘riders’ ha pedido que el caso pase a la Audiencia Nacional, si bien el juez todavía no se ha pronunciado.

Tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que se investiga al fundador de la empresa.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de ‘riders’ anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.