Extremadura deroga su ley de Memoria Histórica, el último pago del PP de Guardiola a Vox
El PSOE pide al Gobierno que recurra al Constitucional la ley de Concordia extremeña como ha hecho con las de otras comunidades
La ley de Concordia de PP y Vox en Extremadura: borrado de la dictadura, de las víctimas LGTBI y de la financiación
PP y Vox han derogado la ley de Memoria Histórica en Extremadura y han aprobado la denominada ley de Concordia. Es el último pago pendiente que, por ahora, tenía el Gobierno de María Guardiola con su exsocios de la extrema derecha, que a cambio ofrecieron el apoyo de sus cinco diputados para aprobar una rebaja fiscal tras no ser capaz de-sacar adelante los presupuestos de 2025 y tener que prorrogar los del año anterior.
Las derechas han rechazado todas las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas por Extremadura, y han seguido adelante con su norma después escuchar a una treintena de expertos en la comisión de la Asamblea y a pesar de los recursos presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional contra leyes similares en otras regiones. De hecho, el secretario regional de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que pedirán al Gobierno que la recurra: “No permitiremos que se entierre de nuevo a las víctimas del franquismo y se humille a sus familiares”, ha afirmado.
La norma recién aprobada amplía el marco temporal, respecto a la de Memoria Histórica, desde 1931 hasta la actualidad e incluye a las víctimas del terrorismo, a pesar de que Extremadura cuenta con una ley específica para ello. Además, la oposición ha denunciado que la ley de Concordia “equipara a las víctimas con sus verdugos”, en ninguna parte del texto se alude a la dictadura franquista e impone trabas a las exhumaciones, que, no obstante, PP y Vox las han “garantizado”.
Además, la enseñanza de la memoria histórica sale de las aulas y las asociaciones de familiares pierden su representación, puesto que no habrá un registro y no formarán parte de la comisión técnica de concordia que se va a crear. Tampoco se perseguirá la apología del franquismo y se elimina la obligación de retirar los símbolos que exalten la sublevación militar o a personas.
Aunque el texto aprobado fue consensuado por PP y Vox, los diputados de María Guardiola han intentado a última hora corregir con enmiendas aspectos relativos a la igualdad tras una advertencia de la Junta. Y es que la ley de Concordia elimina la persecución o violencia por razones de género, identidad u orientación sexual. De hecho, en una disposición adicional de la ley que el PSOE y Podemos aprobaron en 2019 se incluye la perspectiva de género para dar visibilidad y conocimiento a la violencia específica ejercida contra las mujeres dentro del ámbito de la memoria democrática.
La extrema derecha ha afeado al PP que presentara enmiendas sin consensuar y ha rechazado las relativas a las mujeres y las víctimas LGTBI de la dictadura franquista. No obstante, en la comisión dio el visto bueno a una corrección en la exposición de motivos y a una enmienda para agilizar expedientes de exhumación.
Ha querido la casualidad que la ley extremeña de Memoria Histórica desparezca el mismo día que se ha conocido la aparición de restos humanos en la mina La Paloma de Zarza La Mayor (Cáceres), donde la Diputación y la Universidad de Extremadura llevan tres años buscando restos de víctimas del franquismo. Los restos, que confirman que se trata de una fosa de la represión, han sido localizados a 36 metros de profundidad bajo 300 toneladas de piedra.
El mercadeo con la memoria histórica
La supresión de la ley de Memoria Histórica fue uno de los puntos incluidos en el pacto de PP y Vox en Extremadura para la investidura de Guardiola. Sin embargo, era un asunto que la presidenta había intentado retrasar conocedora del rechazo social de esa medida en una comunidad donde se estima que desaparecieron 14.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo. Por eso, cuando ese acuerdo saltó por los aires en el verano de 2024, Guardiola aseguró que la derogación de la ley no estaba sobre la mesa porque no era una “prioridad”.
Su Ejecutivo tuvo que salir incluso a calmar a las asociaciones memorialistas que protagonizaron varias protestas y hace un año, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Montaña, aseguró en la Asamblea que la intención de la Junta era “evitar debates que reabran heridas”.
Sin embargo, con unos presupuestos autonómicos que no logró aprobar para 2025 (están prorrogados los de 2024) y una rebaja fiscal para el acceso a la vivienda, que incluía caza gratis y bonificaciones para los cotos, el PP volvió a buscar el apoyo de Vox, que puso como condición acabar, como en otras comunidades autónomas, con la Memoria Histórica.
