Andalucía deriva más de 300.000 mamografías a la privada «por falta de medios» pese a que Moreno lo niega

El Gobierno andaluz ha acudido este jueves a la sesión de control en el Parlamento sin la consejera de Salud, Rocío Hernández, que había presentado su dimisión horas antes achicharrada por el escándalo de los diagnósticos tardíos de cáncer de mama.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha ido al duelo con sus rivales políticos pertrechado con documentación sanitaria, sobre todo, para rebatir la principal acusación de las izquierdas, a saber, que la crisis de los cribados de cáncer es “un síntoma del colapso” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y un ejemplo de un modelo de gestión que tiende a “privatizar servicios esenciales”.

“Ya me canso de tanta mentira en estos plenos. Estoy cansado de su cantinela, de ese mantra, porque es un mantra. Usted está diciendo todo el día que estamos privatizando la sanidad. Y eso es categóricamente falso. ¿Usted sabe cuántas mamografías hemos derivado a la sanidad privada? ¿Esas cientos de miles que usted dice…? Se lo voy a decir yo, que usted no lo sabe: Cero. Cero, cero, cero”, ha respondido, visiblemente alterado, al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Pero los datos del presidente no son correctos, como demuestra el registro del portal de licitaciones de la Consejería de Salud. La Junta de Andalucía tiene contratada a una clínica privada –Centro de Diagnóstico Granada S.A.– la realización de 311.000 mamografías durante un periodo de cuatro años por un presupuesto total de 5,4 millones de euros hasta enero de 2026, prorrogable un año más con una ampliación de gasto de 1,7 millones.

Se trata del “expediente de contratación administrativa para el servicio de asistencia sanitaria a ciudadanas andaluzas (…) para la detección precoz del cáncer de mama mediante mamografía en unidades móviles de diagnóstico homologadas”.

El objeto de ese contrato es la “prestación de servicios de asistencia sanitaria a andaluzas” para la “detección precoz del cáncer de mama mediante mamografía”. Según la memoria del contrato, la empresa adjudicataria debe realizar la exploración mamográfica, obtener las imágenes diagnósticas y enviarlas al lugar designado para que los facultativos del SAS las evalúen. Es decir, “todas las actuaciones necesarias desde que las usuarias del SAS reciben la cita del Distrito/Área Sanitario/a de referencia para ser exploradas, hasta que el resultado de las pruebas es trasladado a los PACs Corporativos”.

El presidente andaluz ha negado en sede parlamentaria tres veces, y con rotundidad, que hubiera derivaciones de cribados de cáncer a la sanidad privada, algo que ha desatado la algarabía de toda la oposición. Tras el cese de la consejera de Salud, Moreno se ha colocado en el epicentro del escándalo de los cribados de cáncer de mama.

Desde el principio, la Junta ha situado el “error” dentro del protocolo de detección precoz, pero una semana después siguen sin identificar el origen. Las afectadas y los sindicatos médicos, en cambio, sostienen que la falta de radiólogos y de recursos propios, que llevaban dos años denunciando públicamente, es clave para entender por qué 2.000 mujeres se enteraron con meses y años de retraso de que su cribado había arrojado un pronostico sospechoso.

“Inexistencia de medios propios suficientes”

Sin embargo, hace cuatro años que el Gobierno de Moreno había empezado a derivar mamografías a la sanidad privada, alegando que carecía de “medios” suficientes en la pública, precisamente, para cumplir los plazos de respuesta del programa de cribado de cáncer. Esos plazos que se han incumplido para las 2.000 mujeres, a las que el SAS está llamando ahora una a una para hacerles una prueba de contraste.

La memoria justificativa del contrato de 300.000 mamografías con una clínica privada reza así: “Se hace constar, expresamente, la inexistencia de medios propios suficientes en los Centros adscritos al SAS para prestar el servicio cuya contratación se propone, debiendo acudir consecuentemente al mercado para satisfacer la necesidad a cubrir, con el fin de poder cumplir la normativa sobre tiempos de respuesta en la atención sanitaria y, concretamente, en los que se refieren al cribado de cáncer de mama”.

Casi 80.000 mamografías al año en la privada

Este servicio, ahora en el epicentro de la polémica por el escándalo de los diagnósticos tardíos, ya lo realiza la sanidad pública. El SAS envía cada año medio millón de cartas a mujeres de 49 a 71 años para realizarles un cribado de cáncer de mama, y el 80% -una 485.000- participa en el programa. La detección precoz de esta enfermedad, con una tasa de mortalidad del 15,5% en Andalucía, permitió salvar casi 1.800 vidas en lo que va de año, gracias a un diagnóstico temprano.

La crisis de los cribados que ha zamarreado al Gobierno de Moreno en plena precampaña electoral no cuestiona la efectividad de estas pruebas, sino la gestión y los recursos empleados. El presidente andaluz suele armarse con la documentación que le aportan los consejeros de cada ramo para rebatir las preguntas y acusaciones que le lanza la oposición en la sesión de control.

Este jueves aseguró en sede parlamentaria, con vehemencia, que la Junta no deriva mamografías a la privada, pero el SAS tiene firmado con una empresa un contrato en vigor desde 2021 hasta final de este año, prorrogable hasta finales de 2026, y con un “presupuesto estimado” de más de ocho millones de euros. Cuando se adjudica este expediente, el consejero andaluz era Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento, y al que la oposición acusa de llevar “dos años vetando un debate monográfico sobre el deterioro de la sanidad andaluza”.

elDiario.es ha preguntado al equipo de comunicación del SAS por este contrato para derivar mamografías a la privada, aún en vigor, y por qué el presidente de la Junta ha negado categorícamente que dicha prestación sanitaria esté externalizada, pero desde el Gobierno andaluz han rehusado responder. Hace 15 días, justo antes de que estallara el escándalo de los cribados, Moreno también aseguró en el Parlamento que “en Andalucía lista de espera de cáncer no hay”.

Seis unidades móviles y 12 radiólogos

La Consejería de Salud realiza la gran mayoría de las mamografías en sus hospitales públicos, pero deriva más de 300.000 a un laboratorio privado de Granada que opera en todo el territorio con seis unidades móviles que transportan a su personal. Este servicio privatizado de mamografías lo prestan al menos 12 técnicos radiólogos, según la oferta que presentó la adjudicataria.

En su página web, el Centro Diagnóstico Granada informa de que realizó 70.000 mamografías el año pasado y que, de media, realiza 600 al día. Las 311.000 mamografías contratadas suponen una media de 77.000 anuales, es decir, un 20% del total que contabiliza el SAS al año.

La Consejería de Salud también tiene contratadas otras unidades móviles, en las que trabaja su personal para realizar mamografías en zonas rurales de difícil cobertura, que luego analizan sus propios radiólogos, explican fuentes del departamento. “Está externalizado el transporte porque hay zonas más apartadas a las que no llegamos, y para que ellas no tengan que desplazarse”, explica una fuente del SAS.

Sin embargo, la cobertura del contrato privado de la Junta con el Centro Diagnóstico Granada S.A. para la prestación de la detección precoz del cáncer de mama llega a zonas muy urbanizadas, donde ya hay hospitales públicos y privados, como Sevilla capital o la Costa del Sol. La memoria del contrato señala que los centros vinculados al contrato son “potencialmente, todos los que conforman la Atención Primaria Pública de Andalucía”. Es decir, cubre todo el territorio.

Modificación presupuestaria al alza en 2023

El expediente original del contrato, al que ha tenido acceso este periódico, se inició en el año 2020, pero no se adjudica hasta diciembre de 2021, y se formaliza en 2022. Es una época marcada por la pandemia de Covid-19, que contó con un marco legal excepcional aprobado por el Gobierno para permitir a las comunidades agilizar las contrataciones sanitarias más urgentes.

La Junta de Andalucía se sirvió de esta norma, derogada en mayo de 2021, para firmar contratos de emergencia (a dedo) con clínicas privadas hasta 2024 (un asunto que reveló elDiario.es y que hoy investiga la Justicia, con los tres últimos gerentes del SAS imputados por prevaricación).

Sin embargo, el contrato para derivar mamografías a la sanidad privada fue una licitación “ordinaria”, a la que se presentaron dos empresas, y de la que finalmente fue adjudicataria el Centro Diagnóstico Granada S.A. El precio inicial es de 4,5 millones para derivar 260.000 mamografías en cuatro años -a un precio de 17,61 euros cada una-, pero la Junta autorizó a posteriori una modificación de gasto al alza en 2023 por 910.000 euros (el máximo permitido) para realizar 51.000 cribados más.

La justificación de este incremento presupuestario, según la memoria del contrato, es doble: en primer lugar, la ampliación de la franja de edad de la población diana (de 50 a 69 años en la fecha del contrato original) a edades comprendidas entre los 45 a 74 años. Esta es una promesa electoral de Moreno que se está materializando con cuentagotas. A ocho meses, como máximo, de las elecciones autonómicas y a tres para la expiración del contrato que reproduce dicha promesa, el cribado aún cubre a una población diana de mujeres entre 49 y 71 años, el rango ya establecido.

La segunda justificación de la modificación es la “inclusión de las poblaciones de mujeres incluidas en el programa” de Carmona (Sevilla), el área de Campo de Gibraltar Este, Sevilla capital, el área Costa del Sol y Peñarroya (Córdoba), donde se había detectado insuficiencia de mamógrafos propios del SAS. Estas zonas no encajan con las llamadas “de difícil cobertura”, pequeñas localidades rurales más separadas de los núcleos poblacionales, donde la Consejería de Salud usa otras unidades móviles con su propio personal.

Moreno se ha enfrentado este jueves a la sesión de control más difícil desde que gobierna. Un día antes había anunciado el cese de su consejera de Salud, apenas un año después de su nombramiento, por los “errores” en el protocolo de detección precoz del cáncer de mama, que dejó a unas 2.000 mujeres sin información durante meses y años de que sus pruebas fueron “dudosas”, es decir, de que tenían un 2% de probabilidad de tener un tumor maligno.

Miles de mujeres se manifestaron a las puertas del SAS el jueves, casi a la vez que el presidente anunciaba la renuncia de su consejera, clamando la dimisión del propio Moreno, en la imagen más representativa de conflictividad social desde que el PP gobierna Andalucía, hace siete años.