La Justicia impone otra pena económica a Alfredo de Miguel por su condena de corrupción: 5.700 euros en costas

La Justicia continúa haciendo efectiva la ejecución de la pena a los implicados en la trama de corrupción del ‘caso De Miguel’, la mayor causa de corrupción conocida en Euskadi y que, después de lustros de investigación, quedó cerrada con una sentencia firme del Tribunal Supremo en 2023. Así, el líder de la trama de cobro de comisiones ilegales, Alfredo de Miguel, ex ‘número dos’ del PNV de Álava hasta su detención por este caso, tendrá que abonar otros 5.706,50 euros, por ejemplo.

Son las denominadas “costas”. En las últimas semanas, la Audiencia Provincial de Álava, encargada de controlar esta fase del proceso, ha puesto números al abono de este concepto, que suma a las otras medidas de tipo económico como las multas o las responsabilidades civiles y, desde luego, a las penas privativas de libertad e inhabilitaciones. El total ronda los 35.000 euros.

La parte más alta corresponde a De Miguel, pero los también exdirigentes del Araba Buru Batzar Aitor Tellería y Koldo Ochandiano han recibido, igualmente, minutas de 2.663 y 3.423,90 euros, respectivamente, según indican fuentes judiciales. El exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, de su lado, tendrá que abonar 1.902,20 euros. De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles fueron, de la docena de condenados, los únicos que ingresaron en la cárcel, aunque pasados menos de dos años ya han logrado un régimen atenuado con salidas diarias y pernocta en prisión.

Según explican las fuentes consultadas, las costas ya no se utilizan para que los condenados cubran el coste del procedimiento, que en este caso ha durado más de una década y ha implicado incluso la reforma de una sala de vistas de la Audiencia Provincial para dar cabida a todos los procesados en su día, más de una veintena. Se emplean para resarcir el coste que ha supuesto el proceso para las acusaciones no públicas. La liquidación, en este caso, menciona expresamente que atienden a los gastos en que ha incurrido el “Gobierno vasco”. Esta institución estuvo personada principalmente por los contratos irregulares que Sánchez Robles facilitó a la trama de empresas controladas por De Miguel para procurarles financiación ilícita.