¿Cómo se repara algo que te cuesta la salud? 2.000 mujeres andaluzas se lo preguntan

¿Cómo se repara algo que te cuesta la salud? ¿Una dimisión puede reparar a 2.000 mujeres que, haciendo lo que debían, sufrieron las consecuencias de un sistema público que les ha fallado?

Tras una semana de tira y afloja, el presidente de la Junta de Andalucía ha cesado a la consejera de salud, Rocío Hernández, mientras siguen emergiendo historias de pacientes que nunca supieron de los resultados de sus cribados, algunos de ellos con anomalías que terminaron derivando en diagnósticos de cáncer no tratados a tiempo por esta supuesta negligencia ya en manos de la justicia.

Juanma Moreno anunció la dimisión el mismo día que miles de personas zarandearon la gestión del Gobierno andaluz en una multitudinaria protesta en la calle. “No se entiende que hayan sido las afectadas las que hayan tenido que avisar del problema. No hay excusa”, respondió el presidente en un intento de sofocar la crisis. Se refería a la denuncia de la asociación Amama, que dio la primera voz de alarma y que recibe a diario llamadas y llamadas de mujeres en situaciones parecidas. 

En todas las crisis políticas terminan aflorando argumentos inverosímiles de los dirigentes. En este caso era difícil ver por dónde agarrar el argumentario ante tales consecuencias. Pero se hizo: Juanma Moreno se llevó tres protocolos impresos al Parlamento para tratar de justificar que no era para tanto que las pacientes no conocieran el resultado meses o años después del cribado: al menos no les generaba “ansiedad”. Un disparate que, como contamos en este artículo, no está contemplado en ninguna guía.

La Junta mantiene que desconoce qué errores condujeron a esta situación pero ha anunciado que va a modificar el protocolo para que, a partir de ahora, sea “obligatorio” que los médicos informen a las pacientes con “lesión no concluyente” en el cribado de cáncer. El grueso de los protocolos establecen que siempre hay que informar del resultado, sea cual sea. 

Aunque muchas de estas pruebas dudosas terminan quedando en sustos –con que una sola no lo fuera ya es un escándalo–, la crisis de las mamografías desvela un descontrol en el funcionamiento del sistema público que enfada y asusta a partes iguales.

El escándalo ha tocado en un programa bandera de la sanidad pública: el cribado más antiguo y consolidado para detectar cáncer de mama tempranamente. Un salvavidas convertido en agujero para muchas mujeres y que lanza un mensaje de inseguridad e incertidumbre a otras muchas. ¿Fue la sobrecarga de la sanidad pública? ¿Fue consecuencia de dejarlo en manos privadas?

Varias administraciones sanitarias firman contratos para externalizar las pruebas. A veces se da marcha atrás, como en el caso de Madrid que, tras algunos problemas, dejaron de contratar con Analiza S.L, Centro Médico Maestranza S.A o Magnetosur S.L en 2023. El cribado pasó entonces a ser asumido por la sanidad pública. En Andalucía, el Gobierno tiene en marcha un contrato para realizar 300.000 mamografías durante un periodo de cuatro años hasta enero de 2026, pese a que el presidente andaluz dijo esta semana que no había derivado ninguna a la sanidad privada. 

De momento, la Junta se ha dado hasta finales de noviembre para realizar a todas las mujeres afectadas las pruebas de confirmación necesarias para determinar si aquella sospecha es cáncer o no. Y el Ministerio de Sanidad ha empezado a pedir más datos a las comunidades sobre cómo funcionan sus programas. No solo de mama, sino también de colon y cérvix. 

Mientras estabas a otras cosas…

La ficción de las “listas negras” de médicos objetores

Esta semana ha continuado la ofensiva del PP de Madrid contra el aborto. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado un nuevo frente contra el Gobierno: asegura que no cumplirá la ley porque “nunca, nunca” hará una “lista negra” de médicos objetores. 

Las alusiones a una supuesta “lista negra” son pura ficción. El protocolo que acordó el Ministerio de Sanidad con las comunidades (incluida, por cierto, Madrid) establece que el registro no será público sino de acceso reservado únicamente para organizar los servicios de los hospitales públicos y garantizar el derecho al aborto. Quienes decidan declararse objetores, además, no tendrán que explicar el motivo. 

Hablando con ginecólogos y ginecólogas, la previsión es que no haya tantos objetores. Ponerlo en un papel, dicen, es “otra cosa”. Con el registro, además de acabar con la objeción en bloque –asumida pero no reflejada oficialmente– de hospitales completos para evitar asumir esta prestación, parece que también se pondrá límites al viejo truco de quienes no hacen esta intervención en la pública pero sí en la privada para sacar un dinero extra.  

Con esto cerramos una semana bien cargada. 

Un abrazo, 

Sofía