56 familias viven angustiadas porque desconocen quién será su casero: «Tengo esclerosis y este estrés no me hace bien»

Este 6 de octubre debía cumplirse el plazo establecido para la subasta pública que pondría en venta los 56 pisos del edificio situado en la Avenida Virgen del Toro, en el municipio de Alaior, en pleno centro de Menorca, que saldría a la venta tras la quiebra de la promotora que construyó el inmueble. Sin embargo, el juzgado número 3 de Maó ha decidido suspender la subasta debido a “deficiencias físicas y jurídicas” en el procedimiento, según ha informado el tribunal. Consultado por elDiario.es, el personal del juzgado no ha precisado qué deficiencias son ni cuándo se reiniciará el proceso de subasta. 

Desde fuera, el edificio parece simplemente otro bloque más en una apacible y tranquila localidad menorquina, pero detrás de cada puerta y cada escalera hay una familia en vilo desde que, en 2019, la promotora del edificio, Mussola y Bitácora Asociados, entrara en quiebra dejando una deuda de casi 12,3 millones de euros –según ha reclamado en la ejecución hipotecaria la SAREB–. Seis años después de la quiebra de la empresa, el juzgado dictó una sentencia el pasado 7 de marzo en la que niega a los inquilinos el derecho a permanecer en los pisos después de la subasta del inmueble, a pesar de que todos ellos cuentan con contratos de arrendamiento y están, según sus propias palabras, “religiosamente al día en el pago”. “El juzgado dice que los contratos no son válidos”, denunciaron los afectados en un reportaje publicado en elDiario.es poco después de la salida del aquel fallo judicial que los dejaría en vilo. Ahora, tras la suspensión de la subasta, deberán prolongar sine die la espera para conocer quién será el nuevo propietario del inmueble. Alguien que podría –o no– expulsarlos de sus hogares.

Itxaso vive en la planta baja desde 2023. Llegó al piso ilusionada con la idea de tener, por fin, un alquiler en Menorca que le permitiera “algo de paz en sus años de jubilación”, según cuenta. “Ahora me encuentro en esta situación y no dejo de preguntarme: si Mussola y Asociados entró en quiebra en 2019, ¿por qué Balearic me alquiló el piso, si sabía que la promotora ya había quebrado? Eso es simplemente obrar de mala fe”, se pregunta. La afectada señala el rol de la empresa inmobiliaria Balearic Consulting International, designada por la extinta promotora como intermediaria y responsable de cobrar los alquileres de los arrendatarios. La empresa, según consta en el fallo del juzgado, tiene –desde antes de la quiebra de la promotora– potestad para subarrendar los pisos. La pregunta de Itxaso es la misma que se hacen todos los vecinos que, como ella, llevan pocos años en el bloque. A pesar de los intentos de este medio por contactar con la extinta Bitácora y Mussola, así como con Balearic Consulting, ninguna de las empresas ha querido hacer declaraciones.

Hay otros vecinos que llevan más tiempo en el edificio, aunque también sospechan de la mala fe de promotores e inmobiliarias. Uno de ellos es Max. Lleva cinco años alquilando un primer piso con balcón, e insiste en que, como Itxaso, él también estaba “feliz al haber encontrado un sitio en Menorca con contrato asequible y por varios años”. Una felicidad que, al cobrar una pensión de autónomo le daba “algo de tranquilidad” para su economía digna –pero frágil– de jubilado. Fanny, su vecina, cuenta en diálogo con elDiario.es que ella también se alegró cuando encontró, hace varios años, el piso que ahora no sabe cuánto tiempo podrá habitar. “En su momento firmé por diez años. Ahora llevo un año buscando casa y no encuentro nada que baje de los 1.000 o 1.000 euros”, lamenta. También sostiene que es “imposible encontrar piso porque en esta isla las posibilidades de trabajar todo el año son escasas y súper precarias”. 

Desde marzo de este año la fachada del edificio luce carteles y pancartas que reclaman que se respete el derecho de los vecinos a permanecer en el inmueble

La SAREB o la espada de Damocles

Una posibilidad remota, pero plausible, y no exenta de los rigores de la burocracia, es que sea SAREB quien adquiera finalmente el inmueble. Algo que permitiría que la mayoría de vecinos pudieran permanecer en sus casas y cuya intención fuentes del organismo han confirmado a este medio. De ganar la puja en la subasta –que por ahora se halla suspendida–, el “banco malo” podría acceder a la propiedad del edificio y estudiarán, “caso por caso”, los contratos de los inquilinos. A pesar de esta posibilidad, pende sobre las cabezas de los habitantes de la Avenida Virgen del Toro el fallo del juzgado número 3 de Maó, cuyo fundamento emana de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2020, según la cual “los contratos de alquiler de vivienda que no se hayan inscrito en el registro de la propiedad y cuyo inmueble se encuentre bajo ejecución hipotecaria serán extinguidos, sea quien sea el adjudicatario”.

Por su parte, los vecinos alegan que esta interpretación omite “varias sentencias del Tribunal Constitucional, según las cuales este procedimiento no puede habilitar un desalojo, ya que se trata de una pieza separada de la ley de ejecución hipotecaria”. Sea como fuere, y más allá de las interpretaciones legales, desde SAREB sostienen que hay una condición para que los inquilinos –algunos de los cuales llevan casi una década viviendo en sus domicilios– puedan seguir habitando el inmueble. Esa condición es que acrediten su “vulnerabilidad o riesgo de exclusión”, para lo cual deben presentar lo que algunos en el edificio ya nombran como “certificados de pobreza”.

“Aquí la vulnerabilidad está más que acreditada por el simple hecho de que, si no vivo en este piso, me voy a la calle. Y, como yo, casi todos los vecinos”, explica Eva, quien lleva cinco años en el edificio. Por su parte, Rosa se pregunta con qué vara se mide la vulnerabilidad de alguien que, como ella, tuvo por primera vez un hogar para sí en este edificio después de pasar años de violencia intrafamiliar. “Este ha sido un lugar donde encontré por primera vez algo de independencia y autonomía tras vivir con una persona que, incluso, fue condenada por malos tratos. Además, tengo el 33% de discapacidad y estoy enferma de esclerosis múltiple. Todo este estrés de no saber si voy a poder seguir viviendo aquí no me hace bien, estoy ansiosa desde hace meses”, concluye, mientras se pregunta por qué el Ayuntamiento de Alaior aún no ha instrumentado los protocolos necesarios para certificar lo evidente: que los vecinos de Verge del Toro se encuentran en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social. Algunos por motivos de salud, otros por motivos económicos, otros por circunstancias sociales. Todos por una realidad concreta: si no siguen en sus casas, se van a la calle.

Los vecinos reclaman a la SAREB que adquiera el inmueble tras la quiebra de la empresa promotora

El Ayuntamiento o esperando a Godot

Tras una reciente reunión mantenida con los vecinos, el alcalde de Alaior, Josep Lluís Benejam (PP), ha declarado que “en caso de que la SAREB adquiera el inmueble” los gestores del llamado banco malo “visitarán las viviendas del edificio para conocer de primera mano la situación de los residentes”. Según ha señalado el edil, los inspectores recabarán información “caso por caso” para analizar el entorno social y económico de cada bloque de pisos, para lo cual ha solicitado a los vecinos “su colaboración en el proceso”. “Que proporcionen sus datos y den acceso a las viviendas para que la SAREB pueda evaluar correctamente las situaciones particulares”, ha dicho. Los vecinos, por su parte, sospechan que se trata de una maniobra política: “Quiere adjudicarse una gestión que no le corresponde. Si ha habido algún diálogo con la SAREB ha sido exclusivamente por la presión de los vecinos organizados que, insisto, tenemos claro que de aquí no nos saca nadie”.

Tras conocerse la suspensión de la subasta, elDiario.es ha contactado con fuentes del Ayuntamiento: “No podemos aportar nada hasta que se resuelvan las deficiencias de la subasta. Estamos a la espera de que vuelva a ponerse en marcha y de recibir noticias por parte del juzgado, pero, por el momento, no podemos añadir mucho más. Mantenemos un contacto permanente con los vecinos, con la SAREB, con el Ministerio de Vivienda y con la Dirección Insular de la Administración General del Estado”.

En el terreno local, el caso de Verge del Toro ha suscitado el respaldo y la solidaridad de un amplio abanico de organizaciones sociales, vecinales y políticas. El diputado autonómico del PSOE por Menorca, Marc Pons, exigió al Govern durante su última comparecencia en el Parlament la necesidad de modificar el reglamento del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), controlado por el Govern, para que el organismo pueda ejercer derecho a tanteo y retracto cuando exista riesgo de exclusión social acreditado para inquilinos a punto de ser desalojados. En ese sentido se pronuncia Rosa en diálogo con elDiario.es: “Sabemos que, por ejemplo, en Eivissa, el IBAVI ha intervenido para destinar parte del parque de vivienda pública para policías y guardias civiles. Nosotros aquí pagamos todos los meses nuestro alquiler, deberían tenernos la misma consideración, ¿o no?”.

El asunto del edificio de Verge del Toro ha escalado políticamente hasta el Congreso de los Diputados, donde la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha hecho eco de las demandas de los vecinos. “Más de la mitad de las familias que residen en Verge del Toro se encuentran en situación de vulnerabilidad. Resulta imprescindible que las administraciones públicas implementen las medidas necesarias para asegurar que las familias residentes no se vean obligadas a abandonar sus hogares”, señaló la dirigente durante su intervención en el pleno del Congreso durante la que reclamó la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para saber qué medidas implementará para evitar el desalojo del edificio.

Subasta viene del latín, sub – hasta, “debajo de la lanza”. Es una palabra que remite a un ritual romano en el que los vencedores, los poderosos, se repartían el botín de los vencidos, debajo de una panoplia de armas conquistadas. En las semanas próximas, casi 60 familias de Alaior sabrán si sus viviendas quedan en manos de algún inhóspito grupo de empresarios que destinen Verge del Toro al alquiler turístico o si, por el contrario, por una vez, el sentido común se impone a la lógica bélica y rapaz del mercado, y todos ellos pueden seguir viviendo en sus casas.