¿Y si nos dejáis tranquilas?

Hace unos días leí un reportaje sobre Nicola Packer, cuya historia desconocía. Igual su nombre no os suena. Esta mujer británica todavía sangraba, entre dolores, cuando fue arrestada por dos policías uniformados, metida en la parte trasera de un furgón y detenida dos días en la estación de policía de Charing Cross.

Su delito: con 41 años se dio cuenta de que estaba embarazada. Era noviembre del año 2020, en plena pandemia, con el covid nuevamente en auge, cuando las pruebas médicas se hacían aún con cuentagotas. Creyendo por los cálculos de sus últimos sangrados que estaba de pocas semanas y, por tanto, dentro del plazo legal que existe en Reino Unido para recurrir a las pastillas abortivas, se compró unas. Pero estaba embarazada de más tiempo. Tras tomar las pastillas, la madrugada del 7 de noviembre del 2020, dio a luz en su cuarto de baño a lo que luego supo que era un feto de entre 22 y 26 semanas. En el hospital Chelsea and Westminster, todavía traumatizada y muerta de dolor, les contó a las matronas que había tomado la píldora. Y uno de los médicos la denunció.

Lo que sucedió a partir de entonces fue una criminalización insoportable y más de cuatro años de investigación, durante los cuales la policía y los fiscales examinaron a fondo el historial médico y sexual de Packer, se encargó una autopsia del feto en la que participaron varios especialistas, se analizó forensemente su orina en busca de más de 200 drogas, se analizaron hasta sus búsquedas en Google por si había consultado algo merecedor de más repudio social.

De no haber sido por la pandemia, Packer se hubiese hecho una ecografía antes de recurrir a las píldoras en el baño de su casa y habría abortado de un modo legal y sin complicaciones. En el juicio fue declarada inocente por un jurado del suroeste de Londres, pero cuenta cómo durante años fue objeto de comentarios, miradas, juicios de valor, un proceso brutal emocionalmente.

Los diputados británicos aprobaron el pasado mes de junio abolir los procesos penales contra las mujeres que se someten a un aborto después del plazo legal de 24 semanas de gestación, tras casos mediáticos como el de Packer. Sin embargo, la enmienda no cambia los plazos legales de aborto ni los requisitos que tienen los profesionales médicos.

En España, Feijóo se enfrenta estos días a una seria disyuntiva porque es consciente de que intentar revertir lo conquistado aquí no solo genera rechazo, sino que reactiva la movilización social e indirectamente fortalece al Gobierno, desviando el foco de sus casos judiciales y problemas internos. Dice Feijóo que Pedro Sánchez está enfrentando a las mujeres, cuando lo cierto es que la reactivación de este debate ha llegado desde la derecha, concretamente desde su bastión más incontrolable: la Comunidad de Madrid, con su socio más incontrolable como implicado.

Con el “¡Váyanse a otro lado a abortar!” de Isabel Díaz-Ayuso, una de esas frases que persiguen carreras políticas como el Correcaminos y el Coyote, seguramente lo que estaba queriendo decir Ayuso el otro día es un: “¡Váyanse a otro lado a abortar con su dinero, como vienen haciendo hasta ahora!”. Porque de los más de 18.000 abortos que se practicaron en la Comunidad de Madrid en el año 2024, tan solo 86 se realizaron en centros públicos, eso es un 0,47% aproximadamente, según datos del Ministerio de Sanidad. Esa es la realidad.

En lugar del síndrome postaborto, deberíamos estar hablando del Síndrome Postpolítica, cuyos síntomas como el desamparo y la incredulidad son bastante palpables. Si algo ha demostrado la historia es que las mujeres seguirán abortando pase lo que pase, la diferencia es y seguirá siendo si lo hacen o no de un modo accesible y, sobre todo, seguro. Hay quien sigue discutiendo a estas alturas sobre el aborto como si fuera un simple recurso administrativo, un simple argumentario político, algo con lo que arañar unos votos y que gritarle en tono macarra a la bancada de enfrente en una asamblea. No lo es. Una y mil veces: el aborto es una decisión íntima, personal, muchísimas veces dolorosa, otras no, pero siempre compleja. Y sobre todo: es una decisión de las mujeres. No es un mero trámite administrativo, no es una causa superada, no es un propósito. Es un derecho reconocido legalmente. Sin coerciones, sin alardes, sin moralinas: Dejadnos tranquilas.