Solo dos ginecólogos practican abortos en La Rioja, una de las comunidades con la tasa más alta en la sanidad pública

La Rioja ha experimentado en los últimos dos años un aumento muy rápido del porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo que realiza en la sanidad pública. Tanto que, coincidiendo con el periodo de vigencia de la reforma de la ley del aborto de 2023, ha pasado de no practicar abortos y derivarlos todos a clínicas privadas de fuera de la comunidad autónoma -salvo casos excepcionales siempre por debajo del 9% anual- a realizar en el sistema público el 76,11% de los abortos en 2024, siendo la tercera comunidad con mayor porcentaje y la que ha experimentado cambio más drástico.

Este avance en el cumplimiento de la ley que garantiza el acceso al aborto en un centro cercano al domicilio de la mujer ha favorecido que las mujeres de La Rioja no se vean obligadas a cambiar de comunidad autónoma para interrumpir un embarazo. Así, de los 494 abortos registrados en La Rioja en 2023 (10,76% más que las 446 del año anterior), 375 se hicieron en la sanidad pública mientras que 119 mujeres tuvieron que acudir a una clínica privada fuera de la comunidad, que en el caso de La Rioja corresponde mayoritariamente a la Clínica Ansoáin de Navarra.

Sin embargo, a pesar de la rápida incorporación de la sanidad pública a la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, La Rioja sigue sin practicar abortos quirúrgicos, salvo por causas médicas como graves malformaciones del feto o riesgo para la salud de la madre, según han confirmado desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. De hecho, a pesar de que a nivel nacional el aborto quirúrgico supera al farmacológico, en la cuatro comunidades en las que las cifras de IVE en centros públicos son más elevadas -Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra-, el aborto farmacológico es mayoritario.

En el caso concreto de La Rioja, el aborto farmacológico alcanza el 68,21% del total, lo que significan 337 abortos en 2024. Este método se ofrece en esta comunidad a las mujeres hasta la semana 10, según señala Salud, lo que explica también los datos de abortos según las semanas de gestación. En concreto, siempre según los datos de 2024 publicados en el informe que ha publicado en octubre de 2025 el Ministerio de Sanidad, 368 se realizaron en la octava semana de gestación o antes (el 75,5%) y de ellos el 92,66% se realizaron en la sanidad pública. Entre la novena y decimocuarta semana de gestación, se practicaron 100 abortos y en este caso, la sanidad privada es mayoritaria y asume el 82% de ellos. A partir de la semana 15 de embarazo, cuando el aborto solo es posible previo diagnóstico médico que lo justifique, como malformaciones en el feto o enfermedad grave de la embarazada, se realizaron en La Rioja 26 abortos, 22 entre la semana 15 y 22 (13 en la pública y 9 en la privada) y 4 a partir de la semana 22, todos ellos en la sanidad pública.

El informe de Sanidad también diferencia el tipo de centro donde se realiza la IVE según los motivos de la interrupción, de lo que se obtiene que mayoritariamente los centros públicos realizan los abortos por causas médicas. Como excepción, cuando el motivo es grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, la privada realizó 8 de esos abortos y la pública, 1. Por riesgo de graves anomalías, 24 abortos se realizaron en centros públicos y uno en privado, mientras que por anomalías incompatibles con la vida se realizaron 6 abortos y todos en centros en públicos. En el caso de los abortos a petición de la mujer, 454 el año pasado, 345 se hicieron en centros públicos y 109 en privados.

Solo dos de los 26 ginecólogos de la sanidad pública no son objetores

Otra de las cuestiones que recoge la reforma de la ley del aborto es la obligación de las comunidades autónomas de crear registros de objetores de conciencia. En el informe que acaba de presentar el Ministerio de Sanidad se advierte que Madrid, Asturias, Aragón y Baleares todavía no cuentan con este registro y el presidente Pedro Sánchez les ha remitido una carta para que cumplan con este registro para garantizar el aborto.

La objeción de conciencia era hasta 2022 el principal obstáculo para que en La Rioja no se practicaran aborto, puesto que todos los ginecólogos y ginecólogas de la sanidad pública eran objetores. En una entrevista con la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Pedro en marzo de 2024, María José Puente explicó que desde hace tiempo La Rioja contaba con este registro y se renovó después de instaurar el aborto farmacológico. En el momento de la entrevista solo tres de los 26 ginecólogos no eran objetoras, y según los últimos datos ofrecidos por la Consejería, actualmente solo dos no son objetores.

La Rioja ha saldado una deuda con los derechos de las mujeres, incorporando el aborto a la sanidad pública y facilitando que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo puedan hacerlo en su comunidad autónoma. Sin embargo, la sanidad pública sigue sin incorporar el aborto quirúrgico, la única opción posible para interrumpir el embarazo a partir de la semana 10. Así, 119 mujeres se siguieron viendo obligadas el año pasado a acudir y someterse a esta intervención en una clínica privada fuera de su comunidad.