Pradas apunta a los jefes de Bomberos y de Emergencias: se enzarzaron en el Cecopi en un «debate» sobre el Es-Alert

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, sigue con la misma estrategia de defensa que ha mantenido desde hace meses. Sin embargo, ha incorporado nuevos elementos, según se desprende de un recurso de apelación contra un auto de la jueza instructora del pasado 3 de octubre. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, asegura que Pradas “no elaboró el texto” de los dos Es-Alert que se enviaron aquella trágica jornada, aunque reconoce que “estuvo presente y volcada en el debate técnico mantenido por los expertos” en el seno de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) sobre la “redacción final” del mensaje automático a los móviles : “alcance, idiomas, medidas a sugerir, ámbito geográfico”.

Con frase que pronuncia la entonces consellera en los videos aportados por la Generalitat a la jueza —“que no se envíe hasta yo no lo lea”— no considera que se le pueda atribuir retraso alguno en el envío del Es-Alert. “Era lógica consecuencia de ser la máxima responsable de la Generalitat Valenciana en el Cecopi y simplemente manifestó que antes de autorizar su envío, quería leerlo”, afirma la defensa de Salomé Pradas, que ejercen los letrados Eduardo de Urbano y Sandra Imedio.

El recurso apunta a dos técnicos clave en la reunión del Cecopi: el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, y el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. Se trata de dos funcionarios (el primero, actualmente jubilado) que están citados a declarar como testigos ante la jueza (aunque sin fecha fijada para su testifical).

A partir de las 19.00 “se reanuda la conexión del Cecopi y comienza un debate” sobre el envío del Es-Alert, relata el escrito. “En ese momento”, apostilla, “se inicia un debate entre el subdirector de Emergencias y funcionario de mayor rango de la Generalitat, Jorge Suárez, y el Sr. Basset, jefe operativo de la Emergencia, quien en la comisión de investigación de la Diputación llegó a admitir que puso objeciones al envío por el posible efecto estampida”.

“En ese contexto, ambos se enzarzan en un debate del que participan todos: tanto Miguel Polo (Confederación Hidrográfica del Júcar), como José Ángel Núñez (Aemet), como Pilar Bernabé preguntando por el procedimiento (…), como la consellera atendiendo a toda la información y proponiendo evacuaciones”.

La defensa de Salomé Pradas afirma que “en media hora se decide el contenido, la zona geográfica de envío y se debaten otra serie de medidas que finalmente se descartan por motivos técnicos”, tales como la posibilidad de evacuar o confinar a la población situada aguas abajo de la presa de Forata.

Tras ese debate, “se procede al proceso técnico de envío” del Es-Alert, dice la defensa de Pradas, que destaca además que era la “primera vez” que se lanzaba “oficialmente” en el territorio valenciano (anteriormente, durante la última etapa del Gobierno del Pacte del Botànic hubo dos pruebas).

Así, el proceso técnico (de confirmación y validación del borrador mensaje) duró “media hora”. “¿Dónde está el supuesto retraso? ¿En atender a las opiniones radicalmente contradictorias de los dos técnicos mayores expertos en la materia?”, se pregunta el recurso de apelación.

Sin “costumbre” de uso del Es-Alert

Por otro lado, la defensa de Pradas alega que, antes del 29 de octubre, “tampoco existía costumbre” en España de usar el Es-Alert “como herramienta de protección civil para alertar de episodios de lluvia o inundaciones” ni estaba “protocolarizado” en el Plan de Inundaciones de la Generalitat Valenciana. Por el contrario, sí que existía un protocolo oficial del Ministerio del Interior, del que informó este diario.

Además, argumenta que “no se había usado nunca, y en ningún lugar estaba escrito cómo, ante qué condiciones y cuándo debía usarse”.

Además, el escrito alude el hecho de que ni en Málaga ni en Letur, donde también hubo fallecidos el 29 de octubre, “se planteó” su envío a los móviles.

El recurso, de 48 páginas, mantiene por lo demás el mismo argumentario sobre el supuesto “apagón informativo” de la CHJ. Se trata exactamente de la tesis contraria a la que mantiene la jueza instructora.

“Debe insistirse”, abunda el escrito, “en que nuestra representada y el resto de los integrantes del Cecocpi nunca recibieron la información que la CHJ debió proporcionar en tiempo y forma sobre el desbordamiento del [barranco] del Poyo, con el fin de alertar a las poblaciones afectadas y activar medidas de prevención, lo que exige la correspondiente explicación y valoración de la situación para adoptar tales medidas”.