Ayuso se niega a gastar 13 millones del Gobierno central en ayudas sociales alegando que Interior le debe el triple

El Gobierno central y la Comunidad de Madrid mantienen abierto un enfrentamiento a cuenta de dos subvenciones en materia social que el Ejecutivo concedió a la administración regional y que esta no ha empleado, y ha embargado, con el argumento de que el Ministerio del Interior le debe dinero. Estas subvenciones suponen 5,3 millones del Ministerio de Derechos Sociales para adaptar viviendas de personas dependientes y otros 7,7 millones de Igualdad, correspondiente a dos anualidades de un plan para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. 

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido embargar las dos subvenciones esgrimiendo que el Gobierno central, en concreto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –dependiente de Interior– le adeuda más de 33 millones de euros por la asistencia médica de los reclusos ingresados en prisiones de la Comunidad de Madrid. Además, denuncia que el Ejecutivo central ha respondido al embargo bloqueando nuevas ayudas. 

El Tribunal Supremo resolvió en 2019 que las atenciones médicas deben ser sufragadas por la Administración central, que ejerce la competencia de Prisiones. Por otra parte, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que entró en vigor en 2003, estableció que los servicios sanitarios a los reclusos debían ser transferidos en un plazo de 18 meses a las comunidades autónomas, y que quedaran así integrados en su sistema de salud. A día de hoy, solo Catalunya –que ya había asumido la competencia de Prisiones–, Euskadi y Navarra cumplen con la transferencia establecida por la Ley. Madrid es una de las comunidades que sigue incumpliendo, veintidós años después, con la asunción de la asistencia sanitaria a los presos.

El conflicto de la Comunidad de Madrid con el departamento que dirige Pablo Bustinduy por la subvención de 5,3 millones para dependientes ha llegado ya a los tribunales. La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Derechos Sociales, ha acudido a la vía de lo contencioso-administrativo y ha solicitado la suspensión del embargo. En el caso de las ayudas del Ministerio de Igualdad aún está vigente el plazo para una solución administrativa.

La ayuda para la adaptación de los domicilios en Madrid de personas con discapacidad forma parte del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y está financiado con los fondos Next Generation, que liberó la Unión Europea para superar la crisis motivada por la pandemia de la Covid-19. La subvención del Ministerio a la Comunidad de Madrid ascendía a 5.389.475,42 euros y fue aprobada en 10 de diciembre de 2021. El textual recogía: “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia”.

Casi dos años después, el 22 de noviembre de 2023, el Ministerio solicitó a la Comunidad de Madrid que justificara el cumplimiento de la subvención para, en caso contrario y como está estipulado, iniciar el procedimiento de reintegro. El 24 de enero de 2024, Derechos Sociales recibió respuesta de la Comunidad: no había ejecutado los fondos y adelantaba que devolvería el monto de la subvención. 

La Secretaría de Estado de Derechos sociales hizo cuentas y le salieron 5.822.161,40 euros a reintegrar, el resultante del monto total de la subvención más 432.885,98 en intereses de demora.

Pasaron los meses y en el verano de 2024 todo dio un giro. El 5 de agosto de ese año, la Comunidad de Madrid notificó a Derechos Sociales que procedía al embargo de 6.524.596,91 euros. Explicaba que el Gobierno central tiene una deuda con la Administración regional por los servicios sanitarios prestados a las personas internas en la prisión de Estremera (Madrid VII) entre los años 2015 y 2019. 

En realidad hay dos resoluciones del Tribunal Supremo en el mismo sentido porque el conflicto se reprodujo en Andalucía. Allí, a diferencia de lo que ocurrió en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia la comunidad autónoma dio la razón a la Administración central. El asunto era tan enrevesado que hubo un conflicto previo entre las partes sobre qué vía judicial debería resolverlo, si la contencioso-administrativa o la de lo social.  

La sentencia de 2019 dictada por el Supremo dando la razón a Madrid cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados, Nicolás Maurandi. Este magistrado se pronunció a favor de que fueran las comunidades autónomas quienes corrieran con los gastos médicos de los presos, siempre que estos estuvieran afiliados o resultaran beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social.

El Ministerio de Bustinduy reaccionó en el conflicto con la Comunidad con una reclamación económico-administrativa en la que advertía que, de seguir con el embargo, la Comunidad estaría causando “perjuicios de imposible o difícil reparación” porque la subvención sale de una partida de los Presupuestos Generales del Estado vinculados a un hecho concreto, en este caso la aplicación de las ayudas. 

La Junta Superior de Hacienda, el órgano económico-administrativo de la Comunidad de Madrid, inadmitió la suspensión del embargo. La resolución no entraba al fondo del asunto y se limitaba a señalar que “no hay acto alguno que pueda ser objeto de suspensión al haberse consumado ya el acto que se pretendía evitar”, en alusión al embargo.

Ante esa decisión, Derechos Sociales contactó con la Abogacía del Estado para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad. Derechos Sociales alega esta circunstancia, el hecho de que el contencioso esté en los tribunales, para no pronunciarse al respecto. Es el mismo argumento que utiliza el Ministerio del Interior para abstenerse de comentar la deuda con la Comunidad de Madrid y la decisión de ésta de embargar las subvenciones de Derechos Sociales e Igualdad.

La Comunidad denuncia “represalias” de Sánchez

Para el Gobierno regional, la decisión de su Junta de Hacienda se traduce en un aval de los “tribunales” a la ejecución del embargo. Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ejecutivo de Ayuso denuncia que los dos embargos de subvenciones por parte del Ejecutivo central le han valido una “represalia del Gobierno de Sánchez”, que ahora “bloquea el abono de algunas ayudas” a la Comunidad de Madrid. 

Lo hace, añade, evitando que la Intervención General del Estado “borre” como deuda regional las dos subvenciones embargadas. Así constaría en los certificados de la IGAE negando la tramitación de ayudas y subvenciones. La Consejería de Hacienda de la Comunidad ya ha reclamado por escrito a la Intervención que cese en esa postura. 

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad interpuso el 27 de septiembre de 2024 un recurso potestativo contra la diligencia de embargo de los 7,7 millones del Plan de Corresponsabilidad que han sido embargados, pero no recibió respuesta de la Comunidad, según fuentes del departamento de Ana Redondo. Recurrió entonces a la Junta Superior de Hacienda, pero esta rechazó la providencia de apremio. Consultado por elDiario.es, el Ministerio de Igualdad asegura que, de no modificar su postura en el plazo establecido, también recurrirá a la vía legal a través de la Abogacía del Estado.