Las medidas de Feijóo sobre inmigración: desde las que ya existen a las que recortan derechos (y hasta corrigen a Rajoy)

Después de enumerar durante meses distintas medidas migratorias abstractas, sin apenas detalles, Alberto Núñez Feijóo presentó este martes el documento en el que concreta sus propuestas en materia de inmigración. Tanto su internvención como las páginas del documento están cargadas de conclusiones de un marcado tinte xenófobo, evidenciando de nuevo la mimentización que Patido Popular ha experimentado con Vox en los últimos meses.

Analizamos algunas de las medidas sobre inmigración de Feijóo, más allá del tan repetido “visado por puntos”. Entre ellas se encuentran propuestas que ya se existen en la normativa actual y otras que encontrarían grandes obstáculos en su aplicación debido a los límites impuestos por la legislación internacional o el Constitucional.

Pero entre las páginas del documento tambiénse encuentran otras que sí podrían llegar a ser aprobadas en caso de un hipotético Gobierno del PP. Y algunas de ellas podrían acarrear un recorte en los derechos de miles de personas residentes en España, endureciendo algunas de las reformas impulsadas durante el mandato de Mariano Rajoy.

Endurecer las peticiones de nacionalidad

“La nacionalidad es un honor, no un trámite burocrático”. Con esta frase, el PP ha propuesto endurecer el acceso a la nacionalidad española. En concreto, la formación plantea incrementar la exigencia en el nivel de conocimiento lingüístico del castellano: del A2 al B2. También dice que implantará “una prueba reforzada de conocimiento institucional, legal, cultural e histórico” con el objetivo de “garantizar el compromiso con nuestra democracia y valores comunes”.

Actualmente, quien solicita la ciudadanía ya debe presentarse a un examen, elaborado por el Instituto Cervantes, para demostrar los conocimientos constitucionales y socioculturales del país. La prueba ya incluye preguntas sobre la legislación, la historia, la participación ciudadana y la cultura de España. 

Los requisitos que Feijóo quiere modificar fueron aprobados durante el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de la reforma del Código Civil que modificó los trámites para la obtención de la nacionalidad por residencia. Además de aumentar el coste ligado al trámite, antes prácticamente gratuito, la reforma estableció una prueba oficial ligada a un temario marcado por el Instituto Cervantes. Por tanto, fue el PP de Rajoy el que aprobó el test que ahora cuestiona Feijóo. Hasta esa reforma, los encargados de cada Registro Civil realizaban una prueba a los solicitantes para evaluar su grado de integración en la sociedad y cultura españolas. Este método suponía la discrecionalidad en las preguntas en función del funcionario y el registro de turno, lo que despertó entonces polémica por la dificultad o el sesgo racista de algunas de las cuestiones.

Limitar el arraigo

El Partido Popular apuesta por restringir una de las pocas vías con la que actualmente pueden regularizarse quienes se encuentran en España de manera irregular, después de haber pasado un mínimo de dos años sin papeles en el país sin que hayan podido ser expulsados. Antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, las personas que se encontraban en situación irregular (ya sea porque perdieron la residencia por algún motivo o por haber entrado de manera clandestina) ya podían obtener una tarjeta de residencia demostrando su arraigo, aunque los requisitos eran más rígidos y algunos chocaban con la realidad de la inmigración y del mercado laboral en España.

En los últimos años, el Gobierno ha flexibilizado un poco algunos requisitos de este mecanismo. Por ejemplo, si antes se exigía por lo general un mínimo de tres años de residencia irregular en el país para empezar a tramitar la residencia por arraigo, ahora se exigen dos años. También se han creado otros tipos de arraigo, que abren la puerta a conseguir la residencia temporal para cursar determinadas formaciones o obtener los papeles con la presentación de un informe social que demuestre el arraigo, siempre si se carece de antecedentes penales.  

“Recuperaremos el carácter excepcional del arraigo como mecanismo legítimo, efectivo y comprobable”, ha dicho el líder de los ‘populares’. Se desconoce si Alberto Núñez Feijóo apuesta por cancelar la reforma del reglamento de Extranjería aprobada en 2025 o querría ir más allá en caso de gobernar. Los de Feijóo apoyaron en el Congreso una iniciativa parlamentaria de Vox que pretendía acabar con cualquier posibilidad a la que los inmigrantes puedan aferrarse para conseguir los papeles desde la irregularidad, excepto si se trata de demandantes de protección internacional. 

“El arraigo debe servir para reconocer el esfuerzo real de quienes, viviendo entre nosotros, trabajan, respetan la ley y contribuyen a su comunidad. No puede convertirse en una vía automática ni masiva, sino en una oportunidad individual para quienes han de mostrado, con hechos, su compromiso con España”, ha dicho Feijóo. Sin embargo, esto ya ocurre en la actualidad. No se trata de una regularización sin condiciones -como las planteadas por el colectivo Regularización Ya, cuya tramitación parlamentaria fue apoyada por el PP- sino que cada caso es estudiado de manera individualizada y en base a requisitos objetivos.

Acabar o limitar extremadamente la vía del arraigo puede provocar mantener en la irregularidad a miles de personas durante años, lo que según los expertos aumenta el riesgo de exclusión y, con ello, de los posibles problemas de convivencia en los que el líder del PP tanto incide. La mayoría de personas que han pedido el arraigo en el último año procede de Latinoamérica. 

Lista de “países seguros”

El líder del PP ha anticipado que se dificultará el asilo a quien llegue de “países seguros donde no existe ningún riesgo grave para la persecución política”. A estas solicitudes, se aplicaría un procedimiento de estudio “acelerado”, lo que reduciría las garantías contempladas para personas de otras nacionalidades. Feijóo no ha explicado cuáles serán esos países que incluirá en la lista pero, en todo caso, no está inventando nada.

El listado de “países seguros” es una medida que la UE lleva discutiendo desde hace más de una década, hasta que finalmente ha sido incluida entre las medidas del Pacto Migratorio Europeo. Todos los Estados miembros tendrán que aplicar dicho acuerdo en 2026, aunque cada gobierno tendrá cierto margen de maniobra en la transposición del pacto a su normativa. El listado propuesto por la Comisión Europea incluye a Estados como Kosovo, Bangladés, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez.

Endurecer la reagrupación familiar

El PP también dice que complicará los trámites para la reagrupación familiar, es decir, la vía que permite a inmigrantes (con residencia en España de más de un año) solicitar autorizaciones para sus cónyuges o familiares de primer grado, como padres y abuelos. El partido quiere aumentar los “requisitos económicos” exigidos para “garantizar la verdadera capacidad de sustento” de las personas reagrupadas.

Actualmente, los solicitantes ya tienen que probar contar con “medios económicos fijos y regulares suficientes” para su propia manutención y la de los miembros de su familia. Por ejemplo, si un ciudadano argentino quiere traer a su madre a España, debe demostrar que posee unos ingresos económicos mínimos de 900 euros al mes (del 150% del IPREM), que cuenta con un seguro médico y con una vivienda “adecuada”. Si quisiese reagrupar también a su padre, debería sumar 300 euros más (50% más del IPREM por cada familiar añadido). En el caso de hijos menores, esta cantidad es más flexible.

Feijóo, por tanto, apuesta por incrementar las cantidades de este requisito económico. 

Más días de encierro en los CIE

Otra de las propuestas que sí supondrían un cambio con respecto a lo establecido en la normativa actual es la ampliación del periodo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), los espacios no penitenciarios donde son encerrados extranjeros por encontrarse en situación irregular en España (lo que supone una falta administrativa, no un delito) con el objetivo de proceder a su expulsión. Según la normativa actual, estas personas pueden ser privadas de libertad durante un máximo de 90 días. La legislación europea permite el internamiento durante un máximo de seis meses, por lo que el PP podría aumentar el tiempo de permanencia hasta alcanzar el doble del plazo actual.

La normativa comunitaria incide en que el “solo se justifica el internamiento para preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión, y si la aplicación de medidas menos coercitivas no es suficiente”. En 2014, también durante el mandato de Rajoy, el Ministerio del Interior emitió una circular en la que se obligaba a revisar las “circunstancias sobre la posibilidad real de ejecutar la expulsión”, dado que muchas personas eran privadas de libertad cuando no podrían ser retornadas debido a, por ejemplo, tener un fuerte arraigo en España o no contar con un convenio con sus países de origen.

Esta circular, sin embargo, se ha incumplido por parte de gobiernos tanto del PP como del PSOE, aunque durante el mandato de Pedro Sánchez se ha reducido el número de internamientos para reducir el número de presonas privadas de libertad sin que finalmente pueda cumplirse el objetivo de su expulsión.

¿Retornar a extranjeros que delinquen?

A grandes rasgos, casi todos los supuestos de retorno forzoso planteados por Alberto Núñez Feijóo ya están contemplados, incluso de manera más dura, en la normativa española. Tanto el Código Penal (en vía judicial) como la Ley de Extranjería (vía administrativa) permiten expulsión de extranjeros, con o sin papeles, que hayan sido condenados con más de un año de prisión. Este castigo está previsto para delitos graves (como robo con violencia, tráfico de drogas o tenencia de armas), pero también para delitos considerados “menos graves”, como el hurto (de más de 400 euros), amenazas, coacciones o lesiones sin consecuencias graves. 

En su plan sobre inmigración, el PP habla de “expulsión automática” ante supuestos de delitos muy graves. Este punto, aunque sí iría más allá de la normativa actual, es prácticamente imposible de cumplir debido a los límites impuestos por la normativa internacional y el Constitucional, que obligan a la revisión individualizada de cada caso y garantizan el derecho al recurso.

En España, los jueces son los encargados de decidir si una condena es sustituída por una expulsión. Y, por lo general, en caso de delitos muy graves, la Justicia suele preferir que el condenado pague antes por el crimen realizado en España a expulsarlo sin haber cumplido con su pena de prisión. En todo caso, después de pasar por la cárcel también pueden ser retornados por la vía administrativa: es lo que algunos expertos denominan como “doble castigo”.

Programa de migración circular

El PP propone un “programa específico de migración circular y contratación de trabajadores temporales” que existe desde hace décadas. En concreto, desde el año 2000, cuando se aprobó la Ley de Extranjería, que reguló lo que se conoce técnicamente como la orden de gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco). Por tanto, gobiernos tanto del PP como del PSOE han utilizado esta fórmula para poner en contacto a trabajadores extranjeros con empresas con necesidad de mano de obra para sectores muy específicos y apoyar su traslado a España durante una temporada específica, con la condición de que estos empleados regresasen a su país de origen.

Puede que Feijóo aspire a modificar sus requisitos, pero no detalla cómo.

“Fraude de edad”

Entre las medidas, el PP incluye varias reformas normativas (tanto del Código Penal como de la Ley de Extranjería) para castigar a los jóvenes migrantes que, después de decir que son menores, obtengan un resultado de las pruebas de determinación de la edad que concluya su mayoría de edad. Para ello, Feijóo quiere incluir la “tipificación de fraude de edad” (también de fraude de nacionalidad) en la legislación española.

Esta propuesta esconde una trampa: el amplio margen de error ligado a los exámenes de determinación de la edad, reconocido por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. De aplicarse, se corre un gran riesgo de acusar de “fraude de edad” a menores de edad.