Ulibarri vuelve al banquillo de los acusados por la Gürtel y se enfrenta a 14 años de prisión

El empresario de la construcción y los medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados desde el próximo 20 de octubre, que es cuando arranca el último juicio de Gürtel, el referido al blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él 14 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental continuada, que habría cometido para ayudar a Francisco Correa.

Ulibarri, que posee el 50% de la televisión de Castilla y León –financiada por el gobierno autonómico– es propietario de varios medios en la Comunidad, entre ellos El Mundo de Castilla y León y varias cabeceras locales, además de explotar licencias de radio, ya tiene una condena de cárcel a sus espaldas. En abril de 2022 asumió 19 meses de prisión en la causa Gürtel Boadilla. La sentencia de la Audiencia Nacional lo consideró autor responsable y colaborador necesario de la trama de corrupción. En ese momento, el empresario decidió colaborar con la Justicia pocos meses antes de que arrancase el juicio en el que se exponía a una condena de 7 años de cárcel, y acabó reconociendo los cinco delitos.

En la nueva causa que afronta está acusado de encubrir el fraude fiscal de Francisco Correa, el hombre que recogía las mordidas del PP a las empresas a las que concedía adjudicaciones. Tanto Correa como Pablo Crespo, líderes de la trama, se enfrentan a 77 años de prisión por el entramado creado para eludir los pagos a Hacienda ocultando los fondos que habían obtenido. Correa habría ocultado más de 24 millones de euros mediante dinero en efectivo que integró en la ‘caja B’ de sus empresas gracias a un entramado societario y financiero en el extranjero y en España.

Así, se elaboraron facturas falsas “con el fin de ocultar los servicios realmente prestados o su destinatario final, o para simular el pago de servicios inexistentes que no solo facilitaban la deducción indebida de los correspondientes gastos, sino también la generación de fondos opacos con los que abonar parte de las dádivas entregadas a cargos públicos”, según el juez instructor. Ulibarri es uno de los empresarios que, presuntamente, participó en esa trama que falseó facturas por servicios no prestados. No es el único leonés que está imputado, también aparece otra constructora de la provincia, Teconsa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción relata que Correa recibió por su ilegal intermediación en adjudicaciones públicas en Castilla y León varias cantidades. En 2002 obtuvo 49.763 euros por la adjudicación del “Expediente 1.2-BU-10, variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas. C-6318, de Bilbao a Reinosa, puntos kilométricos del 41,450 al 46,100, provincia de Burgos” por la Consejería de Fomento de Castilla y León, a cargo en ese momento de José Manuel Fernández Santiago.

En 2003, un importe de 120.500 euros relacionado con la adjudicación del “Proyecto global de construcción del centro de tratamiento de residuos urbanos, depósito de rechazos y accesos, para la gestión de los residuos urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca”, situado en Gomecello, por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, entonces al cargo de Silvia Clemente; y un importe de 31.150 euros, también en el año 2003, por la adjudicación del “Proyecto de construcción de la variante de Olleros de Alba (León) carretera C-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, tramo de Olleros de Alba pk. 4,100-8,600”.

Gürtel Castilla y León, archivada por el TSJ para los políticos y cargos de la Junta, pero no por la Audiencia Nacional para los empresarios

Gürtel sí que llegó a los tribunales de Castilla y León pero el recorrido fue corto: los hechos relacionados con la Variante de Olleros de Alba fueron objeto de diligencias previas tramitadas ante el Tribunal Superior de Justicia y acabaron archivadas en 2012 por prescripción de los delitos de prevaricación y cohecho al considerarse que no concurrió ninguna irregularidad penalmente relevante en la adjudicación de la obra, sin perjuicio de estimar al mismo tiempo indiciariamente acreditados los distintos pagos y su vinculación con aquella. Es decir, los delitos no se descartaron entonces, y actualmente, son sus beneficiarios quienes se sientan en el banquillo, pero no aquellos que tuvieron el poder de adjudicar.

Respecto al papel de Ulibarri, la Fiscalía se refiere a la ocultación de ingresos de Francisco Correa procedentes de la venta del barco Carmen Junior III, al leonés. En el año 2005 tanto desde Easy Concept como desde Good & Better SL se emitieron facturas a empresas relacionadas con Ulibarri “que no se correspondían con servicios realmente prestados, sino que iban dirigidas a ocultar el precio abonado por aquel a Francisco Correa por la compra de la embarcación” y a poder deducirse esos gastos por las empresas receptoras.

Correa había comprado el barco en 2001 para su uso personal, no obstante lo cual y con el fin de ocultar su verdadera titularidad, realizó la compra a nombre de Pasadena Viajes por un precio de venta que se declaró en 39.500.000 pesetas. Pero según la Fiscalía “el importe realmente abonado, descontando los correspondientes gastos, ascendió a 67.972.562 pesetas”. La diferencia fue pagada en el año 2001 en efectivo, 7 millones de pesetas desde la Caja B y las restantes 21.472.562 pesetas (129.052,7 euros) de fondos opacos no depositados previamente en ningún banco.

En 2005 Francisco Correa vendió el barco a José Luis Ulibarri que lo adquirió a través de su sociedad Conseil de Cabinet SA declarando únicamente 192.323,87 euros –223.095,69 euros con IVA– de los 420.788,77 euros –488.114,97 euros con IVA– realmente abonados. “José Luis Ulibarri y Francisco Correa convinieron que la cuantía restante, 228.465 euros, se enmascarara, con el fin de ocultar el verdadero motivo y final destinatario de la entrega de los fondos, como servicios prestados por sociedades vinculadas y gestionadas por el primero a entidades relacionadas con Francisco Correa acordando, asimismo, que los supuestos servicios se reflejaran falazmente en las siguientes facturas”, dice la Fiscalía.

Así, recoge una serie de supuestos servicios prestados por la constructora de Ulibarri, Begar, y por su inmobiliaria Peñalba. También se refiere la Fiscalía a una operación del año 2006, cuando se concluyeron las gestiones para la venta de la finca de El Escorial, eligiéndose por unanimidad de los socios la oferta de José Luis Ulibarri, efectuada en representación de UFC SA, que proponía un precio de 8.500.000 euros y en la que se eludieron impuestos como el de patrimonio mientras se recibían mordidas para conseguir los permisos necesarios para instalar una estación de servicio.

El Ministerio Fiscal considera a Ulibarri cooperador necesario, junto a otros imputados, de varios delitos contra la Hacienda Pública (IRPF y Patrimonio en 2005 y 2006), blanqueo de capitales y falsedad documental continuada. Además de los 14 años de prisión, se solicitan multas que superan los 20 millones de euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 4 años.