El Gobierno de Cantabria presumió de ser la comunidad con «menor privatización sanitaria» dos días después de tramitar 216 millones para un hospital privado

El Gobierno de Cantabria que lidera María José Sáenz de Buruaga (PP) presumió de ser la comunidad autónoma con “menor privatización de la sanidad pública” tan solo dos días después de iniciar el trámite para adjudicar 216 millones de euros para un hospital privado religioso, el centro sanitario Santa Clotilde de Santander perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El Ejecutivo autonómico del Partido Popular divulgó públicamente la primera información y omitió la segunda.

Como adelantó en exclusiva elDiario.es, el Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves 9 de octubre iniciar los trámites para destinar 14,4 millones anuales durante 15 años al Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios que, de momento, se desconocen puesto que no se han hecho públicos. El acuerdo no se difundió en el comunicado que el Gobierno de Cantabria envió a los medios y que puede consultarse en su propia web.

Sí se hacía referencia a otros acuerdos del Consejo de Gobierno de mucha menor cuantía económica. De hecho, en el apartado correspondiente a la Consejería de Salud, se hace mención a la compra de prótesis de artroscopia para dos años por importe de casi tres millones de euros, mientras se da protagonismo a una subvención de 1,5 millones para rehabilitar el edificio del antiguo Banco de España en Santander o a las ayudas a los productores de patatas, por ejemplo.

En cambio, dos días después de haber aprobado el inicio de la tramitación de esos 216 millones para un hospital privado dependiente de una orden religiosa, se comunicó públicamente con una nota de prensa que Cantabria figura entre las comunidades con menor privatización de la sanidad pública junto a Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias, haciendo referencia al último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que analiza la evolución del desvío de fondos públicos al sector privado.

Se trata de una estadística que quedará presumiblemente obsoleta y desvirtuada cuando a principios de año se materialice -como está previsto- el acuerdo con el centro sanitario Santa Clotilde de Santander para privatizar servicios que hasta ahora se prestaban con personal público.

Otros 7 millones para Mutua Montañesa

El Consejo de Gobierno del 9 de octubre aprobó, además, otro acuerdo del que tampoco se informó en la nota de prensa oficial para autorizar casi siete millones de euros a la Mutua Montañesa a través de un convenio de colaboración de asistencia sanitaria entre la Consejería de Salud y la entidad privada. En concreto, la cantidad de dinero público que se derivará asciende a 6.724.660 euros.

La mutua es una asociación de empresarios sin ánimo de lucro colaboradora con la Seguridad Social que gestiona los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las prestaciones económicas relativas a la incapacidad laboral.

Hace tres años puso en marcha el Observatorio de Absentismo Laboral, cuyos informes han alertado de que en Cantabria se perderán supuestamente este año 700 millones de euros por las bajas de los trabajadores. El presidente de la CEOE-Cepyme de Cantabria, Enrique Conde, se sumó a este discurso y calificó de “problemón” el incremento de las bajas que señala la Mutua. Esta circunstancia desató una notable polémica. De hecho, el sindicato Comisiones Obreras inició la campaña ‘No ejerzas tus derechos’ para hacer frente al discurso del absentismo laboral que, en su opinión, busca colocarlo “como el mayor problema del país a través de titulares alarmistas y tendenciosos”.

En cualquier caso, el interés del Gobierno del Partido Popular por presumir de que es el menos privatizador del país contrasta, de forma paradójica, con el impulso a la privatización sanitaria acordada tan solo dos días antes y sin publicidad de los acuerdos alcanzados en el seno del Ejecutivo.

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ya había anunciado hace meses la “integración” del Hospital privado Santa Clotilde en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Lo que no se había dicho es cuánto va a costar a las arcas públicas. La cuestión fundamental es el convenio con el hospital que está ya redactado pero sin firmar –según apunta el Gobierno– lo que en su opinión justifica que aún no se haya hecho público oficialmente.

La propia presidenta Buruaga expresó en marzo de 2024 que el Hospital Santa Clotilde es un “aliado estratégico y preferente del sistema nacional de salud”, sobre todo en el “reto fundamental” de reducir las listas de espera. Reconoció que su Gobierno ya estaba trabajando “para dar estabilidad a esa colaboración necesaria e indispensable” con el objetivo de mejorar la planificación y conseguir una “programación más eficaz, lejos del cortoplacismo”. En una visita al centro sanitario dijo que el hospital es “un complemento indispensable” en la actividad quirúrgica, la asistencia geriátrica de media y larga estancia, los cuidados paliativos y el daño cerebral, entre otras áreas.

Datos informe

En cuanto al informe que divulgó el Gobierno, relativo a la comparativa del porcentaje de privatizaciones autonómicas, refleja que Cantabria fue una de las comunidades donde menos dinero se gastó en seguros privados en 2024, solo superada por Murcia y Navarra. Algo parecido sucede con el porcentaje de población total que estando cubierta por mutualidades elige la atención sanitaria por seguros privados, en la que Cantabria se sitúa en la parte baja de la tabla, con un 3,3%.

El estudio también analiza el porcentaje de personas que han acudido al médico general privado en el último año, donde Cantabria se coloca, también, como la que menos, con 11,32%, muy lejos de las comunidades que encabezan la tabla con hasta un 47,76%. 

En cuanto al porcentaje de camas hospitalarias en centros privados –otra de las variables escrutadas– Cantabria se coloca entre las que tienen menor porcentaje, con un 5,3%, solo por detrás de La Rioja (4,82%). En relación al porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados, que también evalúa el informe, Cantabria, con un 2,9%, se sitúa asimismo entre las comunidades que menos dedican a este asunto.

En la parte negativa del informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Cantabria es una de las comunidades con mayores gastos de bolsillo, es decir, aquellos que no cubre la sanidad pública, con 604 euros, casi el doble de las autonomías con menor gasto.