Fallos que acaban en suicidio: varias voces alertaron del “inexistente” protocolo antiacoso del colegio de Sandra

Poco antes de las tres de la tarde del pasado martes, Sandra P.V. salió al balcón de su casa en calle Laffón, en Sevilla, y se arrojó al vacío. Tenía 14 años y sufría el acoso recurrente de compañeras de su centro escolar, el Colegio Nuestra Señora de Loreto, popularmente conocido como Irlandesas Loreto.

El suicidio de la menor ha puesto al descubierto que el centro educativo al que Sandra acudía a diario no activó los protocolos previstos para casos de acoso, ni el protocolo antisuicidio, a pesar de que conocía lo que ocurría y estaba obligado a ello por la normativa vigente, según la Junta de Andalucía.

DiariodeSevilla avanzó que la madre había denunciado la situación en el centro, que sí implementó “una serie de medidas”. Dos días después de la muerte de Sandra, la Junta de Andalucía ha anunciado que va a llevar el caso a la Fiscalía.

Esto es lo que sabemos hasta ahora de este caso.

La menor fallecida

Sandra P.V. tenía 14 años. Falleció el martes como consecuencia de la caída desde su vivienda, a pesar de los intentos del servicio de Emergencias por reanimarla.

A Sandra le gustaba mucho el fútbol. Formaba parte del CD Honeyball, un club de fútbol sevillano. La familia ha difundido su foto, sonriente, vestida con una camiseta del Betis, en un intento de concienciar sobre el impacto de las conductas de acoso en el bienestar emocional de menores, y el riesgo de no atajar a tiempo estas actitudes.

“Su muerte deja una huella profunda, no solo en su entorno más cercano, sino también en toda la sociedad, que no puede seguir mirando hacia otro lado ante otra muerte poracoso escolar”, ha posteado en X José Manuel Viñuela, padre de Kira, una niña de 15 años que se quitó la vida en 2021 tras sufrir acoso escolar. Viñuela, activista desde entonces contra el acoso escolar, ha pedido una investigación exhaustiva de lo ocurrido en Sevilla.

El colegio

El Colegio Nuestra Señora de Loreto, popularmente conocido como Irlandesas Loreto, es un centro concertado católico bilingüe ubicado en la calle Vallejo, muy cerca de la estación de Santa Justa. Pertenece a la Fundación Educativa María Ward, titular de ocho colegios en Madrid, Sevilla, Vizcaya, Guipúzcoa y Barcelona.

El de Sevilla, fundado en 1947, imparte Educación Infantil, Primaria y Secundaria, tomando su inspiración en el “carisma revolucionario y transformador de Mary Ward”. Se define como “innovador” en su propia web, en la que defiende el “camino de la innovación educativa”, que aplica con metodologías basadas en el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo o las “inteligencias múltiples”.

El miércoles publicó un comunicado en redes sociales. “La Comunidad Educativa del colegio estamos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestra alumna”, señala el comunicado, que transmite el pésame a la familia. Los alumnos terminaron la jornada rezando por ella, y el centro anunció que celebrará “una Eucaristía escolar en su memoria”.

Reseñas que alertaban de casos de acoso

La página de Google de Irlandesas Loreto recoge 60 reseñas, de las cuales media docena refieren episodios de bullying o acoso. La última, de hace un mes: “El protocolo de acoso es inservible debido a que preguntan al alumnado sabiendo que no reconocerán los hechos para seguir en contra de la persona acosada (…) ponen en duda todos los casos de acoso o bulling”. Por las mismas fechas, otra persona, probablemente con vínculos familiares con la primera, asegura que tiene conocimiento de “bastantes casos de bullying por parte del mismo alumnado”, a lo que no se da solución y que los alumnos “se ven obligados a salir del centro por cómo los hacen sentir”. “Tema de acoso vergonzoso”, señala otra crítica de hace cuatro meses.

Las denuncias vienen de lejos. Hace dos años, un usuario escribió que “el protocolo anti acoso escolar es inexistente”. En otro supuesto caso expuesto hace once meses, María P. P. protesta: “Te encuentras impotente porque protegen al que daña”. Y añade: “Cuando se produce acoso escolar miran para otro lado”. El centro respondió a este comentario alegando que “existen protocolos de acoso que se pueden activar en cualquier momento, y por supuesto a instancias de la familia, si es su caso”. “No hemos tenido ninguna solicitud de apertura de protocolo de acoso que no se haya atendido”, añadía la réplica.

El acoso afecta al 12,3% del alumnado

En el caso de Sandra, el entorno de la familia ha relatado a medios locales que sufría el hostigamiento de un grupo de chicas, que la insultaban y se mofaban de su aspecto físico.

Fundación Anar publicó hace apenas un mes su VII Informe sobre el Acoso Escolar en Centros Educativos, a partir de respuestas recabadas entre el alumnado y profesorado, que elabora anualmente con Mutua Madrileña. Según ese documento, el acoso escolar, ya sea presencial o a través de redes -ciberbullying- creció el pasado curso hasta afectar al 12,3% de los alumnos y alumnas. Cuatro de cada diez alumnos/as (42,8%) que sufre acoso escolar lo experimenta durante meses. Insultos, motes y burlas, aislamiento, amenazas, difusión de rumores y golpes son las formas más habituales de acoso.

“El acoso escolar supone en la víctima una situación diaria y sostenida de estrés que, si no se detecta y aborda a tiempo, puede generarle secuelas a nivel emocional, cognitivo y conductual”, señala el documento, que pide actuar ante las primeras señales.

El informe señala que las barreras más mencionadas para intervenir son la falta de recursos (88,9%) y los problemas burocráticos (65,2%). El 51,8% de las respuestas apuntan a la “falta de formación entre el profesorado”, mientras que casi la mitad señala la “falta de concienciación/sensibilización” del alumnado, y el 25,1% denuncia la falta de implicación del colegio.

Otro estudio reciente, en este caso de la Universidad de Sevilla y Unicef, concluye que cuatro de cada diez adolescentes en España sufren o dicen haber sufrido un problema de salud mental. La causa externa que más se repite son, además de los problemas familiares, el acoso y el ciberacoso.

La intervención de la Junta de Andalucía

Este miércoles, día posterior a la trágica muerte de Sandra, la Consejería de Educación envió un equipo de expertos en bienestar emocional para atender a la comunidad educativa y otro de inspectores para iniciar una investigación. Los inspectores recogieron los testimonios del equipo directivo y recabaron diversa documentación (comunicaciones y actuaciones que el centro puso en marcha).

Al final del día, constataron que el centro educativo, “aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente”. Esos protocolos datan de 2011 y 2023, respectivamente. Los inspectores levantaron acta y elevaron un informe proponiendo medidas.

La Junta lleva el caso a Fiscalía

La principal de las medidas que la Consejería ha adoptado es llevar el caso a Fiscalía. Se deduce, por tanto, que aprecia indicios suficientes para que el Ministerio Público investigue posibles delitos en lo que ha ocurrido. Además, la Consejería ha abierto un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para “depurar las posibles responsabilidades”.

Aunque el Código Penal no tipifica el “acoso escolar”, sí recoge los delitos de lesiones psicológicas, coacciones, acoso o amenazas. Además, existe el delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Según la Junta de Andalucía, el centro no activó el protocolo de prevención de conductas suicidas o autolesiones del alumnado, vigente desde octubre de 2023. Se aplica a cualquier centro sostenido con fondos públicos, como un concertado. El texto, elaborado por tres consejerías (Desarrollo Educativo, Salud e Inclusión Social, con la colaboración del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental) pone especial énfasis en la detección temprana de estos casos potenciales. “El papel del centro educativo debe centrarse en la sensibilización de la comunidad educativa, la detección temprana de posibles situaciones que requieran la elaboración de planes individualizados de seguimiento y protección y, en su caso, la derivación a los servicios de salud”, señala la guía de aplicación.

Irlandesas Loreto tampoco habría activado el protocolo contra el acoso escolar, donde recoge la obligación de cualquier miembro de la comunidad educativa de poner los casos o sospechas de acoso en conocimiento del tutor o tutora, del equipo directivo o de los orientadores.

Tras esa comunicación, debe producirse una reunión con los alumnos afectados de la que debe quedar constancia escrita. En caso necesario, pueden adoptarse medidas de urgencia para proteger a la persona agredida. Con toda la información (documentación, observación directa, testimonios), el director o directora debe elaborar un informe y remitirlo a la Inspección Educativa. El proceso debe servir para “garantizar la protección del menor”, “actuar de manera inmediata” y “generar un clima de confianza básica”.  

En paralelo, también el Defensor del Pueblo Andaluz ha activado una investigación de oficio, según ha confirmado el propio Jesús Maeztu, quien se ha mostrado sorprendido por la “falta de respuesta del protocolo” ante las quejas de la madre por el posible acoso. El Defensor del Pueblo ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. “Los protocolos tienen que funcionar”.