Más de un centenar de análisis revelan que el Gobierno de Murcia y Tragsa sellaron el depósito minero de El Lirio con tierra contaminada

Un total de 149 análisis de laboratorio realizados en la cubierta de sellado del depósito minero El Lirio, en Cartagena, cuya restauración ambiental concluyó en 2024 a cargo del Gobierno de la Región de Murcia y de la empresa pública Tragsa, evidencian que se utilizó en las obras una capa de tierra vegetal contaminada por metales pesados. Así lo constatan especialistas en suelos contaminados y edafología consultados por elDiario.es.

Los ensayos revelan que los tóxicos más abundantes en dicha tierra, que abarca una superficie de más de 70.000 metros cuadrados, y sobre la que se han sembrado 52.000 plantas, son plomo (Pb), arsénico (As) y manganeso (Mn), los tres en cantidades que sobrepasan —y multiplican— los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la comunidad murciana. El Lirio se encuentra protegido por la Red Natura 2000, y esta circunstancia supone un riesgo para un ecosistema de alto valor ecológico.

Este periódico ha tenido acceso, asimismo, a informes preliminares de la tierra efectuados por Tragsa antes de que ésta fuera suministrada, que arrojan valores de hasta 767 miligramos por kilogramo de plomo (mg/kg) —cuyo nivel de seguridad está fijado en 115 mg/kg—, de 36,1 mg/kg de arsénico —su umbral seguro es 13— y de 1190 mg/kg de manganeso —con NGR 600—. 

Estos datos de la tierra eran conocidos por la Administración autonómica y la mercantil estatal con carácter previo a su utilización en el sellado. Por ella se pagó, tal y como figura en los pliegos y contratos del proyecto, un total de 313.950 euros, a precio de material “de primera calidad”.

“Esa tierra no puede utilizarse en ninguna remediación”

Para Jordi Sierra, investigador de suelos contaminados de la Universidad de Barcelona, “es inconcebible que se restaure un emplazamiento tan delicado como un vertedero de estériles mineros con materiales que contienen una contaminación tan fuerte”.

La capa de sellado presenta, además, una cantidad inabarcable de escorias de la fundición del plomo, un residuo cargado de metales pesados sometidos a procesos de liberación con el paso del tiempo. Las especies vegetales plantadas como parte final de la regeneración del depósito están creciendo a día de hoy junto a este tipo de fragmentos. El sellado de El Lirio fue catalogado por el consejero de Medio Ambiente autonómico, Juan María Vázquez, el pasado 14 de febrero, como “la mayor restauración minera de España”.

Una escoria de la fundición del plomo sobre la tierra vegetal de la cubierta de sellado de El Lirio. Se trata de residuos de la antigua industria minera que liberan metales pesados a su alrededor / Fotografía tomada en octubre de 2025

“Esa tierra no puede utilizarse, bajo ningún concepto, en un trabajo de remediación ambiental”, opina, por su parte, el profesor de Edafología de la Universidad de Granada Francisco José Martín.

Los resultados de los ensayos de la cubierta vegetal que certifican su toxicidad forman parte de un informe pericial encargado por Tragsa a Sedwick Iberia, bajo una orden del propio Ejecutivo autonómico, después de que este periódico publicara el pasado 11 de febrero una investigación sobre la contaminación del suelo que se había utilizado para rehabilitar el vertedero. El documento, al que ha accedido esta redacción, fue entregado en sede judicial en julio. Previamente, en abril, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena había incoado diligencias previas de investigación al admitir indicios incriminatorios contra la Administración regional y la empresa pública tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

En la cuenca vertiente del Mar Menor

La mayoría de las 149 muestras de la cubierta recogidas en el pericial presentan niveles de toxicidad ampliamente superiores a los NGR establecidos en el Proyecto de Decreto de NGR de la Consejería de Medio Ambiente de 2025. En concreto, a los valores referentes a ‘otros usos’ del suelo, los más restrictivos, al estar El Lirio en un sistema montañoso protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, y al estar regulado como “suelo de protección ambiental” por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales murciano (PORM), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. 

El depósito, además, se ubica en la cabecera de la rambla de la Carrasquilla, en plena cuenca vertiente del Mar Menor: el principal objetivo de las obras de restauración era proteger a la laguna salada de recibir metales pesados con la lluvia y el viento.

Con fondos europeos

El importe de dinero público ejecutado para acometer la remediación del depósito fue de 6,2 millones de euros. Cuatro de esos millones llegaron vía subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y 843.000 euros fueron inyectados a través de fondos europeos. El resto fue pagado por el Gobierno regional, promotor, supervisor y responsable último del proyecto.

Entregadas por la constructora González Soto S.A., los miles de toneladas de tierra vegetal ponen en evidencia la “gravedad” de que, actualmente, afirma el edafólogo José Matías Peñas, “una instalación minera identificada como peligrosa que contaminaba de metales pesados todo cuanto estaba a su alrededor siga haciéndolo tras ser sellada con un material también contaminado por metales pesados”.

Tierras en origen por encima de límites industriales

El Real Decreto 09/2005, por el que se establecen criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, define NGR como “concentración máxima de una sustancia contaminante que no conlleva riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas”. En la Región, para ‘otros usos’ del suelo, el NGR de plomo está fijado en 115 mg/kg, el de arsénico en 13 y el de manganeso en 600.

Una serie de analíticas demuestran que la tierra vegetal seleccionada por González Soto ya estaba contaminada antes de utilizarse en la obra. En febrero de 2024, como paso previo a llevarla a El Lirio y completar la capa de sellado, compuesta también por geotextiles, gravas y arcillas, un análisis efectuado por Tragsa en un laboratorio acreditado halló cantidades de 767 mg/kg de plomo y 36,1 mg/kg de arsénico. Se multiplicaban por siete los niveles seguros del primer tóxico y por casi tres los del segundo. El arsénico incluso superaba su umbral tolerable de uso industrial, fijado en 30 mg/kg. El material iba repleto, aparte, de escorias de la fundición, trozos de asfalto, bloques de hormigón y escombros.

Las especies vegetales plantadas en El Lirio crecen junto a las escorias / Fotografía tomada en octubre de 2025

Las tierras fueron elegidas, según la documentación facilitada al juzgado por la empresa pública, de seis fincas del Campo de Cartagena. En esos ensayos previos aparecen también magnitudes de 209 y 357 mg/kg de plomo, 15 de arsénico y 1120 de manganeso.

“No es admisible que a estos suelos se les llame de primera calidad, cuando, precisamente, se pretende eliminar el impacto ambiental de un vertedero minero. Esos niveles de metales pesados indican que se han utilizado tierras contaminadas, o que se han mezclado residuos contaminantes con otros materiales y se han depositado en el sellado”, explica Jordi Sierra.

“Da la impresión de que se ha hecho una mezcla de suelos de distintas fincas, unas más contaminadas que otras, para diluir las concentraciones de metales pesados de tierras con valores más altos de contaminación. Es evidente que no son, en ningún caso, de primera calidad”, determina, en el mismo sentido, Francisco José Martín.

Triplicando el NGR de plomo

En enero de 2025, una vez asentada la tierra sobre la superficie ya aparentemente restaurada del depósito, Tragsa llevó a laboratorio otras 16 muestras. De toda ellas, 15, el 94%, sobrepasan el NGR de plomo, con valores de hasta 373 mg/kg, más del triple del límite seguro. El 100% supera el nivel permitido de manganeso, con cifras máximas de 1940 mg/kg. 

En marzo, como parte de la auditoría ordenada por el Gobierno regional, la empresa pública encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) que hicieran sus respectivos análisis de la cubierta. La UPCT realizó 44 ensayos, con números de plomo de hasta 295 mg/kg. La UAM llevó a cabo 39 muestreos, de los cuales el 48% supera el rango permitido de arsénico y el 61% el de plomo, con cantidades que alcanzan los 360 mg/kg. El CEBAS-CSIC recolectó 50. La mitad de ellos supera el nivel de referencia de arsénico, con máximos de 27 mg/kg. El 84% excede el de plomo, con guarismos totales de 406 mg/kg.

Este tipo de fragmentos tóxicos emerge de la tierra con el paso del tiempo por acción de la erosión eólica e hídrica / Fotografía tomada en octubre de 2025

“Esos suelos se deberían declarar, de manera oficial, como potencialmente contaminados. Todos los datos de los análisis nos dan una idea del posible riesgo que pueden tener con el paso del tiempo. Se trata de valores anómalos que no deberían estar ahí. Las tierras utilizadas en restauraciones de este tipo deben tener buenas propiedades para que no se generen problemas a corto plazo”, incide Martín.

“Lo que se debería hacer ahora es sustituir, inmediatamente, esos materiales por otros limpios para eliminar el riesgo ambiental. Nunca antes había visto utilizarse un terreno así para sellar un lugar contaminado. Cualquier suelo limpio, cualquier tierra de cultivo decente, no daría ni de lejos esos niveles de metales y metaloides”, apunta Sierra.

Fuentes consultadas de Tragsa se limitan a afirmar, a preguntas de este diario, que “los datos de los informes validan que la tierra vegetal es apta para el uso dado”, sin entrar en más detalles.

Un suelo plagado de escorias

En el pericial de la mercantil pública se rechaza una y otra vez, asimismo, la presencia de escorias de la fundición del plomo, que saltan sin embargo a la vista a lo largo de la capa de sellado. “Tanto en la inspección como en las campañas de muestreo, la tierra vegetal presentó una apariencia sana y natural”, certifica el documento. UPCT, UAM y CEBAS-CSIC también niegan haber visto fragmento alguno.

Pero las escorias brotan cada pocos metros en El Lirio. Tienen un color negro muy característico y surcos que recuerdan a la lava solidificada. José Matías Peñas afirma que con el paso de los meses irán descubriéndose todavía más por acción de la “erosión hídrica y eólica”, y que éstas se verán sometidas a “procesos de meteorización que incrementará la carga de metales pesados del suelo”.

La tierra contaminada, dirección Mar Menor

“En la actualidad”, continúa Peñas, “ya se observa cómo, ante episodios de lluvia, la tierra se erosiona y es transportada por escorrentía a la rambla de la Carrasquilla. Esto provoca la contaminación de las aguas y los terrenos a lo largo de su recorrido hacia el Mar Menor”. En El Lirio, tras las precipitaciones recientes, la cubierta presenta signos evidentes de haber sido removida por el agua. El barro y los sedimentos se acumulan en las canalizaciones y las arquetas, y también aguas abajo, en el lecho del cauce.

Las canalizaciones construidas en el depósito durante el proyecto de restauración presentan restos de tierra erosionada que va a parar a la rambla / Fotografía tomada en octubre de 2025

Los estudios preliminares mencionan que el viento y el transporte biológico de los metales pesados a las especies vegetales eran los otros dos principales riesgos que el depósito minero exponía al entorno natural. Esos problemas, según el edafólogo, no se han eliminado. “La erosión es evidente que se está produciendo, y, con la vegetación introducida en la capa de sellado, se iniciará la transferencia de contaminantes desde el suelo hacia las plantas, lo que facilitará la entrada de los metales pesados en la cadena trófica”.

Prohibido el uso industrial

El Gobierno de la Región de Murcia y Tragsa argumentan la defensa de la calidad de las obras, en los documentos aportados al juzgado, en torno a la premisa de que el suelo de El Lirio presenta un uso de tipo industrial, y ese dictamen es avalado tanto por la Dirección General de Minas —encargada de la supervisión del sellado— como por la consejería de la que depende, la de Medio Ambiente. Es necesario recordar que los NGR de ‘uso industrial’ son mucho más laxos que los de ‘otros usos’, por lo que los baremos que arroja la tierra vegetal, en la mayoría de casos, estarían por debajo del límite.

Pero en los informes redactados por el propio Ejecutivo murciano antes del comienzo de la restauración, en concreto el proyecto y el estudio de impacto ambiental del mismo, se hacen múltiples referencias al “uso forestal” del terreno de El Lirio, a su protección biológica, a su localización dentro del PORN regional, al LIC y a la Red Natura 2000. El uso industrial no sería legal según estos mismos documentos. A su vez, el acuerdo rubricado entre la Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años vista.

La tierra vegetal suministrada en la remediación de El Lirio debía ser, atendiendo a los pliegos contractuales, una tierra “de primera calidad, rica en materia orgánica y minerales para el correcto desarrollo de las plantas”. Pero ha resultado ser un aglomerado de escorias y tóxicos que sobrepasan las cantidades establecidas legalmente como seguras, y nadie encargado de la supervisión de los trabajos se percató de ello, a pesar de haber realizado análisis previos que alertaban de una alta presencia de metales pesados.

La clave del caso radica ahora en las próximas decisiones que tome la jueza. Está por encargar un informe pericial a la Guardia Civil, tal y como explicó en un auto el pasado abril.

Ninguna de las peticiones que elDiario.es ha hecho a la Consejería de Medio Ambiente para recoger su versión de los hechos ha sido respondida.