Los barracones vacíos de Meloni: el plan de Italia de descargar migrantes en Albania se estanca tras su primer año

Los barracones vacíos de Meloni: el plan de Italia de descargar migrantes en Albania se estanca tras su primer año

El rechazo de los tribunales y las críticas por la vulneración de derechos y el elevado costo del proyecto resta potencia al mecanismo, que los críticos ven como una maniobra propagandística del Ejecutivo ultraderechista

Varapalo de la Justicia europea a Meloni: obliga a que los jueces supervisen las deportaciones a terceros países

Con 16 hombres de Bangladesh y Egipto a bordo, el buque Libra de la Marina italiana llegó hace un año al puerto albanés de Shëngjin. Embarcados en la ruta del Mediterráneo para alcanzar Italia, los migrantes habían sido interceptados en alta mar y llevados a Albania. Comenzaba así a aplicarse el polémico plan de traslado forzoso de migrantes a centros cerrados en suelo albanés patrocinado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni. Un año después, el plan languidece, embarrado entre pleitos judiciales y el rechazo de los críticos, que cuestionan su respeto de los derechos humanos y su elevado coste.

El ‘Modelo Albania’ zozobra pese a la tolerancia de las altas instancias europeas —la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, hablaba entonces de “aprender” de la experiencia. Las estructuras que Italia alzó en el noreste del país balcánico (un espacio de recepción en el puerto de Shëngjin y un centro de retención en la localidad de Gjäder) están casi vacías, lo que quita fuelle al uso propagandístico que le dio a la iniciativa la coalición de Meloni, interesada en presentarse como referente antimigración en Italia y Europa.

“Estos centros son como una catedral en el desierto, un despilfarro de recursos públicos y un despliegue de fuerzas de seguridad absurdo”, asegura Valentina Calderone, garante de los derechos de las personas privadas de libertad en Roma —un cargo público municipal independiente— y experta en derechos humanos, que en julio emprendió una misión para supervisar las condiciones de los centros albaneses, donde solo había internadas 27 personas. Ya a inicios de octubre quedaban retenidos apenas 17 migrantes, según algunas informaciones. La oposición pide que los centros de Albania cierren. Una ola de recursos, sucesivos fallos de las cortes italianas y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) bloquean por ahora su viabilidad

Un plan atascado

“Los centros no cerraron, pero tampoco funcionan plenamente porque el plan está estancado”, indica Francesco Ferri, analista y miembro de la ONG Action Aid en Italia. Esta herramienta de retención pretendía aumentar las deportaciones, pero no lo logró, según destaca: “Las personas trasladadas y retenidas en Albania han sido pocas, y las repatriaciones también”. La migración irregular por el Mediterráneo, de la que se pretendía disuadir con el anuncio, tampoco ha disminuido en este último año. 

El sistema de Albania —rubricado en 2023 por Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama— se basa en mandar directamente al país balcánico a migrantes varones, mayores de edad, sanos y procedentes de países considerados seguros, con pocas opciones de obtener asilo. Antes de que pisaran territorio italiano, debían ser interceptados en aguas internacionales, e Italia los enviaría a su centro de Gjäder, construido en los terrenos de una base aérea de la época comunista cedidos por Albania.

En esta estructura cerrada, formada por compartimentos prefabricados con capacidad para casi 900 personas y ampliamente vigilada, los migrantes debían ser retenidos para un proceso acelerado de gestión de solicitudes de asilo y deportación, que se ha topado con una firme respuesta judicial. “La razón base del plan —interceptar migrantes en aguas del Mediterráneo y llevarlos a Albania— fue desmontada por la Justicia, que declaró que no se ajusta al derecho internacional”, indica Serena Chiodo, experta en migración y miembro de Amnistía Internacional en Italia.

Tres intentos fallidos

En el primer traslado de hace un año, los migrantes apenas estuvieron 72 horas en Albania. El Tribunal de Roma alegó que sus países de origen —Bangladesh y Egipto— no podían ser considerados “seguros” según el derecho europeo. Por esta razón, la Justicia anuló las detenciones, ordenó el traslado a Italia de los migrantes y remitió el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La resolución desató la ira de la coalición de Meloni, que acusó a los jueces de inmiscuirse en atribuciones políticas del Gobierno.

Para sortear la Justicia, el ejecutivo italiano blindó por ley la lista de países seguros, en la que incluyó a Egipto y Bangladesh. Aun así, la Justicia volvió a rechazar los dos siguientes intentos de trasladar a migrantes a Albania —en noviembre de 2024 y enero de 2025. De nuevo, los centros de retención quedaron vacíos.

La estocada final al Modelo Albania fue el esperado fallo del TJUE en agosto. La corte europea dictaminó que un país solo puede considerarse seguro si lo es en todo su territorio y para todos sus ciudadanos. También avaló que los Ejecutivos pueden designar qué países ven seguros para repatriar a migrantes —como hizo Italia—, pero determinó que esto puede estar sujeto a control judicial. En la práctica, esto implica que la Justicia italiana puede seguir interviniendo, lo que mantendrá el mecanismo bloqueado al menos hasta mediados de 2026, cuando entre en vigor el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

Tras el fallo, el Ejecutivo acusó al TJUE de invadir “competencias que no le corresponden” y aseguró que buscaría vías “técnicas y regulatorias” para mantener el proyecto.

Meloni no se rinde

Pese a ello, Meloni no se rinde. La dirigente espera la implementación el próximo año del pacto europeo de migración —que refuerza la externalización migratoria en terceros países— para reactivar el plan y, entretanto, mantiene activas las instalaciones albanesas. “Son útiles”, y “un primer ejemplo de lo que Europa intenta consolidar”, insistió en septiembre el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

El Gobierno modificó en primavera el uso de los centros en Albania para enviar ahí a migrantes en Italia con órdenes de expulsión, internados en los CPR (Centros de Permanencia para la Repatriación, similares a los CIE españoles). Muchos lo vieron como un paso para evitar dejar vacíos los centros albaneses, pero no una necesidad real. Entre abril y principios de agosto pasaron por la instalación albanesa 140 personas.

La mayoría fueron retornados a Italia porque no se prorrogó su detención por motivos de salud o porque se les concedió el asilo. Solo a 37 se les repatrió a su país. Sin embargo, la ley indica que los migrantes deben ser primero devueltos a Italia para su deportación. “Muchas personas fueron llevadas de Italia a Albania, y después se les hizo recorrer el camino inverso para ser repatriadas”, cuenta la garante Calderone, que abunda en el “sinsentido” de estas operaciones, que cree que solo aumentan el sufrimiento de los afectados por el afán “propagandístico” del Gobierno.

“Vimos escenas impactantes en Albania. En abril, las primeras personas enviadas desde Italia fueron trasladadas con las muñecas atadas con bridas. Esta escenificación es parte del objetivo del Gobierno: mostrar firmeza y mano dura contra la migración”, comenta Ferri, también integrante de la Mesa Asilo y Migración (TAI), una red que aglutina decenas de entidades de la sociedad civil italiana que siguen de cerca la situación.

“Un modelo autoritario”

El Plan Albania se ha convertido en “un modelo de autoritarismo donde se ponen a prueba formas de poder posdemocrático”, como parte de “un mecanismo más amplio de reestructuración de la frontera”, según un informe de la Mesa de julio. Esto “representa un nuevo impulso para una frontera fortificada, móvil, desterritorializada, inmune a las obligaciones legales y al escrutinio público”, asegura el documento.

A ello se añade la opacidad de las autoridades. “Muchos migrantes fueron trasladados de un país a otro como si fueran paquetes, sin motivo declarado” y de forma “aleatoria”, denuncia Serena Chiodo. “A algunos les despertaron en plena noche, y solo cuando llegaron a Albania entendieron que estaban ahí”, sin poder ponerse antes en contacto con sus abogados o familiares para avisar. Todo ello en “un contexto de violación de derechos al que se suman otros problemas como la falta de información”, concluye la experta de Amnistía Internacional.