Antifraude pide anular otra permuta de la Policía Local tras una denuncia por compraventa de plazas en municipios valencianos
El organismo, que no aborda si los agentes realizaron un intercambio monetario, certifica que no constan informes que avalen el cambio de sus puestos de trabajo
Más de 30.000 euros por una plaza: el mercado negro de las permutas de la Policía Local de València
La Agencia Valenciana Antifraude vuelve a reclamar la nulidad de una permuta de Policía Local tras una nueva denuncia por compra de las plazas. En una resolución publicada el 29 de noviembre, correspondiente a una denuncia de 2023, el organismo certifica que no se dan los criterios para que las resoluciones sean válidas.
El organismo de prevención del fraude sigue sin entrar al grueso del asunto, si hubo intercambio monetario o no, al no tener competencias para requerir esta información a los agentes denunciados.
Se limita a abordar la validez de los acuerdos de dos ayuntamientos, que tampoco se identifican. Según el escrito, se recibe denuncia sobre una “presunta retribución económica entre los agentes implicados cuando además se da la circunstancia de que uno de ellos está a punto de jubilarse” y sobre un “presunto fraude de ley por omitirse en los informes técnicos la normativa correspondiente”.
El ente constata que las administraciones locales no aplicaron las previsiones recogidas en el artículo 76.5 del Decreto 3/2017 de 13 de enero, del Consell “sin que además conste en los citados acuerdos la motivación de acudir a dicho sistema excepcional y las concretas razones de interés público y del correcto desarrollo del servicio”, es decir, ni informes sobre la trayectoria de los agentes ni justificación de la necesidad de cambiar las plazas.
Además, añade Antifraude, constata “la ausencia del informe preceptivo favorable de la secretaria municipal en los expedientes de permutas referidos regulado en el artículo 76.5 e incumplimiento del requisito de permanencia recogido en el artículo 76.3 del Decreto 3/2017 por los funcionarios permutantes que procedieron a la jubilación inmediata tras la toma de posesión en los municipios de destino”.
En activo, al menos un año tras el traslado
Las permutas han de justificarse y los agentes cumplir requisitos, como no haber participado en una permuta en los últimos 10 años y mantenerse un año en activo después del traslado.
El caso es muy similar a otro reciente en el Ayuntamiento de València, donde la venta de plazas de policías próximos a la jubilación ha sido una constante. El consistorio dirigido por PP y Vox, con María José Catalá al frente, ha decidido limitar las permutas a casos de conciliación familiar, después de denuncias sobre el mercado negro de plazas. Sin embargo, el consistorio rechazó revisar las permutas cuestionadas por Antifraude y consideró que, de producirse un pago, es un asunto entre particulares.
