Un derecho irrenunciable

El derecho a la interrupción voluntaria de su embarazo que tienen todas las mujeres está reconocido en el frontispicio de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de 2023, actualmente vigente en España, fruto del consenso social asentado a lo largo de la democracia y resultado de una larga lucha de las feministas. La propia norma, que tiene el máximo rango porque se deriva de nuestra Constitución, se explica en su preámbulo como la aplicación de convenciones internacionales suscritas por nuestro país. Además, recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “relaciona la salud sexual y reproductiva de las mujeres con los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la educación y a la prohibición de discriminación”. Es potestad irrenunciable de las mujeres decidir sobre sus cuerpos y derechos reproductivos dentro de la ley. Un hito alcanzado para todas gracias a feministas que, como Carlota Bustelo -que acaba de dejar el planeta que habitamos-, han peleado durante el franquismo y desde los inicios de la democracia para que ahora la mitad de la población pueda elegir.

Está claro que al reclamar la decisión de abortar en el marco de la legislación vigente no estamos hablando de un mero servicio sanitario y mucho menos de un capricho o un exceso indeseable, como insinúa la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso. Cuando la lideresa madrileña les dice a las mujeres -nada menos que en sede parlamentaria-: “¡Váyanse a abortar a otra parte!”, se está retratando con todos sus atributos dictatoriales, que dan la medida de su estatura política y moral. No nos engañemos, con Ayuso no se dirime una cuestión de principios porque ya la hemos visto cambiar de opinión sobre este asunto sin pudor alguno, a favor y en contra del derecho al aborto. No es eso. Esta última salida modelo trumpista está pensada para escandalizar y seguir en el foco mediático sin importarle las mujeres a las que intimida desde su poderoso trono de la mayoría absoluta. 

No contenta con la zapatiesta montada por el arrebato de la semana pasada, ha continuado estos días con la misma polémica en peor tono, si cabe, en la respuesta al presidente del Gobierno, cuando este le reclama el cumplimiento de la ley con la presentación del listado de objetores de conciencia en la sanidad pública de su competencia (cosa que hace sin problema para la eutanasia). Vemos aquí a una presidenta que se envuelve en la bandera de un falso feminismo para proclamar su condición femenina, reivindicar la rebelión ante las leyes y utilizar asuntos de su intimidad como recurso dialéctico en la bronca política. Causa bochorno el uso público que ha hecho en este debate de sus dos abortos espontáneos, algo que les sucede a una gran mayoría de mujeres. Pero esos hechos, que por frecuentes no dejan de ser desgraciados y dolorosos como muchas sabemos, no tienen cabida en un debate político sobre la ley para la interrupción VOLUNTARIA de un embarazo. Hablamos de otra cosa.

Cuando Ayuso expulsa de sus dominios a las mujeres que opten por el aborto, se expresa como una reina de taifa que abomina de un derecho que reconoce la ley porque quiere hacer limpieza en su territorio. Nos demuestra, una vez más, que los personajes ultras de la política se consideran dueños de sus administrados en lugar de sus servidores y se arrogan la legitimidad de elegir, en este caso, a quién consideran merecedoras de ser madrileñas. A las demás, les niega los derechos de ciudadanía arrojándolas más allá de sus fronteras como si extramuros de Madrid estuviera la escoria de los pueblos depravados. Como si no existiera una España sino únicamente dentro de los límites de la Comunidad Autónoma en la que ella quiere reinar a su antojo.

La verdad es que la escandalera está siendo muy eficaz -aunque nos resulte abominable- para paliar los efectos de la bomba que supuso de cara a la opinión pública la confesión de Miguel Ángel Rodríguez en sede judicial, donde reconoció sus mentiras en el caso por el que el novio de la presidenta madrileña ha denunciado al Fiscal General por revelación de secretos. La difusión del vídeo de la declaración del jefe de gabinete de Ayuso se derivan muchas preguntas e incluso sospechas muy inconvenientes para la presidenta, pero la tinta del calamar de la hábil lideresa lo está ocultando casi todo y, al mismo tiempo, descubriéndonos que nuestros derechos están en peligro. Se le ha visto el plumero.

El Gobierno -ya advertido por un primer y torpe movimiento del alcalde madrileño- no ha dejado pasar la ocasión para subirse a la ola del debate público sobre el aborto y colocar muy oportunamente su propuesta de blindaje de este derecho en la Constitución. De nuevo, es una reclamación del movimiento feminista que se está intentando situar en la agenda política desde que Francia tomó esta decisión en el año 2024. El país vecino es el primero que lo ha hecho en todo el mundo, con un amplísimo acuerdo al que se sumó hasta la ultraderecha de Marine Le Pen. Fue una acertada y ágil reacción de un Gabinete con mayoría de ministras ante el peligro evidente para las mujeres si gobiernan las derechas, que ya cabalgan a lomos de la ola conservadora en todo el mundo. 

La clave está en incluir en la Carta Magna y convertir en un derecho constitucional explícito la opción de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Es fácilmente deducible este extremo con la ley actual, si nos atenemos a los argumentos del Tribunal Constitucional que rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Pero también se hace muy evidente que la ultraderecha no lo interpretará así. Y de ello nos alerta la rebeldía de Ayuso a cumplir la ley, como se demuestra que en Madrid es uno de los territorios donde menos abortos se practican en la sanidad pública.

En medio de estos dos lados de la trinchera, a favor y en contra del aborto, se encuentra prisionero Núñez Feijóo que quiere alejar de su presencia tan dañina tinta de calamar y trata de buscar un espacio de centro político que ha abandonado o quizás ya no exista. Con reiteradas y confusas declaraciones intentó, sin éxito, cerrar el debate que le resulta de todo punto inconveniente porque también opaca el grave caso de corrupción que acosa al PSOE, de tremenda actualidad por el procedimiento contra Koldo, Ábalos y Cerdán.

Tanto el partido del Gobierno como el de la oposición saben que existe un amplio consenso social que respalda este derecho. Ni el PP cambió la ley cuando gobernó ni el PSOE podrá modificar la Constitución sin el voto de los populares.

Electoralmente, el voto de las mujeres está en juego en debates como este en el que se pone en duda su condición de persona, su integridad y seguridad al decidir sobre sí mismas, sus cuerpos y proyectos de vida. Todas las encuestas reflejan un fuerte aumento del voto femenino a posiciones progresistas, sobre todo, de electoras a partir de los 60 años. También se ha establecido una brecha de género importante entre los votantes más jóvenes que representan el caladero de votos a Vox, entre los que los varones son amplísima mayoría. Es la semilla que sembraron Carlota y otras feministas, que ha fructificado para que las mujeres pongamos pie en pared en defensa de los derechos adquiridos.