El expresidente murciano Valcárcel elude su responsabilidad en el pelotazo de ‘Novo Carthago’: “Yo no di el visto bueno”

El expresidente de la Región de Murcia entre 1995 y 2014, Ramón Luis Valcárcel, ha comparecido este lunes como testigo en la décima jornada del juicio del caso ‘Novo Carthago’ que investiga la recalificación ilegal de terrenos parcialmente protegidos cerca del Mar Menor para la construcción de un macrocomplejo de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo promovido por Hansa Urbana casi veinte años después. Dos de sus consejeros, los titulares de Agricultura y Obras Públicas, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, se sientan en el banquillo junto con otros cinco altos cargos del gobierno regional, imputados con los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

Valcárcel, quien fue señalado en la instrucción como figura fundamental en la tramitación del proyecto, ha eludido su responsabilidad al respecto: “Deciden el consejero, los directores generales y un buen número de funcionarios”. “Yo no di el visto bueno”, ha abundado. De hecho, solo ha reconocido saber de la existencia de ‘Novo Carthago’ cuando llegó al palacio de San Esteban, la sede del Gobierno regional, la invitación a la presentación del proyecto en 2003 en un hotel de La Manga por parte de Hansa Urbana.

Tampoco ha admitido haber formado parte de la reunión que mantuvo Hansa Urbana con Cerdá en San Esteban en junio de ese mismo año para impulsar la construcción del proyecto, ante las preguntas formuladas por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano, quien sufrió en 2016 el robo en su domicilio de un ordenador con la información del caso. El antiguo jefe del Ejecutivo murciano ni siquiera ha aceptado haber obtenido información sobre el tema por parte de la antigua alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro o de representantes de la promotora.

Lozano también quiso saber el motivo por el cual el expresidente del gobierno murciano había paralizado otra modificación urbanística previa en el saladar de Lo Poyo -que también formaba parte del macroproyecto de Novo Carthago-, a lo que Valcárcel esgrimió que se debió a “dudas políticas” y no “técnicas”.

Para Pedro García, director de la Asociación de Ecologistas del Sureste (ANSE), la acusación particular, Novo Carthago fue “un gran símbolo” del “urbanismo salvaje” de la época al tratarse de uno de los pocos proyectos en los que el propio expresidente del Ejecutivo murciano “participó en la propia presentación junto con [el golfista] Severiano Ballesteros”. “Hay que recordar que el gobierno de Valcárcel, con el consejero Cerdá durante varias legislaturas, desclasificó 11.000 hectáreas de espacios protegidos en la Región de Murcia”.

El que entonces fuera presidente de la asociación ecologista se reunió hasta en cuatro ocasiones con Valcárcel para advertirle del “Mar Menor y sus problemas, incluidas estas urbanizaciones”.

El expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel comparece como testigo en el ‘caso Novo Carthago’ en la Audiencia Provincial de Murcia

“Si la justicia hubiera funcionado más o menos rápida, seguramente muchísimas de los de las pujas descomunales en el sector urbanístico de muchos bancos y cajas no habrían sucedido”, ha señalado García.

Un informe a favor y otro en contra

Este proyecto de presunta corrupción urbanística tuvo lugar a partir de 2006 cuando se inició la investigación de la denominada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que iba a afectar a espacios naturales como el Saladar de Lo Poyo, clasificado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA), entre otras figuras.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue emitida favorablemente, a pesar de los informes técnicos negativos. Así, las modificaciones que se realizaron en el PGOU y en el PORN en 2003 tenían supuestamente la pretensión de suprimir la protección de los terrenos afectados.

“En lugar de encargarle que hiciera el informe a la persona responsable de las autorizaciones ambientales de la Consejería, se lo piden a otra o, incluso, lo hace el mismo director general, lo cual, es algo atípico”, ha apuntado a este periódico con respecto a los informes de la DIA el abogado de ANSE, José Manuel Muñoz. “Había dos informes: uno favorable y otro en contra y eligen el que estaba a favor”.

La Fiscalía pide para el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación. Para el antiguo titular de Obras Públicas y también fue delegado del Gobierno entre 2011 y 2015, el ministerio público solicita seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Caso ‘Desaladora’

Valcárcel se enfrenta a otro proceso judicial en Murcia por presunta corrupción en la construcción y explotación de la planta desalinizadora de Escombreras (Cartagena), en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. El juicio oral comenzará en septiembre de 2027, con 21 sesiones previstas y la comparecencia de unos 80 testigos.

El Ministerio público pide para el expresidente penas que suman 11 años y medio de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial. La acusación popular elevó la petición a 15 años de cárcel  por los delitos de fraude y malversación y otros 15 de inhabilitación. La fianza impuesta al expresidente murciano es el montante que supuso el sobrecoste de la desaladora, 74 millones de euros.

El caso investiga un presunto fraude de 600 millones relativo a la construcción de la desaladora de Escombreras dentro de un entramado societario que buscaba dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.