Trabajo multa con 140.000 euros a una empresa hortícola por obstrucción: «Los temporeros desaparecieron»
La Inspección visitó una explotación agraria en Murcia donde había quince trabajadores, de los cuales once huyeron y la empresa no los identificó, una infracción muy grave
La Inspección de Trabajo afloró más de 92.600 empleos de la economía sumergida en 2024
El pasado noviembre, la Inspección de Trabajo se presentó en una explotación agraria en Murcia donde había 15 temporeros trabajando. De repente, “once desaparecieron”, afirman fuentes conocedoras de las pesquisas. Los trabajadores abandonaron el lugar para no ser identificados y la empresa tampoco lo hizo a posteriori ante la autoridad laboral, una práctica que se considera una infracción muy grave por obstrucción a la labor de la Inspección, que ha sancionado a la compañía con una multa en su grado máximo de 140.000 euros.
La multa, que ha pasado este martes por el Consejo de Ministros, es la segunda en cuestión de meses del mismo tipo en los campos de Murcia, donde abundan los trabajadores migrantes, en muchas ocasiones en contextos de explotación y mucha precariedad. El modus operandi es el siguiente: la Inspección visita una explotación agraria, los trabajadores huyen para evitar su identificación y las empresas responsables después tampoco aclaran quiénes eran, ni presentan ninguna documentación de los temporeros.
En esta actuación de noviembre, de los 15 temporeros que había trabajando, once abandonaron a toda prisa el puesto de trabajo, cuatro permanecieron en el lugar y tan solo uno de ellos se identificó con la documentación correspondiente, según ha podido saber elDiario.es. El trabajador que aseguró ser el encargado de la cuadrilla dijo que no podía identificar a los trabajadores, ni disponía de su documentación.
Solo unos meses antes, en marzo, los inspectores de trabajo se toparon con una secuencia casi calcada, también en Murcia, según fuentes conocedoras de ambos casos. En esta ocasión, la Inspección detectó a 14 temporeros trabajando en una finca agrícola. De ellos, diez abandonan la explotación sin facilitar ningún dato que permitiera comprobar su identidad y otros cuatro dieron sus nombres, pero sin mostrar ninguna documentación identificativa.
En esta finca, la encargada de la cuadrilla manifestó que era el primer día de todos los trabajadores, que “todos ellos estaban a prueba” y que no sabía el nombre de ninguno de ellos. Más adelante, la empresa no atendió el requerimiento de facilitar la información pertinente. La Inspección de Trabajo impuso también en esta caso una sanción de 140.000 euros por obstrucción a su labor, indican las mismas fuentes a elDiario.es.
La obstrucción inspectora es una infracción muy grave
El hecho de que una empresa se niegue a identificar a sus trabajadores constituye “una obstrucción a la labor inspectora”, una infracción laboral considerada “muy grave”, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
En concreto, el artículo 50 de la norma contempla en su apartado cuatro que se consideran una infracción muy grave “las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad”.
Cuando la obstrucción de las empresas impida que los inspectores comprueben la situación de alta de los trabajadores y el incumplimiento de varias obligaciones laborales de los empresarios, la ley prevé sanciones entre los 12.000 euros, en su grado mínimo, y los 225.018 euros, en su grado máximo.
En este último caso detectado en el campo murciano que ha pasado hoy por el Consejo de Ministros, la sanción se ha impuesto en su grado máximo al apreciarse como criterios agravantes de la infracción tanto el número de trabajadores afectados (14), como por el perjuicio causado a las personas trabajadoras y en materia de recaudación a las arcas públicas.
Máximo de 27 millones en multas en 2024
En 2024, la Inspección de Trabajo detectó 5.058 infracciones por obstrucción a su labor, que sancionó con multas por un total de 27 millones de euros, un máximo de la serie histórica, según los datos desde 2001 de las memorias anuales difundidas por el organismo público consultadas por elDiario.es.
En concreto, en los últimos años se ha producido el mayor incremento en las sanciones a empresas por obstrucción, con multas de 14,5 millones en el año 2021, de 21,7 millones en 2022, de 24,4 millones en 2023 y 27,3 millones el año pasado.
