El PP bloquea el plan del Gobierno para revisar los cribados de cáncer de toda España

La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha llevado al Gobierno central a reclamar a las comunidades autónomas toda la información sobre la detección precoz de esa dolencia, además de cérvix y colorrectal. Pero el plan de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha chocado con el rechazo coordinado de las regiones que gobierna el PP. Todas se niegan a colaborar con argumentos calcados y frases repetidas literalmente en todas las cartas de respuesta que han llegado en las últimas horas. Desde el Gobierno responden al bloqueo de los datos: “¿Acaso no son buenos?”.

La primera de las respuestas que llegó a Sanidad fue la de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. “Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular disponen desde hace tiempo de programas consolidados, basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o superiores a los estándares europeos”, apunta la misiva, que firma la consejera, Fátima Matute.

La frase se replica literalmente en las cartas de regiones como la Comunitat Valenciana o Galicia, lo que indica una coordinación entre los consejeros de Sanidad. Fuentes del PP de diferentes gobiernos autonómicos reconocen a elDiario.es que los diferentes responsables han hablado entre ellos y han puesto “en común” su respuesta. Las mismas fuentes rechazan que haya habido ninguna “directriz” desde la dirección nacional del PP, algo que niegan también en el equipo más próximo a Alberto Núñez Feijóo. “Todos tienen plena autonomía para responder a este gobierno”, apuntan desde Génova, donde enmudecen ante la evidencia de las frases replicadas en las diferentes misivas.

La coordinación en el rechazo a las propuestas de Sanidad es evidente, pero también la literalidad de las excusas planteadas. El Ministerio asegura en la carta remitida a todas las comunidades que la “efectividad de los cribados radica en un seguimiento escrupuloso del buen funcionamiento de todos los eslabones de la cadena de detección, alerta y seguimiento”. Por ello, reclama una recopilación de una serie de indicadores desde hace cinco años, “siempre que sea posible”. 

Sanidad se dirige expresamente a Andalucía para exigir “los informes elaborados o en elaboración que permitan tener constancia de la magnitud del problema” que se ha detectado en la región, además de ofrecer “la colaboración y apoyo técnico que sea preciso”. Este martes las víctimas del cribado de cáncer han acusado al Gobierno andaluz de manipular historiales para borrar la palabra “sospechoso” y ser sustituido por el término “probablemente benigno”. El SAS ha respondido que tenían “un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación ClicSalud+” en momentos puntuales que ha producido “una incidencia técnica que impide acceder temporalmente a imágenes e informes”.

Ayuso marca el paso

Las respuestas comenzaron a llegar el pasado lunes, con Madrid a la cabeza. Una vez más, Ayuso ha marcado el paso a las demás regiones que gobierna el PP. 

Los consejeros niegan la información porque “los programas de cribado poblacional son competencia exclusiva de las comunidades autónomas” que se ha desarrollado con “autonomía, profesionalidad y éxito contrastado”. Según Madrid, los resultados son “equiparables o superiores a los estándares europeos”, una idea que replican las demás comunidades en sus escritos. Para las comunidades del PP, la “maniobra” de Sanidad es “un riesgo innecesario para la credibilidad de programas preventivos que funcionan y salvan vidas”.

Galicia y la Comunitat Valenciana también replican a Sanidad en términos similares a los de Madrid, y señalan que “el propio Ministerio no ha concluido el desarrollo del sistema informático necesario para la recopilación y carga de los datos solicitados”.

Todas las misivas remitidas justifican su negativa en un correo electrónico del pasado mes de agosto en el que Sanidad informaba de que no se ha aprobado definitivamente el documento consensuado con las comunidades para homogeneizar la información, y que recoge precisamente los indicadores que ahora el ministerio reclama con urgencia. 

Pero el motivo, tal y como reconoce el PP en sus cartas, son “las dificultades técnicas manifestadas por varias comunidades autónomas”. Este retraso ha motivado que Sanidad no haya “concluido el desarrollo del sistema informático necesario para la recopilación y carga de los datos solicitados”. Pero por eso precisamente se solicita a las comunidades que informen por esta vía.

En las cartas, las comunidades autónomas del PP aprovechan para echar en cara a Mónica García la “falta de médicos”, la “insuficiente financiación” de determinados planes de ámbito estatal y que no haya pactado un “Estatuto Marco” con los profesionales sanitarios, lo que ha provocado protestas en el sector.

Andalucía consulta a sus abogados

Todas las comunidades del PP han negado remitir la información solicitada, pero no todas han esgrimido los argumentos pactados. Regiones como La Rioja o Cantabria han limitado sus críticas políticas y han optado por hacer más hincapié en los motivos técnicos. Y desde la comunidad señalada en las últimas semanas, Andalucía, se niega a Sanidad no solo la información de los cribados, sino los informes realizados en las últimas semanas por la crisis de los cribados erróneos de cáncer de mama.

“Hemos trasladado la cuestión a nuestros servicios jurídicos, con el fin de determinar la naturaleza del requerimiento y proceder conforme a lo establecido legalmente”, apunta la misiva que firma el nuevo consejero, Antonio Sanz, mano derecha de Juan Manuel Moreno que acumula, además, las carteras de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El Gobierno pone en duda los datos autonómicos

La respuesta del Gobierno llegó desde la mesa del Consejo de Ministros. La portavoz, Pilar Alegría, ha sostenido que “las mujeres tienen el derecho de saber si las comunidades autónomas les están prestando este derecho fundamental”, en referencia a los cribados.

Desde Sanidad, Mónica García aseguró este martes en una entrevista en TVE que la negativa del PP “es una declaración explícita de que los datos son malos” porque “la falta de transparencia es un modo de incompetencia”. “Cuando Madrid dice que fiscalizamos, solo damos transparencia a un problema que surgió en la Andalucía de Moreno Bonilla, que ha creado alarma social y desconfianza hacia todos los programas de cribado”, apuntó.

García ha reprochado al PP creerse “que los datos son suyos”. “Pertenecen a la ciudadanía. Vamos a seguir insistiendo y usando todas las herramientas legales y administrativas, como hicimos con el registro del aborto”.

Ante la posibilidad de un plante sostenido, Mónica García ha dicho que las comunidades tienen un plazo de unos veinte días para responder. En caso contrario, ha concluido, el Gobierno acudirá a los tribunales.