Contra el racismo, inmigrantes, ¡bienvenidos seáis!

Ante los constantes insultos y descalificaciones que sufren constantemente por parte de la derecha y, en particular, por la extrema derecha, resulta más que necesario valorar y resaltar la trascendencia que tiene para nuestro país la presencia de los inmigrantes entre nosotros. Un dato que debe conocerse, como introducción: en 2024, según la Encuesta de Población Activa, un 58% de la población extranjera -con inclusión de la inmigración- trabajaba. Es importante.

Y también debe resaltarse, particularmente para los que trabajan en la construcción, los graves riesgos que corren. Así ocurrió hace unas semanas, en Madrid, al hundirse parte de un edificio en obras. Fallecieron cuatro personas. Dos de ellas, de Ecuador y Guinea. Otro, de Mali Este, con 45 años, llevaba un año en España. Su familia, su esposa y cinco hijos menores, en aquel país, vivían de su sueldo de 1.100 euros. Había salido de su país en un cayuco hacia las Canarias, como tantos otros. Una verdadera tragedia. Que, además de otras muchísimas más, representa uno de los grandes costes que sufre la inmigración.

Por ello, es más que condenable que representantes políticos de la derecha y, en especial, de la extrema derecha no cesen en denigrar y vilipendiar a todos los inmigrantes sin excepción. Incluso atribuyéndoles, de forma colectiva y pérfidamente, conductas claramente delictivas. Insólito. Sobre todo cuando es una constante que nadie responda penalmente, como lo ha acreditado la Fiscalía del TS negándose a perseguir, con arreglo al Código Penal, las palabras de los dirigentes de Vox vinculando “inmigración ilegal” con el aumento de la “criminalidad” y las “violaciones”, tras los graves disturbios de Torre Pacheco. Y no falta quien plantea un radical replanteamiento del tratamiento legal de la inmigración. Aquello de que la “nacionalidad no se regala” o “deportar a millones de inmigrantes” o que “las calles en muchas ocasiones no sean de los españoles”.

Ciertamente, la situación no es ni será como ellos describen y hasta desean. Es más, creo que unas palabras sobre el origen de la inmigración clarifica la situación. Según analizó el profesor Luis de Sebastián en El Periódico de Catalunya: “Recordemos brevemente los casi 25 millones de africanos que los comerciantes y marinos ingleses, franceses, holandeses, daneses, portugueses, españoles, etcétera, van a transportar contra su voluntad y en condiciones inhumanas a las plantaciones americanas de azúcar, tabaco y algodón”. El tráfico de esclavos, más la posterior colonización de África, impidieron el desarrollo de esos pueblos. La respuesta, en nuestros tiempos, solo es admitir y proteger a inmigración. Así lo proclamaba la Declaración del Milenio de NNUU: “Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias”.

En coherencia con lo expuesto, la cuestión migratoria en nuestro país, con sus limitaciones, está en este momento ampliamente regulada y con la garantía de múltiples servicios.

En primer lugar, hacer constar que la política migratoria está definida y regulada por el R.D.1155/2024, ya en vigor. En su Preámbulo, dice: “El fenómeno migratorio es un fenómeno estructural; la movilidad humana en busca de oportunidades y una vida mejor es una realidad constatada a lo largo de los años que va a continuar”. Plantea “una política migratoria integral”, de acuerdo con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue aprobado por la Resolución de 19/12/2018 de la Asamblea General de NNUU. Y, dado su interés, merece citarse la posibilidad de una “autorización de residencia temporal” por “circunstancias excepcionales”, citando entre ellas “razones humanitarias”. Incluye previsiones ante dichas circunstancias, como “atención humanitaria a las personas llegadas a las costas” o “acogida a quienes tienen una necesidad de protección internacional con pleno respeto a los Derechos Humanos”. Y, así, hasta 265 preceptos que abarcan una regulación exhaustiva de la situación de los inmigrantes en nuestro país.

Además, contiene una Disposición digna de ser mencionada. La Final Tercera, que acuerda “impulsar las reformas normativas necesarias para dar protección a aquellos colectivos que presenten un riesgo tangible de desprotección debido a conflictos o disturbios graves de naturaleza política, étnica o religiosa”. Las autoridades competentes deberán estar muy atentas a esta realidad.

Y, como no citar la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, basada en los principios de igualdad de trato y no discriminación. Presidida por el deber de los poderes públicos de promover “la plena integración de los extranjeros en la sociedad española”. En cuyo art. 21 se definen como actos discriminatorios “cualquier restricción, exclusión o preferencia basada en la raza, el color, la ascendencia, origen nacional o étnico y las convicciones o prácticas religiosas con el fin de destruir el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos”.

Las disposiciones expuestas representan una descalificación absoluta de posiciones políticas contra los inmigrantes y la inmigración.

Y, finalmente, una breve referencia al periodo y condiciones exigidos por las leyes para adquirir la nacionalidad española. Frente a aquella lamentable frase de que “la nacionalidad no se regala”, hacer constar, por si el autor de ella no lo supiera, que su adquisición exige 10 años de residencia como dispone el art. 22 del Código Civil. Además, el Real Decreto 1004/2015 regula los trámites necesarios para tal adquisición: exámenes para, entre otras exigencias, como dispone el art. 6 de dicha Disposición, “acreditar” el conocimiento “de la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho” o el “conocimiento y respeto de los principios que conforman la convivencia en la sociedad española”.

Animemos, pues, a los/las inmigrantes para su plena integración en nuestra sociedad.