“No podemos esperar más”: los retrasos y la desigualdad golpean a miles de familias afectadas por la dependencia en Murcia

Cuando Antonia Martínez, vecina de Alcantarilla, presentó su solicitud de dependencia en abril de 2023, su familia pensó que en pocos meses podría contar con una ayuda económica que necesitaban para costear sus cuidados domiciliarios.

Antonia, de 82 años, sufría una artrosis avanzada y una insuficiencia respiratoria que la mantenían postrada en su cama la mayor parte del día. Su hija Carmen recuerda las llamadas y las visitas al centro de servicios sociales de su municipio. “Nos decían que el expediente estaba en trámite, que había mucha lista de espera. En junio de este año mi madre murió sin que nadie la hubiera evaluado. Nunca llegó ni un céntimo ni un servicio que pudiera servirnos de apoyo en una situación que nos desbordó en muchos sentidos”, se lamenta.

El caso de Antonia no es una excepción. En la Región de Murcia, más de 1.400 personas han fallecido en lo que va de año sin haber recibido las ayudas reconocidas por la Ley de Dependencia. La demora media para tramitar un expediente alcanza los 563 días (43 días más que en 2024), casi el triple del plazo máximo legal de seis meses. Murcia encabeza la lista negra de comunidades autónomas con mayores retrasos.

Una muerte cada 15 minutos entre los solicitantes

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006, nació como el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Su objetivo es garantizar cuidados y apoyos a quienes no pueden valerse por sí mismos, mediante prestaciones económicas o servicios públicos.

En lo que va de 2025, más de 1.400 personas han muerto en la Región de Murcia esperando las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia. ARCHIVO

Sin embargo, diecinueve años después, en algunos territorios la aplicación práctica de la norma sigue tropezando con la falta de personal, el exceso de burocracia y la financiación insuficiente.

En España, a comienzos de este otoño, 284.020 personas continúan esperando su valoración o la prestación reconocida. Una de cada cinco morirá antes de recibirla. Un dato tan crudo como preocupante. Durante los primeros nueve meses de este año, se han producido 25.060 fallecimientos de personas en lista de espera, lo que equivale a una muerte cada 15 minutos entre quienes solicitaron atención sin llegar a recibirla. Pero no todas las comunidades autónomas contribuyen por igual a este dato estremecedor.

Murcia, a la cabeza de los retrasos y a la cola de la inversión

El caso murciano es paradigmático. De acuerdo con los datos oficiales, 16.348 personas siguen en lista de espera en esa comunidad, un 13,4% más que hace un año. De ellas, 13.859 están esperando una prestación o un servicio sobre el que ya tienen reconocido un derecho; y 589 están pendientes de valoración. Un colapso operativo que se traduce en dilaciones y en ayudas no ejecutadas.

La demora media es la más alta del país: supera a la de Canarias y Andalucía, tradicionalmente rezagadas, y multiplica por cinco la de Castilla y León, donde el proceso se completa en poco más de 110 días.

Los expedientes relacionados con la Ley de Dependencia en Murcia triplican el plazo contemplado en la ley para su resolución. ARCHIVO

Por eso, un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que la Región de Murcia ha cronificado el retraso en la aplicación de la ley, lo que deja a miles de personas desasistidas.

Pero, además del de los tiempos de espera, otro indicador revelador para valorar la calidad de la aplicación de la ley es la inversión por persona dependiente. Y, en Murcia, la inversión se sitúa por debajo de la media estatal. Concretamente, 1.759 euros por persona y año frente a 1.968 euros para el mismo periodo.

El coste de esperar: familias al límite

Carmen, la hija de Antonia, reconoce que la familia asumió “como pudo” el cuidado. “Dejé de trabajar unas horas, contratamos a una mujer por las mañanas. Pero sin la ayuda económica, no pudimos mantenerla mucho tiempo. Mi madre se fue sin toda la dignidad que merecía, y con la sensación de que la habían olvidado”.

Historias como la suya se repiten en Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Yecla, donde los servicios sociales municipales intentan gestionar la acumulación de solicitudes con equipos insuficientes.

Isabel R., de 79 años, cuidadora de su marido con demencia, lleva más de año y medio esperando la prestación: “Nos dijeron que teníamos derecho, pero que tardarían. Cada mes gasto 700 euros en ayuda externa. Me he endeudado. La ayuda no es un lujo, la necesitamos para procurar unos cuidados profesionales que yo no puedo proporcionarle”.

Para esta vecina de Lorca, las demoras “no solo generan sufrimiento, sino que trasladan el coste económico del cuidado a las familias, que terminamos exhaustas”.

Retrasos que generan desigualdades entre habitantes de un mismo país

Las estadísticas sobre los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia no son datos abstractos. A nivel humano se traducen en un auténtico drama social. La Ley 39/2006 fija plazos máximos para valorar y ejecutar prestaciones (el plazo legal de resolución es de seis meses —180 días—), pero en la práctica varias comunidades superan con creces ese límite.

Y eso significa que hay una España desigual en dependencia. Mientras que Castilla y León y otras comunidades del norte como el País Vasco o Navarra mantienen tiempos razonables y una inversión por persona elevada, otras como Murcia, Canarias y Andalucía hacen a las personas dependientes terriblemente desiguales.

Fran Rabal Segura junto a su madre, en Águilas, su ciudad natal. ARCHIVO PERSONAL

Fran Rabal Segura, vecino de Águilas, es miembro del comité asesor de Duchenne Parent Project España, la enfermedad que padece y que produce una distrofia muscular severa y progresiva con complicaciones respiratorias y cardíacas.

Necesita “ayuda para todo” y vive conectado a un respirador desde hace quince años. La prestación económica que recibe del gobierno autonómico es de 275 euros mensuales. “Eso ahora con la subida, porque el año pasado era de 205”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

“Es una absoluta vergüenza. No hay por dónde cogerlo. Amigos míos que viven en Alicante reciben 2.300 euros por la prestación de asistencia personal de la Ley de Dependencia, que en Murcia brilla por su ausencia”, prosigue. Están aquí al lado, nos enfrentamos a idénticas dificultades y a los mismos gastos elevadísimos por nuestra enfermedad, así que esta diferencia no tiene ningún sentido“.

Fran tuvo que esperar dos años para acceder a las prestaciones que reconoce la ley. También ha sufrido sus recortes: “De 520 al principio hasta los 205 de 2024 cuando, evidentemente, mis necesidades de ayuda son cada vez mayores. Un desastre”. Por eso, pide al Ejecutivo murciano que asuma su responsabilidad: “Llevan treinta años consecutivos gobernando esta región y siempre están echando balones fuera y culpando a los demás”, asegura.

Este joven ve ahora un “rayo de esperanza” en la aprobación esta semana, por parte del Gobierno de España, de un decreto ley para destinar 500 millones de euros para financiar la atención a las personas con ELA —una enfermedad igual de discapacitante que la distrofia muscular de Duchenne— y reforzar el sistema de la Dependencia. “Espero que den el 100% de lo anunciado, porque ni yo ni mis padres podemos esperar más. Lo necesitamos ya, igual que otras personas en la misma situación que nosotros”, concluye.

Como apunta Rabal, la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha incrementado en los últimos años. La última vez, esta misma semana. Sin embargo, en territorios como la Región de Murcia, la combinación de burocracia, recortes o reordenación de partidas autonómicas y problemas de gestión interna dificultan que las prestaciones lleguen con rapidez y eficacia a sus beneficiarios.

Conchita Ruiz, consejera de Política Social del Gobierno de la Región de Murcia, visita las obras de remodelación de la residencia ‘Domingo Sastre’ en Lorca, construida hace 50 años. CARM

Un análisis que niega Conchita Ruiz, consejera de Política Social del Gobierno regional de Fernando López Miras (PP), quien asegura que esos tiempos de espera “no existirían si tuviéramos la financiación que nos corresponde del Estado, del 50% en cuanto a la dependencia”. En 2024, Murcia recibió 89,1 millones de euros del Estado, un 26,8% de la inversión total en dependencia en esta comunidad.

El coste humano de un déficit estructural

Detrás de los fríos números hay familias que soportan una doble carga: por un lado, el peso del cuidado directo (mayoritariamente asumido por mujeres, que además deben compatibilizarlos con otras obligaciones) y, por otro, la batalla con la Administración. Al final, las demoras obligan a contratar ayuda privada y a reducir la jornada laboral (también aquí son ellas las más perjudicadas), lo que supone renunciar a ingresos mientras los costes económicos y emocionales son elevados.

La última residencia de personas mayores abierta en Murcia es la ‘Villa de la Plata’, que incluye 26 plazas concertadas mediante una aportación de 2,7 millones de euros del Gobierno regional. SUMAVIDA RESIDENCIAS

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, alerta directamente sobre los efectos de la “interminable dilación” de muchos procedimientos y subraya que “muchas personas salen de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido prestaciones”. Ayudas que necesitaban —y a las que tenían derecho por ley— para poder afrontar dignamente la etapa final de sus vidas.

Los servicios de apoyo a cuidadores y respiro familiar, los centros de día y las residencias para personas mayores, son los otros puntales sobre los que se asienta el SAAD. Pero, en la Región de Murcia, la realidad sitúa a esta comunidad, de nuevo, en el furgón de cola. Y es que, según otro informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, para alcanzar la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años —ahora solo hay 2,47, muy por debajo de la media nacional, de 4,2— se necesitarían crear alrededor de 6.400 nuevas plazas residenciales públicas.

Sindicatos advierten del «estado crítico» de ley de la dependencia y reclaman su cumplimiento y más personal. CCOO Y UGT

Las mismas que han vuelto a reclamar recientemente los sindicatos CCOO y UGT, que han urgido a la directora del Instituto Murciano de Acción Social a la creación de once residencias para atender a personas mayores.

Los colectivos de afectados también lo están advirtiendo: en Murcia, si la prioridad política y presupuestaria no se orienta urgentemente a solventar esos cuellos de botella que impiden a las personas —y contribuyentes— más vulnerables hacer efectivos sus derechos, el coste humano seguirá siendo tan vergonzoso como intolerable.