Un juzgado investiga posible malversación del Gobierno andaluz en el fraccionamiento de contratos sanitarios

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias por “posible existencia de un delito de malversación” en la adjudicación de contratos menores por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz por valor de 235,4 millones, según ha informado en rueda de prensa la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez.

Este partido denunció los hechos el pasado 1 de octubre, un día después de elDiario.es Andalucía informara en exclusiva de que la Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, había destapado miles de contratos menores “en fraude de ley” en las Cádiz, Córdoba, Jaén y Cádiz. Los auditores del SAS elevaron a la dirección gerente cuatro informes “desfavorables” sobre fiscalización en la contratación de obras, bienes y servicios entre enero y diciembre de 202.

En Cádiz se contabilizaban 135.767 facturas al año que suman 235,4 millones en contratos menores, la misma cifra de la que este lunes informa Podemos, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según las informes de los que informó este medio.

La denuncia de Podemos se interpuso en el juzgado de guardia de Sevilla, que derivó el asunto a las cuatro provincias afectadas, una de las cuales (Cádiz) ha abierto diligencias, pidiendo librar un oficio a la Intervención de la Junta a fin de que informe “sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo”. También solicita la jueza que se dé traslado al fiscal de delitos económicos para que interese las diligencias a practicar“.

Este periódico informó también que el organismo auditor de la Junta elevó a la Consejería de Hacienda un informe de actuación en noviembre de 2022 sobre el fraccionamiento irregular de contratos millonarios en el SAS incumplir sus recomendaciones para que redujera el “fraccionamiento indebido”. Las mismas denuncias reaparecían ya en las auditorías al SAS del pasado junio, que elevaban el fraude a 458 millones de euros en las citadas cuatro provincias.

Martínez, este lunes en rueda de prensa, mostrando el auto judicial