Andalucía deriva pruebas diagnósticas de cáncer a la privada desde hace cinco años por una «avería» en un hospital público

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) lleva cinco años derivando la realización de pruebas de diagnóstico para “la detección precoz de tumores” de cáncer a una clínica privada de Granada, alegando que sus equipos tecnológicos en el hospital público de esta provincia tienen una “avería”.

La empresa adjudicataria es Centro Diagnóstico Granada S.A., la misma clínica a la que la Junta tiene subcontratada la realización de 300.000 mamografías en unidades móviles, un extremo que el presidente Juan Manuel Moreno negó rotundamente en el Parlamento hasta que afloró el contrato con esta empresa, revelado por elDiario.es.

Entre octubre de 2018 y febrero de 2023, el hospital Virgen de las Nieves de Granada, “por delegación de competencias del SAS”, ha adjudicado 18 contratos de “urgencia” (a dedo) a esta misma clínica privada para realizar pruebas oncológicas, por un montante total de 1,5 millones de euros.

En cada uno de esos contratos, prorrogados durante cinco años por tres gerentes distintos, consta la misma justificación para saltarse el procedimiento ordinario de contratación y usar la tramitación de urgencia, esto es, sin publicidad ni concurrencia competitiva: “debido a una avería en el equipo instalado” en el hospital público, rezan todos los expedientes, consultados por este periódico. La supuesta “avería” se prolongó durante los cinco años en los que el SAS ha mantenido el contrato con la privada para la realización de diagnósticos oncológicos.

Según la memoria justificativa de los expedientes, el hospital Virgen de las Nieves de Granada derivó la realización de pruebas diagnósticas PET-TAC que requerían mensualmente “más de 300 pacientes, casi todos ellos en un contexto oncológico”. Los equipos PET-TAC realizan imágenes de mayor calidad del cuerpo, a través de rayos X y usando la emisión de positrones, que aportan mucha mayor definición en el diagnóstico y menor radiación para el paciente (el 80% de los usuarios son oncológicos).

Es un sistema de alta tecnología que el presidente Moreno ha inaugurado en al menos dos hospitales andaluces -en Jaén y en Huelva- con una inversión de tres millones de euros cada uno, cofinanciada con fondos europeos a través del Plan NextGeneration de la Unión Europea y mediante el Plan INVEAT (Inversión en Equipos de Alta Tecnología), del Ministerio de Sanidad.

El Virgen de las Nieves de Granada adquirió esta tecnología de vanguardia a finales de 2020 por dos millones de euros, con objeto de atender a “más de 9.000 pacientes al año”, según informó entonces el hospital en una nota. Antes de comprar el equipo PET-TAC, el hospital ya derivaba la realización de las mismas pruebas a la empresa Centro Diagnóstico Granada S.A., argumentando que sus equipos estaban “averiados y obsoletos”. Pero después de la adquisición del PET-TAC siguió contratando con esta clínica tres años más, alegando que persistía la “avería”.

“Debido a la obsolescencia del equipo existente en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves para este tipo de pruebas no es posible realizar el número de tratamientos previsto a toda la población a la que da cobertura dicho centro, por lo que se hace necesaria la contratación de este servicio con un centro autorizado”, advierte el expediente de contratación de enero de 2020, firmado por la entonces directora gerente María Ángeles Rescaldo.

El 16 de febrero de 2023 está firmada la última prórroga del contrato con la empresa granadina: “Se autoriza la realización de pruebas diagnósticas TAC, por razones de urgencia, para que pueda ser atendida de manera óptima la demanda de pacientes que requieren de la misma, debido a la avería en el equipo instalado en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada”.

Este periódico ha preguntado al centro hospitalario sobre los 18 contratos a dedo con la misma clínica privada y por la misma prestación sanitaria durante cinco años (el primero fue, incluso, durante el último año de gobierno del PSOE), justificados en todos los casos en que existía una “avería” en sus equipos. Pero al cierre de este artículo no había recibido ninguna explicación.

La misma “urgencia” durante cinco años y 18 contratos

Durante cinco años, a través de 18 contratos consecutivos, el SAS esgrime la misma “avería” en los equipos tecnológicos del hospital para justificar la adjudicación a dedo -sin publicidad ni concurrencia competitiva-, amparándose en el artículo 119.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ese artículo regula la contratación por la vía de urgencia ante “una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público”. La ley obliga al órgano de contratación, en este caso el SAS, a incluir en el expediente una “declaración de urgencia debidamente motivada”.

De los 18 contratos de “urgencia” del Virgen de las Nieves con el Centro Diagnóstico Granada S.A., 17 de ellos rozan los 30.000 euros pero nunca rebasan esta cifra, que es el máximo establecido en la ley para contratos de asistencia sanitaria en “supuestos de urgencia”. En estos casos, la norma permite agilizar la adjudicación y “bastará con que, además de justificarse la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución”.

Sólo uno de los contratos, adjudicado en agosto de 2020, supera el límite que estipula la ley para poder adjudicar a dedo a una empresa privada. En este caso la cuantía rebasa el millón de euros -1.080.000 euros- y el contrato se sacó a licitación pública, pero sólo concursó una sola firma, la misma que obtuvo el resto de contratos anteriores y posteriores por la misma prestación, pero en estos casos a dedo: pruebas diagnósticas PET-TAC para pacientes del Virgen de las Nieves.

La crisis de los cribados de cáncer de mama, que se ha cobrado el cese de la exconsejera de Salud y sacado a miles de mujeres a la calle exigiendo la dimisión del presidente Moreno, ha hecho aflorar los problemas “estructurales” de todo el sistema sanitario andaluz. La oposición en bloque denuncia que el problema de los diagnósticos tardíos es sólo “la punta del iceberg”, y las izquierdas subrayan que lo que está en cuestión es un modelo de gestión que cada vez privatiza más recursos, algo que la Junta tilda de “cuento” o “bulo”.

La Junta de Andalucía tiene contratada a esta misma clínica privada –Centro de Diagnóstico Granada S.A.– la realización de 311.000 mamografías durante un periodo de cuatro años por un presupuesto total de 5,4 millones de euros hasta enero de 2026, prorrogable un año más con una ampliación de gasto de 1,7 millones.

Se trata del “expediente de contratación administrativa para el servicio de asistencia sanitaria a ciudadanas andaluzas (…) para la detección precoz del cáncer de mama mediante mamografía en unidades móviles de diagnóstico homologadas”.

Hace cuatro años, el Gobierno de Moreno firmó el contrato para derivar mamografías a la sanidad privada, alegando que carecía de “medios” suficientes en la pública, precisamente, para cumplir los plazos de respuesta del programa de cribado de cáncer. Esos plazos que se han incumplido para las 2.000 mujeres, a las que el SAS está llamando ahora una a una para hacerles una prueba de contraste.

El presidente andaluz lo negó en el Parlamento, pero, tras hacerse público el contrato, matizó que las mamografías en unidades móviles de una empresa privada ya se hacían durante los gobiernos socialistas, y que era un servicio para “zonas de difícil cobertura”, es decir, pueblos más apartados donde “no hay médicos”. El contrato, sin embargo, especifica las zonas donde aparcan esos camiones con remolques donde se hacen las pruebas, incluida Sevilla capital o grandes municipios de la Costa del Sol donde sí hay hospitales públicos.

La memoria justificativa del contrato de 300.000 mamografías con una clínica privada reza así: “Se hace constar, expresamente, la inexistencia de medios propios suficientes en los Centros adscritos al SAS para prestar el servicio cuya contratación se propone, debiendo acudir consecuentemente al mercado para satisfacer la necesidad a cubrir, con el fin de poder cumplir la normativa sobre tiempos de respuesta en la atención sanitaria y, concretamente, en los que se refieren al cribado de cáncer de mama”.

Ha pasado un mes desde que estalló el escándalo de los cribados y el Gobierno andaluz aún no ha sabido explicar el origen de la falla en el plan de prevención precoz del cáncer de mama, ni tampoco su alcance. La semana pasada elevó la cifra de afectadas a 2.317 mujeres, después de semanas perimetrando la crisis en un número redondo: 2.000. Amama rechaza esa cifra y asegura que podría llegar a 20.000.

La Fiscalía tiene abiertas dos líneas de investigación sobre la crisis de los cribados, una por los fallos en el sistema, que dejaron a miles de mujeres sin información sobre el diagnóstico de sus mamografías durante meses y años; y otra sobre la desaparición temporal de historiales clínicos (y supuesta manipulación) en las plataformas digitales del SAS.