Un diputado del PP se encara con la vicepresidenta socialista del Parlament balear y abandona el atril: «Esto no es democracia»

El diputado del PP Jordi López se ha enzarzado este martes con la vicepresidenta segunda del Parlament balear, la socialista Mercedes Garrido, después de que ésta realizase un comentario a su compañera Pilar Costa mientras, delante, él estaba interviniendo desde el atril.

Los hechos se han producido cuando el parlamentario popular estaba rebatiendo una moción del PSIB contra la utilización de la figura del decreto ley para autorizar centros universitarios privados como el Beato Luis Belda de Menorca, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. En un momento dado, López ha recriminado que los partidos de izquierdas impulsaron, durante las dos pasadas legislaturas, “una media de veinte decretos ley por cada uno de los ocho años que gobernaron”.

En ese instante, Garrido ha hecho un comentario entre risas a la secretaria segunda del Parlament, Pilar Costa, tras lo cual López se ha girado para recriminarle que “la educación no la tiene muy grande”. “Estoy bastante cansado. Es muy incómodo”, ha señalado. Cuando Garrido le ha respondido que no hablaba con él y mientras Le Senne le emplazaba a continuar su discurso, el diputado popular ha dado por finalizada su intervención “porque esto no es democracia ni es parlamentarismo”. “Hasta aquí he llegado”, ha espetado antes de abandonar el atril.

Una vez en su escaño, el rifirrafe ha continuado, sumándose además el diputado de Vox Sergio Rodríguez, a quien la vicepresidenta le ha pedido que se “callara”. “Señor Rodríguez, señora Garrido, por favor, tengamos la fiesta en paz”, les ha instado Le Senne.

El debate ha continuado con la intervención del resto de grupos en torno a la moción del PSIB, la mayoría de cuyos puntos han sido rechazados. La iniciativa reclamaba al Govern que “dejara constancia de la pérdida de eficacia” de la declaración de la CEU San Pablo como proyecto de especial interés estratégico, una figura que otorga un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

El proyecto se beneficiará así de lo dispuesto en el ‘decreto de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos’, tanto públicos como privados, que promuevan el crecimiento económico, la creación de empleo y el fomento de la innovación y la diversificación. El texto fue aprobado por el Govern el pasado mes de junio en aras a simplificar la burocracia asociada a las actividades económicas, especialmente en el ámbito de las inversiones, reducir la carga administrativa y facilitar los procesos a las empresas interesadas en implantarse o crecer en Balears.

En este sentido, el diputado socialista Carles Bona, quien ha defendido la iniciativa, ha acusado al Govern de Marga Prohens (PP) de “usar un decreto ley -de proyectos estratégicos- para colar por la puerta de atrás intereses privados”. Según los socialistas, el Ejecutivo aprovechó los días de vigencia temporal del decreto -que finalmente no fue convalidado por el Parlament-, para hacer “una operación privada y una maniobra sucia y fraudulenta”.

La moción, ha concluido Bona, buscaba “poner límites, defender la universidad privada, poner el Parlament en el centro y la política al servicio de la gente y no de cuatro despachos oscuros”.

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha señalado que el Govern ha aprobado 16 decretos ley en lo que va de legislatura y “casi todos” han sido una “chapuza jurídica”. Sobre el último decreto, ha criticado que “pone de manifiesto la manera de gobernar del PP”: “Aprueban un decreto no negociado y cuatro días antes de que caiga en el Parlament aprueban derechos urbanísticos a una universidad privada”, ha dicho, aseverando que esto crea “una inseguridad jurídica mayúscula”.