Los migrantes regularizados por la dana temen perder sus papeles en unos meses: «Para nosotros todo es más difícil»

Mientras las imágenes de la DANA regresaban estos días a los informativos para recordar la tragedia un año después, Nilka agarraba la mano de su hija en el sofá de su nueva casa, cogía su móvil y buscaba la foto tomada por la adolescente cuando todo empezó. Eran las 18:53 horas del 29 de octubre de 2025 y el agua ya entraba en la vivienda donde la mujer colombiana cuidaba de un anciano como trabajadora interna. Poco después, su niña, con el agua por la cintura, empezó a despedirse de ella entre lágrimas mientras el señor mayor se desestabilizaba sobre el agua por la corriente. 

“Yo me quedé bloqueada y, cuando reaccioné, mi hija estaba llorando, se estaba despidiendo de mí y el señor estaba flotando. No nos hubiésemos salvado si no reviento esa puerta”, recuerda Nilka un año después, en referencia a una puerta que impedía el acceso a unas escaleras que accedían a un piso superior. El señor al que cuidaba, al que dice haber cogido cariño como si de un familiar se tratase, flotaba en el agua.

“Estaba en riesgo mi vida y la de mi hija, pero al señor no le iba a dejar ahí. Hubiese preferido morir que subirme al segundo piso sin intentar sacarle de ahí. Jamás le hubiese dejado solo, jamás”, recuerda la mujer colombiana un año después. Su hija le cogió en volandas y Nilka rompió la puerta. Se salvaron los tres. 

Un año después, Nilka ya no trabaja en esa vivienda ni tiene contacto con la que era su jefa, la hija del hombre al que salvó. La mujer colombiana, que trabajaba sin contrato, perdió su empleo y su vivienda poco después de la tragedia. La familia del señor le anunció que llevaría al anciano a una residencia, por lo que tendría que pagar el alquiler o irse de la vivienda. “Aún no había quitado todo el barro cuando me dijeron que me buscase otra cosa. También me dijo que podía quedarme ahí pagando el alquiler hasta que se muriese el señor, en cuanto falleciese me tendría que ir, lo que me daba mucha inseguridad”, recuerda la mujer, quien acabó demandando a su empleadora por los supuestos abusos laborales sufridos durante los meses al cuidado de su padre.

Si ya es difícil para cualquier persona, los migrantes sin papeles o aquellos que trabajaban sin contrato -muchas trabajadoras domésticas- afrontaron la tragedia desde una situación de mayor vulnerabilidad, sin ayudas ligadas a la riada ni derechos reconocidos que poder exigir ciertos mínimos a sus empleadores o caseros. Para estos casos, el Gobierno aprobó una regularización centrada en los migrantes afectados por la DANA que, aunque llegó meses más tarde, permitió conseguir una tarjeta de residencia a 35.178 personas, según los últimos datos del Ministerio de Migraciones, que incluyen las provincias de Cuenca, Málaga, Albacete y Valencia (que concentra un total de 28.974 resoluciones favorables).

La medida ha ayudado a empezar de nuevo a miles de personas, pero la inestabilidad continúa, ya que, además de las trabas añadidas ligadas a la búsqueda de vivienda para las personas extranjeras y empleo tras el paso de la dana, temen no poder renovar su permiso, cuya duración tenía un año de vigencia.

La ONG Oxfam Intermón ha alertado esta semana de que miles de personas beneficiadas de la regularización extraordinaria para afectados de la riada podrían volver a la clandestinidad en “pocos meses”, dado que “muchas personas podrían no cumplir con los requisitos para renovarla”. Por esta razón, la organización considera “necesario y urgente” sacar adelante la regularización extraordinaria apoyada por más de 700.000 personas de la sociedad civil, cuya toma en consideración fue aprobada por el Congreso en 2024, pero cuya tramitación sigue estancada.

Nilka ya no responde a las preguntas de elDiario.es desde Paiporta, sino desde Jarance. En este municipio, situado a 110 kilómetros de Valencia, pudo encontrar un lugar temporal donde vivir a través de un conocido. Aunque se benefició de la regularización, desde la DANA no tiene un empleo estable, pues haberse mudado lejos de la ciudad debido a los precios de la vivienda y tener una menor a cargo disminuyen las ofertas de empleo a las que optar. “Tengo los papeles, pero no hay trabajo. Se me dificulta ir a vivir a Valencia. Con una menor a cargo y siendo extranjera es más complicado encontrar algo. No hay una estabilidad. Antes era interna, pero tenía algo estable”, explica la mujer.

Desde la Dana, Nilka solo ha podido trabajar con contrato cerca de un mes, cuando logró una sustitución en el servicio de cuidados de ancianos del Ayuntamiento de Jarance. Sale adelante a través de servicios puntuales de limpiezas domésticas por horas y una ayuda al alquiler para afectados de la dana. El escaso tiempo cotizado desde la regularización le causa preocupación: teme no poder renovar su tarjeta de residencia por ese motivo, ya que este trámite suele conllevar haber trabajado un número mínimo de meses o cumplir una serie de requisitos que, a día de hoy, Nilka no cumpliría. 

“Digamos que vamos a cumplir un año de la dana y no hay estabilidad. No pude poner la huella para obtener el NIE hasta la semana pasada (debido al retraso en todas las citas de extranjería). Me llega la tarjeta de residencia en noviembre y en marzo me toca renovar. Volver a renovar, sacar la cita otra vez, a ver cuando te lo dan… esto es una odisea siempre. Una quiere aportar, tener un mejor porvenir, pero todo es más difícil para nosotros”, expresa Nilka con cierto agobio. “¿Qué hago para cumplir los requisitos? Si estoy en un pueblo en el que no hay trabajo y no me quieren alquilar porque estoy con una menor de edad y soy extranjera”, añade enfadada.

Nilka, un año después de la riada.

La misma preocupación ronda la cabeza de Yusset. La DANA arrasó con parte de la provincia de Valencia escasas semanas después de su llegada a España junto a su familia. La mujer, de origen venezolano, vivía con su marido y sus dos hijos en un bajo comercial habilitado ilegalmente con decenas de pequeñas habitaciones, donde residían alrededor de 40 personas, la mayoría migrantes.

“La regularización ha supuesto muchísimo para nosotros. Hemos recuperado nuestro nombre. Supone hacer las cosas en nuestro nombre, porque antes tanto para trabajar o para alquilar teníamos que utilizar los papeles de otras personas”, dice agradecida. Sin embargo, le persigue el riesgo de volver a la irregularidad: “Mi marido trabaja a jornada completa y sí podría cumplir los requisitos, pero yo trabajo a jornada partida para cuidar de mis niños y temo no poder renovar el permiso”, añade la mujer. Tienen de tiempo hasta marzo, el momento en que deberán pedir la renovación de su autorización temporal.

Los requisitos

Ximena Medina, responsable de incidencia política de Oxfam Intermón en la Comunitat Valenciana, confirma las trabas añadidas que obstaculiza la recuperación de las personas migrantes tras la riada: “Si la dana ya es una situación que deja a las víctimas en una vulnerabilidad enorme, para las personas que trabajaban sin contrato, sin documentación, en economía sumergida que las explotaba, las ha dejado en una situación peor y con más dificultades para intentar recuperarse incluso habiendo conseguido la regularización”.

“Nos preocupa que, cuando venza la validez de la regularización, no puedan cumplir los requisitos de la renovación. Esos requisitos eran muy difíciles de conseguir para estas personas antes de la dana, durante y también después”, añade Medina. La Ley de Extranjería incluye entre las exigencias haber cotizado durante nueve de los 12 meses anteriores, continuar con la relación laboral que dio origen a la regularización o haber trabajado durante tres meses y encontrarse dado de alta con un contrato de trabajo activo, entre otros.

 “Muchas personas estaban trabajando sin contrato y, al acudir a sus empleadores ya con sus papeles en regla, estos no han formalizado la relación laboral para no asumir sus responsabilidades legales y de cotización”, apunta Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón.

Sobre el riesgo de la pérdida de los papeles de una parte de los beneficiarios de la regularización, fuentes oficiales del Ministerio de Migraciones sostiene que dado que “las primeras resoluciones son de febrero de 2025”, el “horizonte de su vigencia aún es amplio”. Sin embargo, para muchos, cuatro meses no es tiempo suficiente para cumplir los requisitos establecidos para la renovación ordinaria de los permisos de residencia temporales.

“No se tienen datos para poder realizar una valoración sobre el acceso al mercado laboral de las personas regularizadas por la DANA”, apuntan desde el departamento dirigido por Elma Saiz. “Hay que recordar que las Comunidades Autónomas son las competentes en las políticas de integración laboral e inclusión y, por ello, insistimos en la necesidad de trabajar de la mano para avanzar en este ámbito, sobre todo atendiendo a las amplias necesidades de la Comunitat Valenciana para su reconstrucción”, indica el Ministerio.

Nilka junto a un muro con el grafiti: «20:11. Ni olvido ni perdón».

Quienes no fueron regularizados

La regularización no llegó a todas las personas afectadas por la riada, según indican desde Oxfam Intermón. La ONG calculó que vivían sin papeles en los municipios afectados 40.000 personas, mientras 25.000 han obtenido la tarjeta de residencia a través del procedimiento extraordinario activado por el Gobierno tras la DANA. Tras las críticas iniciales ante la rigidez de los requisitos, el Ministerio de Inclusión flexibilizó las exigencias y permitió probar la residencia en los municipios afectados a través de un informe de los servicios sociales municipales, más allá del empadronamiento -un trámite que, debido a las trabas con las que se chocan muchos migrantes sin papeles podría excluir a mucha gente afectada-. 

Según Migraciones, ha habido 5.228 solicitudes denegadas. “Como regla general, se han producido por la no acreditación de la residencia en las zonas afectadas o por la tenencia de antecedentes penales”, apuntan.

Imad es una de las personas que no logró probar su residencia en Algemesí. “Mi casero nunca quiso empadronarme y me pedían mil euros para hacerlo”, responde el marroquí, de 33 años. “Cuando me dijeron que estaba la opción del informe, fui los servicios sociales, insistí, pero no me lo querían hacer. Decían que me faltaba un papel que me lo tenía quedar el dueño del piso, pero no me lo dio porque decía que quería pedir una ayuda él por la DANA aunque no vivía allí”, se queja el marroquí, que vive en España desde hace un año y unos meses. “A mi compañero de piso le faltaba el mismo papel y, sin embargo, sí le dieron el informe”, se queja.

Para probar su presencia en Algemesí en plena riada envía fotos suyas durante las labores de limpieza de las calles del municipio. “Fui voluntario, ayudé a limpiar las calles, pero no me han ayudado con esto”, dice el hombre, quien ha trabajado en el campo temporadas esporádicas. Desde València Acull confirman que no todos los municipios facilitaban este documento: “Fue un caos, no había un documento homologado y hubo municipios que lo emitieron, pero otros no”, sostiene Paco Simón, portavoz del colectivo.

Ahora, Imad tendrá que esperar a cumplir los dos años de residencia en España y conseguir una oferta de contrato de trabajo para solicitar un permiso por arraigo, esa vía que piden limitar el Partido Popular y Vox, al defender que se trata de un mecanismo para “regalar” los papeles. Mientras, personas como Imad, trabajan en la clandestinidad cuando le dejan, mientas aguardan a cumplir los requisitos para conseguir un permiso de residencia.