De la guerra entre las derechas a una izquierda desprevenida: el adelanto extremeño activa a los partidos

Extremadura volverá a las urnas el 21 de diciembre en el primer adelanto electoral que afronta la comunidad. Se pone fin a la legislatura más corta de su historia autonómica, 27 meses, marcada por el enfrentamiento constante entre PP y Vox, que ha llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas, y un PSOE en horas bajas por la situación judicial de su líder, Miguel Ángel Gallardo.

La intención de la presidenta extremeña, María Guardiola, al apretar el botón electoral es repetir lo que consiguió Juan Manuel Moreno Bonilla en 2022: la primera mayoría absoluta para el PP en un feudo socialista después de gobernar en coalición (Moreno Bonilla con Ciudadanos y con apoyos externos de Vox). Sin embargo, a tenor de las encuestas publicadas y las que manejan los principales partidos, la situación en Extremadura podría volver a repetirse con un PP en minoría que seguiría dependiendo de la extrema derecha para gobernar, aunque esta vez sí ganaría las elecciones.

Y eso es un problema para Guardiola. “No puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Esas palabras de la entonces candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura en 2023 para rechazar de forma tajante un Gobierno de coalición con Vox ya hicieron presagiar que la relación entre las derechas no sería posible, aunque pocos días después traicionó a su palabra y firmó un pacto que abrió la puerta del Ejecutivo extremeño a la extrema derecha.

El año que cohabitaron en la Junta permitió a Guardiola aprobar sus primeros presupuestos, aunque en muchas ocasiones renegó de la coalición de forma pública: La relación con Vox es “escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar”, dijo en una entrevista a un medio local. O al ser cuestionada por la salud del Gobierno entre PP y Vox aclaró que el suyo era un “Gobierno de extremeños”. Incluso llegó a vender la primera rebaja fiscal que realizó como el cumplimiento del programa electoral de su partido cuando era una medida recogida en el pacto con la extrema derecha.

Esos desplantes solo le valieron reprimendas de sus socios, pero todo cambió en el verano de 2024 cuando Santiago Abascal dejó en minoría todos los Gobiernos autonómicos de coalición con el PP. Desde entonces los enfrentamientos y las amenazas han sido constantes en el pleno, como llamar “señorita Pepis” a la presidenta y recibir por respuesta de un consejero que los diputados de Vox eran unos “cantamañanas”.

De hecho, fueron incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025, al igual que tampoco fue posible con el PSOE, y se tuvieron que prorrogar las cuentas de 2024. Sin embargo, las derechas se han seguido poniendo de acuerdo en nuevas rebajas fiscales, la derogación de la ley de Memoria Histórica o la aprobación de la primera universidad privada de Extremadura, a pesar de sus informes en contra y las reticencias de la Abogacía General de la Junta.

Un candidato pendiente de juicio

Pero María Guardiola sabe que el PSOE no llega en su mejor momento a la cita electoral en una comunidad tradicionalmente socialista. De hecho, el PSOE, con Guillermo Fernández Vara, ganó las elecciones de 2023, aunque por una diferencia de solo 6.000 votos. Ahora su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, está a la espera de que la Audiencia Provincial de Badajoz ponga fecha al juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de los conservatorios de la Diputación cuando Gallardo presidía la institución provincial.

Gallardo se ha apresurado a confirmar que será el candidato del PSOE en diciembre, a pesar de su situación procesal. Como ha recordado, ganó dos primarias del partido en menos de un año, pero en las filas socialistas son conscientes de que su imputación por prevaricación y tráfico de influencias será uno de los principales temas que utilizarán el resto de partidos de aquí hasta la celebración de las elecciones para restarle apoyo ciudadano.

A eso hay que sumar la controvertida decisión de Miguel Ángel Gallardo de entrar en la Asamblea de Extremadura como diputado y adquirir la condición de aforado pocas horas antes de que la jueza que ha instruido la causa firmara el auto de apertura de juicio oral. La magistrada lo consideró un fraude de ley y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura devolvió la causa al juzgado número 3 de Badajoz al coincidir en muchos de los argumentos con la instructora.

Sin embargo, el PSOE regional apoya la candidatura de Gallardo, que ha sido propuesto por la Ejecutiva sin necesidad de celebrar primarias debido a que el adelanto electoral se entiende como algo excepcional. Ahora el Comité Regional tendrá que ratificar esa decisión este miércoles. Debido a la proximidad de las elecciones, que se celebrarán en menos de dos meses, Moncloa también ha respaldado públicamente a Gallardo, a pesar de que la relación entre ambas partes se deterioró tras la sucesión de Guillermo Fernández Vara y las críticas del nuevo secretario regional al acuerdo de financiación para Catalunya.

Por su parte, Podemos espera reeditar la coalición con IU pese a las reticencias que la formación morada había expresado hasta ahora para volver a aliarse con los partidos que integran el Gobierno de Pedro Sánchez. La líder de Podemos ha apostado por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y por repetir la coalición de izquierdas, de la que también forma parte Alianza Verde.

Vox aún no se ha pronunciado sobre quién será su candidato o candidata a la Junta de Extremadura o si repetirá Ángel Pelayo Gordillo, que es senador por designación autonómica y hasta ahora ha sido el presidente del grupo parlamentario en Extremadura.

Extremadura llega al final de la legislatura con este escenario político y algunas encuestas apuntan a que seguirá los próximos cuatro años con un PP que gana apoyos, pero que seguirá necesitando a Vox, que también aumentaría su representación. La izquierda podría ser la más perjudicada con un PSOE a la baja y Unidas por Extremadura que, según algún sondeo, podría desaparecer después de 10 años en la Asamblea regional.

El último CIS en Extremadura es de julio. Según ese sondeo de intención directa de voto, el PP se convertía en la primera fuerza política en Extremadura con el 27,2% de los votos, el PSOE se hacía con el 21,6% y Vox se quedaba en un 8,8% (en las elecciones de 2023 consiguió el 8,1% de los votos).