Vecinos de un bloque de VPO denuncian una subida del 75% en el alquiler: “Sería ilegal si Jaca fuese una zona tensionada”

Dieciocho familias del bloque de viviendas de protección oficial (VPO) situado en la avenida Juan XXIII de Jaca se enfrentan a una subida del alquiler que califican de “inasumible”. Tras una década pagando menos de 500 euros mensuales, la propiedad les ha comunicado que, al expirar el periodo de protección, las rentas pasarán a rondar los 700 u 800 euros. Un incremento cercano al 75% que los inquilinos consideran “un abuso” y que temen no poder afrontar.

El aviso llegó por escrito, sin posibilidad de negociación y sin una alternativa clara. “Nos enteramos todos con una carta certificada fechada el 15 de septiembre, una carta en la que lo único que nos notifica es la intención de no renovar el contrato y la entrega de llaves el 30 de noviembre. No se ha puesto en contacto el promotor, tampoco yo lo he hecho porque así me lo recomendó mi abogado”, explica Berta Lantero, vecina del bloque desde hace once años. En su caso, si quisiera renovar el contrato pasaría de pagar 433 euros a 780, además de volver a abonar dos meses de aval y fianza. “Para mí es imposible afrontarlo. Cobro entre 1.100 y 1.200 euros, mi hija está estudiando fuera, estoy de baja, a la espera de un tribunal médico y posiblemente de otra cirugía este año”, relata.

Como ella, otros vecinos han recibido una llamada en la que se les ofrece verbalmente una subida del alquiler que ronda el 75% del precio actual. Pilar Gallego, pensionista, paga 399 euros con gastos incluidos y le han comunicado que el nuevo contrato será de 610 euros más gastos, unos 680 en total. “Me supone la mitad de la pensión, luego hay que pagar los gastos y vivir. Es una situación muy dura”, explica.

El edificio de viviendas por fuera

Los vecinos aseguran que la promotora, Pronisa, propietaria de los inmuebles, no les ha ofrecido la documentación completa de los nuevos contratos. “Nos ha hecho llegar un contrato en blanco, sin datos, sin precio, estamos en medio de la nada. Mi abogado les ha hecho llegar un burofax y sin respuesta. No damos por válida la notificación porque no da opciones y esperamos una respuesta”, añade Berta.

Pronisa sostiene que el incremento está amparado por la normativa vigente, ya que se rige por las condiciones pactadas con el Gobierno de Aragón en 2008, cuando se aprobó la promoción. “Nos encontramos con una caducidad contractual y nos sometemos a la ley y al acuerdo pactado con la DGA, que marcaba una renta mínima y máxima. No vamos a la máxima del 2008. Ese aumento que se ve estaba ya asumido entonces, no generamos un precio nuevo”, explican desde la empresa.

“Una VPO no puede costar lo mismo que un piso libre”

Desde el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón, que asesora a las familias, denuncian que la situación es insostenible. “Es el único bloque de VPO en alquiler en Jaca y, desde el principio, su gestión ha sido privada. Cuando se construyeron, los precios eran tan altos que nadie los quería y el Gobierno de Aragón obligó a bajarlos. Ahora, aprovechando la situación del mercado, la promotora ha decidido volver a los precios de 2008 y subirlos aún más”, explica Sofía Garín, portavoz de la plataforma.

Garín recuerda que el caso “refleja una contradicción evidente: no puede ser que una vivienda de protección oficial esté al mismo precio que una vivienda libre”. La falta de alquileres permanentes en Jaca agrava el problema. Una búsqueda rápida en uno de los principales portales de vivienda ofrece un resultado llamativo, 66 viviendas en Jaca, de las cuales 54 están catalogadas como alquiler de temporada, es decir, no se puede vivir en dicho inmueble durante el año completo. De los de larga estancia, lo que necesitarían vecinos como Berta o María, solo tres cuestan menos de 500 euros al mes, son pisos pequeños, de 28 y 46 metros cuadrados. El precio asciende hasta los 1.300 euros en el caso de alquiler de larga estancia, en el propio anuncio se especifica que si fuese para uso turístico sería más elevado. 

La Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda establece que, en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, los nuevos contratos deben limitarse al precio anterior actualizado, con un margen máximo del 10% en casos justificados. Sin embargo, el Gobierno de Aragón ha reiterado su negativa a aplicar esta figura. “Esta medida sería ilegal si Jaca fuera una zona tensionada”, subraya Garín. “La ley estatal lo permite, pero el Gobierno de Aragón se niega a aplicarla. Esto deja desprotegidas a familias que llevan más de una década viviendo en el mismo piso”.

Algunas de las vecinas afectadas el pasado 25 de octubre en la manifestación de Jaca

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, ha insistido en varias ocasiones en la postura del Gobierno de Aragón: “No vamos a declarar zonas tensionadas porque no queremos que se reduzca el número de alquileres habituales ni que se disparen más los precios”.

El edificio de la avenida Juan XXIII, construido en 2008 bajo régimen de protección, es el único bloque de VPO en alquiler existente en Jaca. Las 18 familias afectadas, algunas con certificado de vulnerabilidad, otras monomarentales o pensionistas, temen perder su casa antes de fin de año. “Nos dicen que todo es legal, pero los abogados nos explican que no. Cancelan los contratos antiguos, nos hacen firmar nuevos y perdemos derechos, incluso la posibilidad de desgravar el alquiler en la renta”, explica Berta.

Desde Vivienda Digna Viello Aragón aseguran que están valorando acciones colectivas para visibilizar el caso y presionar tanto a la promotora como al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón. “Los vecinos estarían dispuestos a aceptar una subida razonable, pero no del 75%. Lo que no puede ser es que se expulse a quienes viven todo el año para dejar espacio a un modelo que prioriza el turismo y la rentabilidad a corto plazo”, afirma Garín.

La incertidumbre sigue creciendo a pocas semanas del 30 de noviembre, la fecha límite impuesta por las cartas. “Llevo trece años aquí y nunca había tenido un problema. Pensé que este sería mi hogar”, dice María Arnal, una de las primeras inquilinas del bloque. “Pagaba 360 euros y ahora me piden 670. Soy funcionaria, cobro 1.370 euros. Estamos a ver si conseguimos que no suba tanto y poder llegar a un acuerdo porque sino no sé dónde voy a ir. En Jaca no hay pisos. Es inadmisible lo que está ocurriendo con la vivienda”.