200 psicólogos piden al Gobierno de Ayuso que garantice los abortos de más de 14 semanas en centros públicos

210 profesionales de la psicología y la psiquiatría del Servicio Madrileño de Salud han enviado una carta a la Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, para pedir que las mujeres que aborten más allá de las 14 semanas de gestación (un plazo que ya solo permite la interrupción del embarazo por malformaciones y problemas graves de salud) puedan hacerlo en centros públicos para evitar los posibles riesgos físicos y psicológicos que conlleva su derivación a clínicas privadas en casos tan delicados. Reclaman también al Gobierno de Ayuso que ponga en marcha el registro de objetores, tal y como contempla la ley. Lo hacen después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se negara a hacerlo argumentando que se trata de una “lista negra”.

Las y los profesionales de la salud mental que firman la carta muestran su preocupación por que la sanidad pública no atienda a las mujeres que se ven en la situación de interrumpir sus embarazados más avanzados. Esa derivación, aseguran, implica “un maltrato institucional y un sufrimiento innecesario” para las mujeres afectadas. Puesto que tanto el seguimiento de su embarazo como su diagnóstico se han hecho en un centro público, el aborto también debería producirse en la sanidad pública, argumenta el grupo de profesionales, que ya se dirigió hace un año a la Consejería para trasladarle una preocupación similar.

“Hace un año informamos a la Consejería de Sanidad sobre la detección de traslados de más de 20 mujeres a clínicas privadas tras el diagnóstico de malformaciones fetales en hospitales públicos a partir de la semana 14 de gestación, lo que conlleva un maltrato institucional y un sufrimiento innecesario para las mujeres afectadas. En respuesta, la Consejera nos solicitó documentar estos casos. Sin embargo, dada la sensibilidad de la información y la necesidad de proteger la confidencialidad de las pacientes, nos resulta inviable proporcionar dicha documentación. Consideramos que es responsabilidad de la Consejería investigar y garantizar el cumplimiento de la legislación en este ámbito”, relatan en la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Aunque el traslado de centros públicos a privados no es ilegal (la sanidad pública de todas las comunidades, en mayor o menor medida, tiene conciertos con clínicas), estos 210 profesionales subrayan que el traslado de mujeres que se encuentran en esta situación aumenta los riesgos para su salud y ahonda en el estigma. “La falta de acceso a la IVE por malformaciones fetales o riesgo para la salud de la madre en la sanidad pública no solo vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, sino que también incrementa los riesgos para su salud física y mental. Es imperativo que la Comunidad de Madrid cumpla con su obligación de garantizar este derecho en todos los hospitales públicos, tal como lo establece la legislación vigente”, escriben en la misiva, en la que recuerdan que el Defensor del Pueblo ha alertado en varias ocasiones de que la Comunidad de Madrid no cumple con la norma.

Actualmente, Madrid es una de las cinco comunidades en las que menos del 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en la sanidad pública. Son Madrid (0,47%), Castilla-La Mancha (0,05%), Murcia (0,93%), Andalucía (0,03%) y Extremadura (ninguna intervención en la pública).

A pesar de que la reforma de la ley del aborto de 2023 prioriza que las intervenciones se lleven a cabo en la red pública, la realidad es que en España el 79% siguen realizándose en centros concertados. A nivel autonómico, el mapa es desigual y si bien hay comunidades como Cantabria o Galicia en las que la mayoría de abortos son en la pública –especialmente, abortos farmacológicos–, en otras el porcentaje es mínimo, entre ellas Madrid, donde los centros públicos solo asumen el 0,47% de los casos. 

Las razones que suele dar habitualmente la Consejería de Sanidad madrileña apuntan a la objeción de conciencia de los profesionales, a pesar de que Madrid no ha implantado el registro de objetores que permitiría que los hospitales conocieran los casos y organizaran sus recursos. “Lógicamente no podemos obligar a los profesionales que intervienen en el procedimiento a realizarlo”, decía hace unos meses un portavoz preguntado por el caso de una mujer, Susana, que es médica en un gran hospital público madrileño, donde sus propios compañeros le siguieron el embarazo hasta que tuvo que interrumpirlo. Un paso que le dijeron que no podían hacer “por política del hospital”. De momento, la consejería no ha respondido a las preguntas de este medio sobre la carta remitida por las profesionales.

Experiencias

Las profesionales acompañan la queja de varios testimonios de mujeres y parejas a las que el hospital que seguía su embarazo e incluso detectó la malformación fetal las expulsó después para interrumpirlo. Varios de los casos se refieren al mismo centro sanitario, el Hospital La Paz, donde “la objeción de conciencia se ha convertido en política sanitaria”, apunta el escrito de Ana Amor y José de la Cruz, que recibieron el año pasado el diagnóstico de una anomalía grave en su bebé incompatible con la vida y fueron derivados a una clínica concertada.

“No tiene sentido que solo la parte de la muerte de nuestros hijos se delegue a centros privados, cuando todo el proceso está financiado con dinero público. Es una incoherencia que refleja una profunda hipocresía estructural”, opina la pareja. Otro de los textos está escrito por Míriam Cano, a la que el Hospital Ramón y Cajal se negó a practicarle el aborto en 2023. Su caso demuestra la práctica que siguen algunos centros, que solo llevan a cabo una parte del proceso haciendo volver a las mujeres al hospital una vez las clínicas han provocado la muerte del bebé para dar a luz en la pública. 

Cuando los profesionales les contaron que el proceso sería así, y que una vez ella abortara debía acudir a Urgencias de La Paz “por nuestros propios medios”, la pareja les preguntó “si no cabía posibilidad de hacer todo el proceso” en el hospital: “Nos respondieron tajantemente que no”. Una vez la clínica concertada le practicó el feticidio, tuvo que vestirse e irse al centro sanitario como pudo. “Nadie se puede hacer una idea de lo que es ese viaje en tu propio coche después de pasar por este terrorífico proceso. Recordemos que acaban de quitarle la vida a tu bebé, el cual todavía está dentro de ti”. 

Las experiencias en los centros concertados (El Bosque, Dator o Isadora) a los que fueron derivadas las mujeres varían. Varias de ellas destacan el “trato excelente” de los profesionales, pero todas coinciden en que las clínicas no son el lugar adecuado para tratar este tipo de interrupciones. Lo reafirma Beatriz Llorente, médico intensivista de profesión, que tuvo que abortar el año pasado a su hija por un pronóstico incompatible con la vida. “En mi opinión médica como intensivista, no es una clínica con medios para atender un parto de 28 semanas de gestación”, afirma la mujer, que incide en que un proceso así “debería ser atendido en un hospital público con todas las medidas”.