El Gobierno notifica oficialmente a la Fundación Franco la decisión de extinguirla por “apología” de la dictadura

La Fundación Nacional Francisco Franco ya vislumbra su final. El Gobierno ha dado un paso más en el proceso de extinción de la organización al firmar el acuerdo de inicio del procedimiento y notificárselo oficialmente a la fundación, que tiene desde este viernes una primera fase de diez días hábiles para hacer alegaciones. La resolución, firmada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera acreditado que la fundación no persigue fines de interés general, hace “apología de la dictadura” y “humilla” a sus víctimas, que son los requisitos que exige la ley para instar a su cierre.

El proceso empezó en junio del año pasado, con la apertura de las actuaciones previas dirigidas a recabar información por parte de Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones. Desde entonces, ha recibido los informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la fundación así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025 para concluir que cumple con las causas de extinción que introdujo la Ley de Memoria Democrática.

Los trámites que arrancan ahora contemplan varios pasos hasta la presentación formal de la solicitud de extinción ante la Justicia, un momento en el que, según fuentes del Gobierno, se pedirán medidas cautelares para limitar la actividad de la fundación. El plazo máximo para que eso ocurra es de nueve meses, aunque todo dependerá de las alegaciones que presente la fundación presidida por el exgeneral Juan Chicharro. Tras la petición de cierre por parte del Protectorado, empezará el turno del juez, encargado de tomar la decisión definitiva.

Los pasos dados por Cultura contra la entidad fascista no se reducen a proponer su clausura, sino que van más allá: fuentes del Ministerio apuntan a que actualmente “se está analizando” el contenido del extenso archivo que custodia la fundación para determinar “si hay documentos de naturaleza pública” y en ese caso “intentar recuperarlos”. El proceso que se plantea iniciar el Gobierno es similar al que emprendió contra la familia Franco por los bienes atesorados en el Pazo de Meirás y que la Justicia ha acabado por devolver al erario público.

Un fin “principal” y otros instrumentales

Los informes que han analizado la actividad de la fundación incluyen un estudio del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Fernández y entrevistas con varias víctimas de la dictadura, además de un examen de su recorrido en medios de comunicación. En base a ellos, el acuerdo concluye que la organización tiene “una actividad principal” entre todas las que recogen sus estatutos que es el de “difundir y promocionar el estudio y conocimiento del legado y de las realizaciones” de Franco y de su régimen “entre 1936 y 1977”. Un propósito que “supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo”, apunta el texto.

Eso a pesar de que los estatutos incluyan también el fomento “de la educación, la investigación científica y técnica y otras actividades culturales”, unos objetivos que aunque puedan llevar a pensar que la organización persigue fines de interés general “son en realidad instrumentales del fin principal”, subraya el acuerdo. Y además “son casi inexistentes”, añade.

En este sentido, la Ley de Fundaciones enumera algunos fines para considerar que estas cumplen con el interés general –uno de sus requisitos–, entre ellas la “promoción de valores constitucionales” o la “defensa” de los principios democráticos. El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incide en que la actividad de la organización fundada en 1976, poco después de la muerte del dictador, “resulta inconciliable” con estos propósitos, así como con los que “inspiran” la Ley de Memoria Democrática, que “repudia y condena” el golpe de Estado de 1936 y la dictadura.

Una de las anomalías es, de hecho, que a las fundaciones se les exige perseguir el interés general porque disfrutan de un régimen fiscal especial y sus afiliados gozan de deducciones. Además, pueden contar con asistencia jurídica gratuita si acreditan insuficiente de recursos, algo que también se aplica a la fundación Francisco Franco a pesar de ensalzar al dictador.

La “humillación” a las víctimas

El acuerdo concluye que la fundación realiza apología del franquismo y que “menosprecia y humilla a la dignidad” de las víctimas, que son las dos condiciones que impone la ley. Para llegar a esta conclusión, los informes destacan que “todo el contenido de la página web” está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación”. Así, se destacan titulares publicados que hablan de la “liberación” de ciudades que fueron ocupadas por los sublevados tras el golpe de Estado o textos que llaman “Cruzada” a la Guerra Civil, al más puro estilo franquista.

En algunos de los artículos, la fundación describe el 1 de octubre, día en el que Franco fue nombrado Generalísimo, como “un paso decisivo para la victoria en la Guerra Civil” y la creación “de un nuevo régimen que marcó el rumbo ascendente de España”. El informe del catedrático García Fernández recoge que “la actividad de glorificación se articula principalmente” a través de comunicados que “en un alto porcentaje” homenajean a Franco y los símbolos del régimen. Además, sus contenidos publicitan actos, aniversarios y misas –por ejemplo, el 20N– para “reforzar el relato heroico del franquismo”.

Aunque el estudio reconoce que hay menos publicaciones dedicadas a las víctimas de la dictadura, sí constata que en ellos “emerge un trato con menosprecio y humillación de su dignidad”. Este es un requisito que incluyó la Ley de Memoria Democrática durante su tramitación a propuesta del Consejo General del Poder Judicial como parte de la apología del franquismo. Un menosprecio que, a juicio del informe, aparece “bajo el prisma negacionista, es decir, la negación de la represión o la minoración de su alcance”.

Entre otros ejemplos, cita algunos textos en los que se califica el bombardeo de Gernika en 1937 por parte de la aviación fascista de “tragedia, mentira y farsa”. Hay también contenidos que declaran que “el franquismo no cometió un genocidio, la II República sí”, que niegan que el Valle de Cuelgamuros fuera construido a base de trabajo forzado o que minimizan la sangrienta matanza de Badajoz en 1936 al mando del teniente coronel Yagüe.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta “tres patrones” de “humillación” de quienes fueron víctimas del franquismo o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a las víctimas de la represión franquista, a quienes la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha entrevistado.

Los testimonios recabados “muestran” cómo las actividades de la organización “reavivan el sufrimiento y abren dolorosamente sus heridas”. Por ejemplo, cuando aquellos que buscan a sus familiares enterrados por Franco en Cuelgamuros ven cómo la fundación intenta paralizar en los tribunales los trabajos de exhumación –finalmente autorizados por la Justicia el pasado marzo– o cuando los que aún tienen seres queridos en el barranco de Víznar (Granada) observan a la entidad “promover” cada aniversario de la muerte de Franco “celebraciones y ceremonias”.