La anomalía de la Fundación Franco: cinco décadas ensalzando al dictador en democracia

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar asomándose a sus últimos meses de actividad. El Gobierno acaba de firmar el acuerdo que da inicio oficialmente a su extinción, que en última instancia decidirá un juez, y ahora la entidad tendrá una primera fase de diez días para hacer alegaciones. Aunque el procedimiento no es corto y consta de varios pasos, en un máximo de nueve meses la autoridad judicial tiene que tener sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo definitivo a una organización que lleva el medio siglo transcurrido desde que muriera Franco exaltando su figura.

La fundación, constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo, ha centrado su actividad en loar “la obra y el legado” de Franco, al que tilda de “gobernante al servicio del noble pueblo español”. Y así lo especifica en sus estatutos y lo demuestra en sus posicionamientos y apariciones públicas. Su web y redes sociales son un compendio de ideas que glorifican la Guerra Civil y el régimen, a las que se suman los actos y convocatorias en las que han celebrado el “Alzamiento Nacional” del 18 de julio, aniversario del golpe de Estado. Hace algunos años incluso llegó a vender lotería acabada en 36 y 39 “en honor a la Cruzada de Liberación”.

La fundación sostiene un discurso que niega la represión, calificada de “falaz” a pesar del plan de exterminio sistemático diseñado por la dictadura contra la considerada “antiEspaña”. Asegura que los bombardeos de Gernika fueron una “mentira” o minimizan la sangrienta matanza de Badajoz en 1936 al mando del general Yagüe, apodado “el carnicero de Badajoz”. Por eso, y en base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura concluye que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática.

Con ello, Moncloa busca acabar con la anomalía española de contar con una organización que homenajea a quien mandó fusilar a miles de personas y condenó a otras tantas al exilio o la cárcel. Y que, además, por ser una fundación disfruta de un régimen fiscal especial y sus afiliados cuentan con desgravaciones que, por tanto, Hacienda asume. “Los españoles no pueden estar pagando este coste”, sostienen fuentes de la coalición de Gobierno, que confían en la argumentación jurídica que han armado en base a informes de la secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Abogacía del Estado.

La “licitud” del golpe franquista

Por su parte, la fundación lleva desde que hace siete años Pedro Sánchez anunciara su intención por primera vez augurando “una dura lucha” en los tribunales, en palabras de su presidente Juan Chicharro. General de División de Infantería de Marina en la reserva, Chicharro ejerció como ayudante de campo del rey Juan Carlos y en marzo de 2018 asumió el máximo cargo de la fundación. Pocos meses después llegó a llamar a “un nuevo alzamiento” ante la exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros que estaba en ese momento preparando Moncloa.

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, durante un homenaje al dictador en el cementerio de El Pardo-Mingurrobio, tras su exhumación en 2019

Aunque siempre ha mantenido su posición, la fundación ha ido midiendo sus palabras tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, una estrategia que también han seguido otras organizaciones como Falange, que animan a asistir a sus concentraciones sin simbología sancionable. Sin embargo, en los últimos meses los admiradores de Franco han encontrado un espacio en el que mostrar lo que piensan sin ambages, la Plataforma 2025, que reúne a un nutrido grupo de franquistas autores de un manifiesto a favor del dictador firmado, entre otros, por el excoronel golpista Antonio Tejero o el propio Chicharro.

El presidente de la fundación, de hecho, ha participado en actos convocados por la plataforma y desde la tienda online vende el libro 50 años de mentiras sobre Francisco Franco –editado por SDN editores, que está en manos de Álvaro Romero, impulsor de la plataforma–. Entre otras cosas, la obra llega a plantear la “licitud” del golpe de Estado de 1936. Un extremo que también fue defendido en actos como el organizado el pasado 1 de abril, en el que los franquistas celebraron el fin de la Guerra Civil como el día en que “España recuperó su libertad”. Chicharro intervino en el encuentro sosteniendo mantras negacionistas de los fusilamientos franquistas.

Lo que no ha dejado de hacer en todo este tiempo la Fundación Francisco Franco son las misas “por el alma” de Franco cada 20N, aniversario de su muerte. El pasado, la entidad convocó casi una veintena en diferentes ciudades españolas asegurando que el dictador fue “un devoto hijo de la Iglesia”. Es habitual que los asistentes salgan de estas liturgias con el brazo en alto entonando el Cara al Sol.

La táctica en los tribunales

El judicial es el otro ámbito en el que la fundación ha puesto sus esfuerzos. Con el objetivo de boicotear las leyes de memoria histórica, ha intentado impedir la retirada de las denominaciones franquistas del callejero madrileño. Lo hizo a través de pleitos indiscriminados contra el plan del Ayuntamiento, entonces dirigido por Manuela Carmena, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que la organización no tenía legitimidad para hacerlo. Sin embargo, la fundación impulsó junto a la Plataforma Millán Astray la batalla judicial contra la retirada de la calle, una decisión que finalmente echó para atrás un magistrado. Aunque el consistorio en manos de José Luis Martínez Almeida podría haber recurrido, no lo hizo y la restituyó en 2021.

También se revolvió la fundación contra la decisión del Ministerio de Defensa de renombrar una unidad de la Legión que pasó de llamarse ‘Bandera comandante Franco’ a ‘Bandera España’. Lo hizo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha definido como una norma “liberticida” elaborada “desde la mentira”.

Pero la mayor ofensiva de la organización tuvo que ver con la exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros, algo que recurrió al Tribunal Supremo y contra lo que encargó un informe arquitectónico que llegó a declarar que las obras ponían en peligro a los operarios. El estudio fue utilizado en una campaña orquestada de denuncias múltiples ante los tribunales hasta que un juez, José Yusty Bestarreche –que es uno de los firmantes del manifiesto de la Plataforma 2025–, llegó a paralizar el traslado de los restos, que finalmente salieron del mausoleo hace seis años.

Con una estrategia similar la fundación ha sido también una de las entidades que han obstaculizado las exhumaciones de víctimas de las criptas a las que buscan sus familiares. Los trabajos, iniciados por el Gobierno en 2023, han logrado recuperar ya 20 cuerpos que han sido entregados a sus seres queridos. Pero la organización presidida por Chicharro se ha empeñado en que esto no ocurra y ha recurrido a los tribunales, que llegaron a paralizar las obras hasta que el pasado marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio luz verde.

El reloj ha empezado a correr para la fundación franquista, que tiene ahora diez días hábiles para responder con alegaciones al acuerdo del Ministerio de Cultura. Preguntado sobre los próximos pasos que va a seguir, Chicharro no ha respondido de momento a las preguntas de este medio. Y es que todo va a depender de la estrategia que siga la fundación, que si busca dilatar el proceso puede presentar documentación para el que haga falta un periodo de prueba antes de seguir con la siguiente fase. Su fin puede estar cerca, aunque la última palabra será del juez.