Un jesuita investigado por abuso sexual admite ante su víctima parte de los hechos: “Me acuerdo de que había sangre”

Abusos sexuales y violaciones durante más de tres décadas por parte de un cura diocesano de Palma y dos jesuitas vinculados al convento Montesión. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital balear después de que una mujer, que actualmente tiene 55 años, haya puesto los hechos en conocimiento de la Justicia.

Uno de los presuntos agresores sexuales, L. A. S., se puso en contacto recientemente con la denunciante y, durante la conversación telefónica, reconoció parte de los hechos que se investigan.

— ¿Te acuerdas de que había días que F. y tú me violabais el mismo día, y que me cortaba los pezones?

— Me acuerdo de que una vez había sangre en tus pezones

Se trata de una transcripción literal de una conversación que tuvo lugar entre L. A. S. y la mujer el 7 de octubre de 2025. El investigado llamó por teléfono en dos ocasiones a la denunciante durante ese día. La primera llamada, a las cinco y diez de la tarde, no fue respondida. En la segunda, sobre las diez menos cuarto, la mujer decide coger el teléfono. “No tenía que hacerlo”, afirmó el investigado al referirse a los abusos que tuvieron lugar entre 1988 y 2020, según consta en el escrito aportado en el juzgado, al cual ha accedido elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto vía WhatsApp con L. A. S. para preguntarle sobre el contenido de la grabación. “Lo siento. No puedo hablar. Disculpen”, se ha limitado a responder. Concretamente, se le consultaba si había llamado en dos ocasiones, el 7 de octubre de 2025, a la mujer que le había denunciado y si le había respondido “me acuerdo de que una vez que había sangre en tus pezones”. Además, se le preguntaba si reconocía haber cometido abusos sexuales contra esta mujer, y si ello había ocurrido cuando ella era menor de edad. Tampoco ha respondido uno de los abogados que figura en la causa como defensa de los acusados. 

El caso se hizo público después de que lo sacara a la luz la denunciante en julio de 2023. Los tres denunciados —F. M. R, L. A. S. y J. C. V.— se aprovecharon de la vulnerabilidad psíquica que conocían, derivada de los abusos que sufrió en su infancia, para mantener durante décadas una relación de violencia sexual, según contó a Diario de Mallorca. Los abusos sexuales durante más de tres décadas han llevado a la mujer a requerir asistencia psicológica especializada.

J. C. V., uno de los sacerdotes denunciados, a su llegada a los Juzgados para declarar como investigado

Los hechos denunciados se enmarcan en un contexto institucional donde los abusos sexuales cometidos por religiosos han permanecido durante décadas amparados por estructuras jerárquicas masculinas. El contexto religioso en el que creció la mujer denunciante facilitó el control y la proximidad de los miembros eclesiásticos sobre ella, según relató. La estructura jerárquica en la que había sido educada —en la que mandaba el padre de familia— no era muy distinta a la que luego se encontró en la estructura eclesiástica, situación que explica que haya necesitado más de tres décadas para ser escuchada.

Clara Serra es filósofa e investigadora en el Centro de Investigación Teoría, Género, Sexualidad (ADHUC) de la Universitat de Barcelona (UB). En su último libro, El sentido de consentir (Anagrama, 2024), explica que “en efecto, existen espacios en los que una fuerte jerarquía institucional vuelve el acoso sexual más factible”. En la línea de Judith Butler, propone “contextualizar la sexualidad”, lo que significa que es preciso “tomar en consideración las fuertes desigualdades que existen en determinados contextos”. “Contextualizar el sexo nos llevaría, por tanto, a exigirle al derecho que sepa juzgar cada caso ateniéndose a las particularidades de la situación”, argumenta la experta.

“Rotunda condena”

La investigación llevada a cabo por la Compañía de Jesús determinó que los abusos de los dos religiosos que forman parte de la orden jesuita tuvieron lugar entre 1985 y 2021, como informó el periódico local Última Hora. Según el relato de los dos religiosos, recogido por el diario local, hubo relaciones sexuales con la denunciante, pero siempre de manera consentida y cuando ésta era mayor de edad. En cuanto al cura diocesano, también admite que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante, pero nuevamente cuando era mayor de edad, y poniendo en tela de juicio su versión.

Este diario se ha puesto en contacto con la Compañía de Jesús con el objetivo de actualizar la información en torno a este caso. “La Compañía no suele comentar procesos judiciales en marcha para no interferir en ellos. Me remito al comunicado que enlazabas y que continúa vigente, con la salvedad de que se van a revisar las medidas adoptadas con uno de los jesuitas dadas las informaciones publicadas en prensa sobre el contacto con la víctima”, han respondido las fuentes consultadas a este diario.

Cuando el caso se hizo público, la Compañía de Jesús quiso manifestar su “rotunda condena” respecto a los abusos cometidos en el pasado por “miembros de la orden” cuya labor precisamente debería haber sido “proteger a una persona vulnerable”, según explicó en un comunicado oficial. La orden jesuita puntualizó que la mujer denunciante formó parte de las congregaciones marianas y coral del centro educativo Montesión, que pertenece a la organización religiosa.

Fachada del colegio Montesión, en Palma

“Pedimos perdón a la víctima no solo por el grave sufrimiento personal y psíquico ocasionado por los religiosos sino también por no haber sabido proteger a una joven vinculada a nuestra pastoral”, asumió la orden jesuita, que añadió que, tras la demanda interpuesta por la mujer contra los religiosos, se ponía “a disposición de la justicia ordinaria” para aquello que requiriera.

Del mismo modo, la orden religiosa explicaba que conoció la acusación en abril de 2021 tras la denuncia presentada ante el Obispado de Mallorca. Inmediatamente, indican, la Compañía de Jesús abrió dos procesos canónicos de investigación previa, los dos miembros de la organización quedaron bajo la supervisión de sus superiores y se iniciaron contactos con la mujer denunciante. En junio de 2021 aseguran que impusieron nuevas medidas cautelares a los denunciados. Incluyen la restricción de movilidad, limitación completa de su actividad pastoral, prohibición de actividades con menores y adultos y obligación de ser sometidos a una evaluación psicológica.

“Condenamos cualquier tipo de abuso”

Este diario ha contactado con el Obispado de Mallorca con la finalidad de actualizar la información y conocer qué medidas se están llevando a cabo en relación al caso. Sin embargo, las fuentes consultadas se han limitado a facilitar el comunicado oficial que se emitió el 3 de julio de 2023. “No hay nada más que añadir”, han respondido. “Desde la Iglesia de Mallorca condenamos cualquier tipo de abuso y violencia contra las personas, manifestamos nuestra firme intención de buscar siempre la verdad, acoger a las víctimas y acompañarlas, ofreciéndoles apoyo psicológico y asesoramiento legal”, sostiene el Obispado de Mallorca en el comunicado oficial.

La diócesis sostiene que, en primer lugar, la denuncia se presentó a finales de septiembre de 2020 ante el tribunal eclesiástico de Mallorca y, posteriormente, en junio de 2023, ante los tribunales ordinarios de justicia. El Obispado de Mallorca inició, respecto al cura denunciado, una investigación previa “sobre la presunta conducta delictiva del presbítero diocesano”, que fue remitida a la Congregación de la Doctrina de la Fe (actualmente Dicasterio de la Doctrina de la Fe) de Roma, organismo competente para estas causas penales.

No obstante, la máxima autoridad del Obispado de Mallorca impuso al cura denunciado la prohibición del ejercicio público del ministerio (es decir, la prohibición de oficiar, de forma pública, misas, administrar sacramentos, presidir actos litúrgicos o religiosos o representar oficialmente a la Iglesia Católica), así como seguimiento psicológico y proveerlo “de una seria dirección espiritual”. Además, inciden en que la Congregación Romana decretó el inicio de un proceso administrativo penal para “clarificar los hechos denunciados, que por diferentes causas se ha prolongado en el tiempo”.

“Finalmente, y en línea con nuestro compromiso de transparencia, nuestra voluntad es cooperar siempre plenamente con las autoridades judiciales del Estado”, destacó el Obispado de Mallorca en su comunicado y añadió que se les proporcionaría “toda la información necesaria para facilitar la investigación judicial que se tenga que llevar a cabo”. El caso continúa en fase de instrucción en el Juzgado número 5 de Mallorca, a la espera de que se determinen posibles responsabilidades penales.