Madrid Network o los secretos de la red que ‘pescó’ 80 millones (aún) imposibles de rastrear

La investigación sobre la supuesta trama de corrupción nucleada en torno a la empresa Equipo Económico SL, fundada en 2006 por el entonces gurú económico del PP, Cristóbal Montoro, ha operado como un zahorí capaz de detectar corrientes ocultas. Entre otras cosas, los hallazgos policiales han sacado a la luz que una asociación con nombre de red –Madrid Network– y gestada por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se convirtió para Equipo Económico en un manantial tan caudaloso que entre 2008 y 2011 le ingresó 1,8 millones por trabajos aún desconocidos.

Que el Tribunal Supremo haya ordenado ahora al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso permitir el acceso a las memorias anuales donde Madrid Network debe dar cuenta de lo hecho con los 80 millones que en 2011 otorgó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid y que esta transfirió de inmediato a la asociación se suma a las exigencias de investigación parlamentaria formuladas por Más Madrid y PSOE tras conocerse sus pagos a la mercantil de Montoro.

Pero, de momento, y en medio de constantes vetos del PP a toda pregunta parlamentaria sobre el asunto –los socialistas acudirán al Tribunal Constitucional–, su historial se asemeja a un puzle donde al menos en apariencia faltan piezas y sobran secretos: no solo el listado completo de empresas receptoras de préstamos con cargo a aquellos 80 millones y si los devolvieron o no, sino, por ejemplo, sentencias pendientes de ejecución que aliviarían el daño ya causado a la Comunidad por los impagos de Madrid Network. Y, también, la incógnita de por qué Aguirre puso ese dinero en manos de una asociación nunca declarada de “utilidad pública”. O la última aparecida en escena: por qué el PP eligió en 2024 como miembro de la Cámara de Cuentas a Francisco Cabrillo, cuyo nombramiento como presidente del consejo asesor de Madrid Network se anunció en 2012 a bombo y platillo aunque ahora el máximo órgano fiscalizador de Madrid asegura que tal consejo asesor “nunca se llegó a constituir”.

A comienzos de semana, portavoces del Gobierno madrileño rehusaron contestar a preguntas formuladas por este medio tras aducir que la consejera de Hacienda, Rocío Albert, comparecerá el próximo jueves ante la Asamblea de Madrid y que allí, durante la sesión plenaria, “explicará todos los detalles” relacionados con Madrid Network.

En espera de lo que la titular de Hacienda desvele en el Parlamento madrileño, lo cierto es que el ‘caso Montoro’ ha descorchado de forma inesperada la botella de Madrid Network, oficialmente una entidad de derecho privado nacida bajo amparo y dominio del equipo de Esperanza Aguirre –la presidió durante años el consejero de Hacienda–, blindada por un manto opaco que ha invisibilizado sus pasos contables y financieros en los 18 años transcurridos desde su constitución en 2007, deudora de más de 50 millones que ha tenido que pagar el Gobierno de Madrid y lugar de trabajo de Isabel Díaz Ayuso (4.000 euros al mes) hasta su ascenso a un escaño en 2011.

Sentencias que aliviarían la deuda y permanecen en el limbo

Entre los datos inéditos todavía sin explicación figuran dos que plantean interrogantes sobre el patrón seguido por el Ejecutivo madrileño en un caso de morosidad galopante y moteado de episodios como la concesión de préstamos por parte de Madrid Network a dos empresas de quien fue mano derecha del expresidente madrileño Ignacio González y a una tercera del exconsejero de Sanidad que persiguió judicialmente a los médicos del hospital público Severo Ochoa acusándoles en falso de matar a pacientes mediante sedación terminal. Ninguno de los tres préstamos, que sumaban 4,5 millones, fue devuelto.

El primero de esos dos datos inéditos está directamente conectado al agujero causado por los impagos de la cuota que debía abonar Madrid Network para la devolución a plazos de los 80 millones. Según la Cámara de Cuentas, los constantes impagos de la asociación ya habían provocado al cierre de 2023 un agujero de 51,89 millones en las cuentas regionales aunque la cifra, a falta de datos oficiales actualizados, podría rondar ya los 70 millones. El bocado a las cuentas públicas, sobre cuya cuantía a fecha de hoy faltan las cifras oficiales, se explica con facilidad: pague o no Madrid Network, la Comunidad está obligada a devolver al Ministerio de Ciencia los 80 millones concedidos en 2011 para investigación, desarrollo e innovación.

Según el Gobierno de Madrid, la Comunidad acudió a los tribunales como consecuencia de los impagos de Madrid Network. Pero lo que de momento ha podido localizarse no son sentencias dictadas a raíz de las demandas interpuestas por la Administración y sobre las que no hay rastro a día de hoy, sino todo lo contrario: son producto de los contenciosos formulados por Madrid Network para justificar el impago de las cuotas establecidas.

Entre abril de 2022 y febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó cuatro sentencias cuya aplicación habría coadyuvado a disminuir el agujero citado en el párrafo anterior. Las cuatro son firmes: Madrid Network las recurrió en el Supremo, pero el alto tribunal inadmitió los recursos. Las cuatro le dan en parte la razón a Madrid Network al concluir que, tras devolver 4,11 millones en 2016 como remanente de los 80 millones -es decir, 4,11 millones que se habían quedado en la caja sin llegar a repartirse entre terceras empresas-, la Comunidad debe “determinar la nueva cantidad a reintegrar”.

Pues bien, la Comunidad de Madrid solo ha pedido al tribunal la ejecución de la primera de esas cuatro sentencias, que se encuentra desde 2023 en la llamada Sección de Ejecuciones y así lo ha confirmado elDiario.es a través del TSJM. Traducido, lo anterior significa que de momento permanecen en el limbo las otras tres resoluciones firmes que obligan a modificar la cuantía de la cuota, pero sin que ello exima a Madrid Network de la obligación de pago.

Una subvención multimillonaria para una asociación sin “utilidad pública”

En su libro Una liberal en política (Deusto, 2025), Esperanza Aguirre señala a José Luis Rodríguez Zapatero como el presidente que daba subvenciones “a quien se le pusiera por delante para, así, comprar votos”. Feroz detractora del concepto ‘justicia social’ –“no solo no es justa, sino que tampoco aporta nada al bienestar general”, se lee en el mismo libro–, la expresidenta firmó el 27 de octubre de 2010 el convenio por el que el Ministerio de Ciencia del segundo Gobierno de Zapatero aprobaba la entrega de 80 millones a la Comunidad de Madrid para el fomento de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Y a partir de aquí comienza el relato sobre el segundo dato inédito pendiente de explicación.

El convenio con el Ministerio preceptuaba que la gestión de los 80 millones recaía sobre uno de los entes de la Administración madrileña, el IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo), “pieza clave [dice el texto] de la actividad económica del sector público de la Comunidad de Madrid”. Dos semanas después de la firma del acuerdo, el Gobierno regional anunció que, por razones de austeridad, había decidido eliminar de un plumazo aquella “pieza clave”.

Extinguido el IMADE, fue el entonces consejero de Hacienda y antes y después de su fase autonómica alto cargo ministerial con Montoro, Antonio Beteta, quien el 23 de mayo de 2011 signó con Madrid Network el convenio por el que le traspasaba los 80 millones del préstamo a un bajísimo interés (1,23%) y con un periodo de amortización que se iniciaría en 2016 para finalizar en 2027.

Pero lo sorprendente del caso no es solo la elevadísima cuantía –80 millones de euros– cedidos a una entidad de derecho privado y “sin ánimo de lucro” mediante un convenio regido por la ley de subvenciones. Ni tampoco el hecho de que Beteta hiciese doblete como consejero y a la vez presidente de la asociación “privada” en cumplimiento de sus estatutos originales, que asignaban ese puesto al consejero de Hacienda o a la persona por él elegida. La gran sorpresa radica en que nunca, ni durante el mandato de Beteta ni más tarde, Madrid Network fue declarada asociación de utilidad pública. Lo certifica una consulta a la base de datos de asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.

“No es muy lógico [sostiene el diputado socialista Agustín Vinagre] que siendo el presidente de Madrid Network el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, nunca se pidiera que la asociación fuera de utilidad pública y se le diera la gestión de un convenio de 80 millones de euros públicos que hasta ahora han desaparecido”.

Pero en una interpretación mordaz del término, que no haya sido calificada como asociación de utilidad pública sí posee una lógica que hasta ahora había pasado inadvertida. Porque la ley de asociaciones garantiza beneficios fiscales a las entidades catalogadas como de utilidad pública. Pero simultáneamente les impone dos obligaciones de relevancia. La primera, que su actividad “no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines”. Y, en segundo lugar, aunque no de menor relevancia, les exige “rendir las cuentas anuales del ejercicio anterior en los seis meses siguientes a su finalización” y depositarlas “en el registro correspondiente”.

Por definición, los documentos depositados en los registros de asociaciones son de acceso público. Y pese a que, probablemente y a tenor del convenio de 2011, las memorias anuales de la asociación se limiten a lo referente a los préstamos a “entidades asociadas a Madrid Network” –la limitación vetada a las entidades de utilidad pública–, la Comunidad lleva años negándose a su divulgación. ¿Por qué? Porque, según su argumento central –justo el que han tumbado los tribunales por considerarlo inconsistente– dar a conocer las memorias de Madrid Network “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”. ¿Abordan las memorias anuales contratos de servicios como los que aportaron 1,8 millones a la empresa fundada por Montoro o esas operaciones solo figuran en los libros de contabilidad y en unas cuentas nunca depositadas en el Registro? Por ahora, no es factible acceder a una respuesta.

¿Un consejo asesor fantasma con nombres de primera línea, pero que nunca existió?

El 22 de octubre, el secreto que envuelve a Madrid Network sufrió un nuevo rasguño cuando la diputada de Más Madrid Marta Lozano interpeló en la Asamblea regional al presidente de la Cámara de Cuentas, Joaquín Leguina. Lozano le espetó que un vocal del máximo órgano fiscalizador madrileño, el catedrático Francisco Cabrillo, presidió entre 2012 y al menos 2022 el consejo asesor de la asociación, “ese chiringuito del PP que ha costado ya 70 millones”. Más Madrid reclama la dimisión de Cabrillo.

Jefe del primer Gobierno madrileño cuando militaba en el PSOE, Leguina contestó de forma escueta sobre su compañero, que se incorporó como vocal de la Cámara en abril de 2024 a propuesta del PP: “El señor Cabrillo ya no forma parte de esa institución”. Dejó pasar medio segundo y cerró así su respuesta: “Lo digo para que lo sepa”.

Pero esta semana, y a preguntas de elDiario.es sobre la fecha exacta en que Cabrillo había dejado de ejercer la presidencia del consejo asesor de la asociación, fuentes autorizadas de la Cámara de Cuentas derribaron el adverbio “ya” insertado por Leguina. “Según nos consta [se lee en su respuesta escrita] ese Consejo nunca llegó a constituirse, nunca se reunió, por tanto, o el Sr. Cabrillo nunca desempeñó función alguna en Madrid Network”. El correo remitido en contestación a las preguntas añade que las cuotas impagadas por la asociación “han sido reclamadas por la Comunidad de Madrid y se encuentran en vía judicial”.

Expresidente del Consejo Económico y Social de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre, catedrático de la Complutense, patrono de la fundación conservadora Civismo, colaborador asiduo de FAES y antiguo miembro del consejo de administración de Libertad Digital, Cabrillo fue nombrado en julio de 2012 presidente del consejo asesor de Madrid Network, que pasó de cuatro a diez miembros según la información difundida entonces. Entre los nuevos consejeros también figuraba la exministra de Ciencia en el Gobierno de Zapatero que firmó el convenio de los 80 millones y hoy presidenta de Mediaset España, Cristina Garmendia.

En 2022, es decir, 10 años después de que se publicase en prensa el reforzamiento del Consejo Asesor de Madrid Network, la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (Racef) incluyó a Cabrillo en la lista de su publicación Economistas españoles relevantes de los siglos XVIII, XIX y XX. El perfil biográfico del hoy consejero de la Cámara de Cuentas incorpora este párrafo: “Es miembro fundador de la European Association of Law and Economics, para la investigación económica, y presidente de Madrid Network, una red de networking para la generación de oportunidades de negocio. Colabora habitualmente en el diario Libertad Digital”. El texto sigue disponible en la web de la Academia.

Un segundo documento académico, el Diccionario de catedráticos españoles editado por la Universidad Carlos III, también vincula a Cabrillo con Madrid Network: “Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del Máster en Análisis Económico del Derecho del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es también director general del Centro Universitario Cardenal Cisneros, presidente del Consejo Asesor de Madrid Network y de la Asociación Española de Derecho y Economía (AEDE)”.