El PP inicia los trámites para blindar por ley el español en la escuela balear y frena las «imposiciones» de Vox contra el catalán

El PP ha registrado una Proposición de Ley (PP) con la que busca blindar por ley, “sin imposiciones ni estridencias”, el español en los colegios de Balears. Se trata de una iniciativa que ha registrado apenas 24 antes de que Vox defienda este martes su propia propuesta en este sentido, y contra la que los conservadores votarán al considerar que va más allá del acuerdo que ambos socios alcanzaron en mayo a cambio de sacar adelante los presupuestos de este año. La formación de extrema derecha pretende “revertir la imposición del catalán en la enseñanza”, segregando a los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidan que estudien sus hijos, lo que, a juicio de los conservadores, supondría en la práctica “cargarse” el Decreto de Mínimos, uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago.

Con este movimiento, el PP quiere subrayar su compromiso con el bilingüismo y la convivencia lingüística entre ambas lenguas, respetando, como ha remarcado su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, el propio Decreto de Mínimos -que desde su aprobación en 1997 garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza-, la ley de normalización lingüística de 1986 -que reconoce el catalán como la lengua propia de las islas-, la autonomía de los centros educativos y, “evidentemente, el Estatut d’Autonomia”. Estas son, de hecho, las “líneas rojas” que los populares aseguran no estar dispuestos a traspasar y así lo trasladaron a Vox en el momento en que los de Santiago Abascal presentaron su propia PL, que este martes se debatirá y votará en el Parlament balear.

La gestión del modelo educativo y lingüístico es una de las principales líneas de fractura entre PP y Vox en Balears. Mientras el PP apuesta por mantener por ley el actual sistema de enseñanza bilingüe, Vox exige un cambio que desmonte el marco normativo autonómico en materia lingüística. Las divergencias en torno a este asunto han puesto a prueba en varias ocasiones la estabilidad del pacto suscrito entre ambos a inicios de legislatura y también la del propio Ejecutivo de Marga Prohens. Los populares han registrado la iniciativa, además, en plenas negociaciones del techo de gasto balear, un hecho que tanto una como otra formación desligan de sus iniciativas lingüísticas.

Ante la negativa de los conservadores a acatar las exigencias de Vox, los de Bambú impidieron el pasado 30 de septiembre la convalidación de una de las normativas clave del Govern de Prohens, la ley de proyectos estratégicos, a pesar de que los dos socios de investidura habían pactado varias de las medidas previstas en el decreto. La formación de extrema derecha cumplía así la advertencia que días antes había lanzado al PP: se abstendrían en la votación de esta norma si el PP no accedía a tramitar su PL sobre política lingüística, presentada, a juicio de los conservadores, “de manera unilateral”, sin haber sido consensuada con ellos y sin que éstos tuvieran conocimiento de la misma.

En concreto, en su propuesta, Vox introduce 11 modificaciones a la ley balear de educación, con las que reclama, entre otras, que la administración educativa establezca un sistema de evaluación de los proyectos lingüísticos establecidos por cada centro, con la supervisión de la Inspección Educativa, que permita revisarlos periódicamente y adecuarlos “con el fin de asegurar el cumplimiento de la distribución de uso de las lenguas oficiales fijada reglamentariamente, y garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en castellano y en catalán”, lo que choca de forma directa con las pretensiones del PP.

Por su parte, con la PL recién presentada, los populares quieren modificar la ley de educación “sin estridencias ni imposiciones” con el objetivo de “blindar el modelo de conjunción lingüística de las islas, donde conviven dos lenguas oficiales”, además de “dar difusión a las modalidades insulares [de la lengua catalana] reconocidas en el artículo 35 del Estatut”. “Hasta ahora se garantizaba el uso de estas modalidades y a partir de ahora también se velará por su difusión”, ha remarcado Sagreras.