Duelo entre fiscales con fiscal general de fondo

Todo se desencadenó en un partido de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán en la noche de un miércoles. Un fiscal especializado en delitos económicos estaba viendo el encuentro. Seguro que era uno de sus momentos más relajados –y tensos por el resultado del partido– de la semana para él. Le llamaban por un caso de presunto delito fiscal que no le había llamado la atención. “Me parecía un asunto de no mucha enjundia”, dijo ese fiscal, Julián Salto, en su declaración en el primer día del juicio por la causa 20557/2024 en la que el único acusado es una de las mayores autoridades del Estado, Álvaro García Ortiz, fiscal general.

Sus superiores le interrumpieron el partido con dos llamadas de dos fiscales: Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, y Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid. No es una casualidad que ambas le dieran instrucciones diferentes. La primera le requería de forma urgente información sobre la investigación de Alberto González Amador, del que se había sabido que era la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No se había conocido ese mismo día. Lo que estaba ocurriendo es que Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Ayuso, había comenzado a montar una operación política para atacar a la Fiscalía y presentar a la presidenta de Madrid como víctima de una conspiración diseñada en Moncloa.

La fiscal Lastra no coincidía con su subordinada. De hecho, le dijo a Salto que no se apurara, porque podían ocuparse del tema al día siguiente por la mañana. Evidentemente, García Ortiz no pensaba lo mismo y creía que la Fiscalía debía movilizarse para defender su reputación. Esperar demasiado tiempo sería dejar el campo libre a MAR. Así que reclamaron a Salto los documentos sobre el caso. En una llamada, le dicen que “tiene que ser ahora, porque el fiscal general no puede esperar”.

La situación era incómoda para Salto. Era consciente de la importancia de guardar confidencialidad sobre sus contactos con el abogado de Amador, que se había ofrecido a negociar un acuerdo que supondría el reconocimiento de dos delitos fiscales. “Yo pensaba que esos correos no deberían tenerlos ni Amador ni el jefe de gabinete de la presidenta”, dijo Salto en el juicio. MAR le podría responder que esos correos eran una munición muy valiosa para su jefa y el PP de Madrid. Y por eso se los había reclamado a Amador.

El fiscal reiteró que lo que apareció publicado en algunos medios a instancias de MAR era falso. No hubo “órdenes de arriba” (del Gobierno) para que no hubiera conformidad, es decir un acuerdo entre acusación y defensa que pasa de forma inevitable por reconocer que se han cometido delitos, a veces incluso justo antes de que comience el juicio. “En ningún momento se me dice que no puede haber acuerdo”, explicó. “Es una campaña de desinformación que lleva 20 meses”.

Pilar Rodríguez y Almudena Lastra protagonizaron un duelo por separado de los que no se suelen ver en los juicios. Hay unas cuantas cosas en esta vista que no se ven con frecuencia, y no solo por la identidad del acusado. Quizá sería exagerado decir que se detestan cordialmente, es solo que les ha tocado estar en campos diferentes. Lastra se enfadó esa noche por el comunicado que García Ortiz quería publicar para responder a las mentiras. Rodríguez declaró que no hubo “ninguna clandestinidad” en esas decisiones.

El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, pretendía llevar a juicio a esta fiscal, con lo que es normal que se mostrara cautelosa. Fue el Tribunal Supremo la que rechazó su imputación.

El abogado de Amador intentó presionarla: “¿Le dijo Almudena Lastra ‘por favor, por qué les has pasado los correos [entre fiscal y abogado] que los van a filtrar?”. “No”, respondió Rodríguez. “Conversaciones sobre filtraciones, yo no tengo”. Por un lado, dejaba pasar unos incómodos silencios antes de responder a la pregunta. “Podría ser así”, respondía a veces. El letrado apretaba con preguntas algo confusas. Hasta que el presidente le pillaba y le lanzaba la pregunta que no quieren escuchar los abogados: “¿Cuál es el objeto de la pregunta?”.

Con Almudena Lastra, todo era diferente. No paraba de hablar y de opinar sobre asuntos que iban más allá de las preguntas. Pero tuvo una actitud muy distinta cuando elDiario.es dio la primera noticia de la investigación fiscal del novio de Amador. “Sobre esto, no vamos a dar ninguna noticia”, dijo a su jefe de prensa. Inicialmente, en un contacto con García Ortiz sí estaba dispuesta a desmentir los rumores que se estaban empezando a extender: “Quedamos en que había que salir a desmentir esto”. Pero muy pronto vio todo de forma diferente.

“Me quedé pasmada cuando (Salto) me dijo que los había enviado (los correos) al fiscal general”, dijo Lastra en su testimonio. Rodríguez había dicho minutos antes que cuando Lastra dijo que estaba segura de que iban a filtrar los correos desde la Fiscalía General solo estaba haciendo “una suposición”. Es decir, no tenía pruebas de eso, aunque estuviera convencida. A Salto le dijo lo mismo: “Le dije, por favor, los van a filtrar. No hagas nada. Vete a casa”.

Lastra echó un buen capote en favor de los intereses de González Amador cuando dijo que “muchas veces los abogados se dirigen a la Fiscalía sin haber hablado con sus clientes”. Amador había declarado en la instrucción del caso que nunca dio permiso a su letrado para que reconociera dos delitos fiscales. Luego, no le despidió.

La fiscal superior de Madrid tiene claro que no estaba a favor de dar tantos datos. “No creo que sea nuestro papel revelar la estrategia [de defensa] de nadie”. Esa es solo su opinión, puede que hasta cualificada, pero no un hecho con el que se puede condenar a alguien.

Aquí hay muchas cuentas pendientes entre Lastra y García Ortiz y su equipo. Los segundos se ocuparon de contraatacar. “Lo que pasa es que estamos viendo un cuestionamiento por la testigo de la política del fiscal general”, dijo la abogada del Estado Consuelo Castro, que hace de defensora del fiscal general. El presidente del tribunal le llamó la atención. Eso era un comentario, no una pregunta. “La animadversión de la fiscal superior de Madrid (Lastra) por el fiscal general y por la anterior fiscal general era evidente”, dijo el fiscal Diego Villafañe, que declaró como testigo. Acabáramos. Aquí hay muchas trincheras judiciales que habían pasado desapercibidas.

Los testigos no hacían más que hablar del comunicado de prensa –ya que todas las partes les preguntaban por él–, la nota que sacó la Fiscalía después de que García Ortiz insistiera una y otra vez. Es bastante paradójico porque esa declaración pública está fuera de este juicio. No forma parte de los hechos por los que podrían condenar al fiscal general. Ni siquiera el instructor Hurtado consideró que podía ser constitutiva de delito. Se habla mucho de algo de lo que no se puede obtener la culpabilidad del fiscal general en la filtración. ¿Es para crear el ambiente que pueda justificar una condena? ¿Faltan pruebas para enviar a prisión al fiscal general? Es prematuro tener ya una respuesta. A fin de cuentas, ningún juicio queda claro el primer día.