Un sargento de los Bomberos declara ante la jueza de la dana que en Emergencias «sabían lo que estaba pasando» en el Poyo

El bombero que ordenó la retirada de la unidad de bomberos que vigilaba el caudal del barranco del Poyo ha culpado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat de haberse desentendido del dispositivo, en una jornada muy complicada con numerosos rescates “a vida o muerte”. Gregori Fayos, sargento coordinador de recursos de guardia el 29 de octubre de 2024, día de la dana que dejó 229 fallecidos, ha declarado ante la jueza instructora de la causa que, cuando dio la orden de retirada, la “instrucción” de Emergencias ya “estaba ejecutada” por parte de los bomberos. El Centro de Emergencias de l’Eliana, ha explicado, “había pedido rondas y seguimiento de la evolución del agua” en la parte alta de la cuenca (“que en caso de crecida afectaría a Torrent, Paiporta y Picanya”); en ese momento, el caudal había descendido y, más al interior, en Requena-Utiel ya se estaban produciendo “muchos rescates”, con coches en el cauce, casas inundadas y salvamentos de ciudadanos atrapados por las inundaciones. La unidad de bomberos de Buñol, que había sido movilizada para medir el caudal del Poyo fue retirada a la base al estar el requerimiento de Emergencias ejecutado y el caudal en modo descendente. “Si el Centro de Coordinación de Emergencias hubiera requerido otras rondas, se hubieran vuelto a enviar”, ha lamentado el testigo, según fuentes conocedoras de su declaración consultadas por elDiario.es. “Si lo que querían era que se quedaran, tendrían que haber dicho que permanecieran o una periodicidad, y no lo hicieron”, ha apostillado.

Además, el sargento Fayos ha dicho que la orden no llevaba aparejado un “código de tiempo”. El bombero ha recordado que, según el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat, Emergencias debe “recabar información periódicamente”. Con el “trabajo hecho” y sin que le dijeran un “periodo de tiempo” para la vigilancia, el oficial de guardia, Antonio Mira que ya declaró como testigo el pasado 10 de septiembre, no modificó la orden. “Yo transmití lo que se me dijo y se movilizó lo que se me dijo. Yo ejecuto los requerimientos y sigo órdenes”, ha alegado Gregori Fayos.

El testigo ha abundado en que el seguimiento de los barrancos depende del Centro de Coordinación de Emergencias. Además, nadie les volvió a preguntar por el dispositivo: “En ningún momento. Por eso me cuesta creer que no supieran que no estaban ahí”, ha dicho. En Emergencias, según ha recordado, reciben datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). “Ellos sabían lo que estaba pasando en el cauce del barranco por las llamadas al 112 y por el SAIH”, ha destacado. Fayos ha desglosado algunas de las llamadas al teléfono 112 que alertaban de desbordamientos del Poyo. También ha explicado que una de las funciones del Centro de Emergencias es el “análisis” de la situación con el número, la naturaleza y la localización de las llamadas.

La finalización del dispositivo fue comunicada en un canal de radio que está permanentemente monitorizado por el Centro de Emergencias, según ha dicho. Además, en el complejo de l’Eliana tenían a un responsable de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), empresa pública de la Generalitat, dedicado al seguimiento del canal de radio. “Entre sus tareas está estar a la escucha de los movimientos forestales, debería haberlo escuchado”, ha manifestado el testigo.

El seguimiento de la empresa pública de Emergencias

La jueza le ha pedido que identificara al trabajador de SGISE, pero el bombero desconocía su nombre. La empresa pública, de la que dependen los bomberos forestales de la Generalitat, tenía como gerente en aquella época a Raúl Quílez, uno de los participantes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024. Quílez, actual director general de Innovación en Emergencias, está casado con la secretaria autonómica del mismo ramo, Irene Rodríguez. Ambos son testigos pendientes de declarar ante la magistrada.

Por otro lado, el sargento ha aclarado que los forestales dependen (al menos en la “parte logística”) de la SGISE, que delega en el Consorcio Provincial de Bomberos las competencias. “No son nuestros, pero en servicios en incendios forestales nuestros mandos los dirigen”, ha dicho.

La magistrada también ha preguntado a Fayos si el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, “pudo escuchar lo que pasó”. El testigo ha detallado que “de oficiales para arriba llevan las emisoras en modo escáner aunque desconocía si Basset estaba equipado con una aquel día o con un teléfono con señal de satélite.

En todo caso, el sargento ha indicado que “todo” está grabado. Eso sí, a preguntas del fiscal, ha explicado que, dado que “no se pudo trabajar normal” aquella jornada, no todas las decisiones fueron anotadas en el ‘CoordCom’, la caja negra que usan las agencias implicadas en los operativos de emergencias. “Desde primera hora, en la central había que hacer prioridades. No todo se registró”, ha manifestado.