El Gobierno activa la vía legal para exigir a Andalucía y las comunidades del PP que le den los datos de los cribados del cáncer

El Gobierno pone en marcha la vía legal para obligar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a que faciliten los datos sobre los cribados del cáncer que se han negado a enviarle. El Consejo de Ministros ha adoptado un “requerimiento formal” a Andalucía y el resto de gobiernos autonómicos con el fin de que se produzca la “remisión inmediata de estos datos”, según ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García. El procedimiento da un plazo de un mes para que las comunidades envíen la información. “La ley se cumple y punto”, ha advertido García, que ha explicado que, de mantenerse en el boicot, se recurrirá a un proceso contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que fuercen la transparencia de esos datos.

“El PP se ampara en excusas de mal gobernante”, ha afirmado García, que ha criticado el modelo “neoliberal” que aplican las comunidades de la derecha que ha conducido a una “desconfianza” en el sistema de salud a la que atribuye el aumento de los seguros privados en los últimos años. La ministra ha recordado que se reunió con la asociación AMAMA, que ha denunciado el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, y ha asegurado que su relato es “aterrador”. “Desde 2021 llevan sufriendo la incompetencia y mala gestión de Moreno Bonilla”, ha aseverado.

“Estos datos no son de los gobiernos, no son de Moreno Bonilla o de Ayuso, pertenecen a la ciudadanía”, ha dicho la ministra, que ha exigido al PP que abandone la “soberbia” y asumir su “responsabilidad”. “El PP debe abandonar este modelo de gestión de desprecio a las víctimas, como vimos ayer [en referencia a Carlos Mazón], mentiras inverosímiles y ataques”, ha apuntado.

Las comunidades en las que no gobierna el PP o han enviado ya los datos que les solicitó el Gobierno o se han comprometido a enviarlos próximamente. La ministra ha dicho que los conservadores tendrán que explicar “si están del lado de la transparencia o de la deslealtad institucional”. “Las mamografias en este país son sagradas, la salud de las mujeres es sagrada”, ha sentenciado antes de rematar que “ningún interés espurio ni cálculo electoral” está “por encima”.

Además, ha recordado que el Gobierno activó un mecanismo similar para exigir a la Comunidad de Madrid la creación de un registro de objetores de conciencia del aborto y que Isabel Díaz Ayuso tiene dos semanas para hacerlo antes de que se inicie el proceso contencioso-administrativo.