Junts y PP impugnan la ley catalana que limita el precio del alquiler de temporada

Junts y el PP han paralizado al menos durante un mes la aprobación de la ley catalana que limita el precio del alquiler de temporada. Ambas formaciones han acudido al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para solicitar un dictamen sobre la nueva norma, y ahora este organismo tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre si el texto tiene o no encaje dentro del Estatut y de la Constitución. 

La decisión del PP ya era conocida. La anunciaron el pasado miércoles, cuando esta ley de medidas urgentes en materia de vivienda salió adelante en comisión con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP. Prevista inicialmente la votación definitiva para esta semana, solo con el recurso de los populares ya quedaba frenada. Pero este martes Junts se ha sumado igualmente a la solicitud de un informe del Consejo de Garantías Estatutarias.

La portavoz de Junts Mònica Sales ha justificado la decisión al considerar que los partidos que el Govern y ERC, Comuns y la CUP “han menospreciado” el mundo municipal y los demás diputados del Parlament. Les ha acusado de tramitar la ley “con prisas, mal y por la puerta de atrás”, una queja que ya manifestó Junts durante la comisión. 

Sales ha querido dejar claro que no rechazan la necesidad de regular los alquileres de temporada, sino que critican la forma utilizada por sus actuales impulsores. En el recurso al CGE señalan que la regulación del alquiler de temporada y del de habitaciones se hizo mediante enmiendas pactadas en un proyecto de ley de medidas urgentes de vivienda, lo que no dejó, “sin la posibilidad de que otros grupos pudieran hacer aportaciones”.

También ha denunciado Sales que la ley que se pretende aprobar en el Parlament introduce efectos retroactivos “que pueden restringir derechos individuales y crear inseguridad jurídica tanto para propietarios como para arrendatarios”.

Lo que hace la regulación por ahora aprobada en comisión es tratar de someter una parte del alquiler de temporada a las normas que aplican a los arrendamientos de vivienda habitual. Por ello, distingue entre los contratos de alquiler de vivienda permanente, con independencia de su duración, y los que se destinan a usos recreativos, turísticos o vacacionales. A continuación, añade que aquellos pisos alquilados con carácter temporal por razones profesionales, de estudios, por temas médicos o por obras, quedan sujetos a las normas de los arrendamientos de vivienda habitual, entre ellos las limitaciones de subir las mensualidades.

La portavoz del Govern y consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, ha asegurado ante los recursos de Junts y PP que están “convencidos” de la legalidad de la regulación. “Se está haciendo bien y se adecua al marco normativo vigente”, ha afirmado Paneque, que confía en que la norma acabe aplicándose antes de finales de año.