El juez Peinado extiende la investigación contra Begoña Gómez con más diligencias y una nueva imputación
El magistrado dirige el proceso contra la alto cargo que está en el puesto que ocupó Bolaños en la Moncloa, encarga un nuevo informe a la UCO sobre el trabajo de la asesora investigada y acepta recabar información sobre otros asistentes que tuvieron las mujeres de presidentes del Gobierno anteriores
El fiscal del caso Begoña Gómez informa al juez Peinado de que no es necesaria una prórroga en la vía del jurado
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez, ha dictado un nuevo auto en el que anuncia la nueva fase de su instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno, que no anticipa un final próximo. Ahora, Peinado cita a nueve testigos, dicta una amplia lista de diligencias por practicar e imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra Gómez, por el hecho de que ocupa el mismo puesto que Félix Bolaños cuando fue contratada Cristina Álvarez, asistente de Gómez también imputada.
El nuevo movimiento del instructor llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara su pretensión de dividir en dos el procedimiento, lo que habría derivado en sendos juicios por el tribunal del jurado. Y también después de que anunciara una prórroga de la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026 a pesar de que una vez transformado un procedimiento en la vía del tribunal del jurado no caben prórrogas de causas como las que se decretan en uno ordinario, tal y como le tuvo que informar la Fiscalía en un escrito. Con el auto, Peinado decide sobre las diligencias que le solicitaron las partes en las dos vistas que celebró por el procedimiento del jurado y a las que los investigados evitaron a acudir, acogiéndose a su derecho.
El magistrado, que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, y que lo intentó con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se fija ahora en la alto cargo que desempeña en la actualidad el puesto que tuvieron los dos anteriores en la Presidencia del Gobierno. En esta última resolución, la cita como investigada para el próximo 12 de noviembre en el juzgado. En esa comparecencia, le comunicará que también corresponde continuar el procedimiento contra ella por una vía que, de prosperar, desembocará en un juicio con jurado popular, al igual que ha hecho con el resto de investigados: la propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el citado Francisco Martínez.
En esta nueva batería de diligencias, el juez acuerda indagar en las agendas de la esposa de Sánchez y su asistente. Reclama a la Moncloa que se las facilite y anuncia que después trasladará esa documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que realice un informe que determine si las citas, reuniones, traslados o viajes de ambas —o sólo de la asesora— estaban relacionados con “actividades personales o profesionales” de Begoña Gómez.
También reclama a la Secretaria General de Presidencia del Gobierno que le informe sobre “todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno”, tal y como había reclamado la defensa de Begoña Gómez. Pide igualmente que esa información vaya acompañada de la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados “de forma simultánea” a cada cónyuge. El juez Peinado exige los pasaportes de la mujer del presidente del Gobierno y su asesora para conocer sus viajes internacionales.
Respecto a la asesora, exige su certificado de su vida laboral; sus datos salariales actualizados, con el detalle de sus nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios. En el absoluto escrutinio del trabajo de la asistente de Gómez, el juez Peinado requiere a cuatro empresas y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales para que le remitan “todos los correos, whatsapp o cualquier otra comunicaciones escritas que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual” entre Cristina Álvarez y ellos, tanto por whatsapp como por correo electrónico.
El juez Peinado rechaza en su auto la petición de la acusación popular, formada por varias organizaciones de extrema derecha, para citar al presidente del Gobierno. Entre los testigos que acepta interrogar Peinado está el vicerrector de la Complutense que aportó los correos con la asistente de Begoña Gómez pese a que ya le tomó declaración.