Carlos Mazón y Alberto González Amador: defensas concomitantes

En el origen está José María Aznar. 

En unas declaraciones públicas, el expresidente del Gobierno José María Aznar exigió a Carlos Mazón que no dimitiera y que no admitiera de esa manera la responsabilidad por la muerte de 229 ciudadanos y ciudadanas originadas por la DANA el 29 de octubre de 2024. Justificaba su exigencia de no dimisión en que el presidente del PP no podía cargar con la responsabilidad de las muertes por la dana, sino que esa responsabilidad tenía que ser cargada sobre los hombros del presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez. 

Según Aznar, Pedro Sánchez tenía que ser el presidente de la dana, Carlos Mazón tenía que ser el presidente de la reconstrucción. Este ha sido el relato que Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo han hecho suyo y han intentado transmitir a la opinión pública con todos los recursos de los que el PP dispone. 

Dicho relato quedaría hecho pedazos con la celebración del funeral el día del aniversario de la dana. La presencia de las víctimas durante todo el año y de forma muy especial en el funeral civil el día del aniversario, hizo imposible la exoneración de responsabilidad de Carlos Mazón y la traslación de la misma al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De ahí la dimisión de Carlos Mazón. Han sido las víctimas las que han hecho imposible su continuidad. Con la ayuda de la instrucción por parte de la jueza de Catarroja, la solidaridad de la mayor parte de la sociedad civil valenciana que no ha dejado de manifestarse públicamente a lo largo de todo el año contra la continuidad de Carlos Mazón en la presidencia y la información de determinados medios de comunicación, que han contrarrestado las falsas informaciones de otros medios. 

Afortunadamente, el anuncio de la dimisión fue televisado en directo y, en consecuencia, la ciudadanía, valenciana y española, ha podido formarse una opinión directamente, sin intermediarios de ningún tipo. La ciudadanía pudo comprobar que Carlos Mazón se fue mintiendo, como lo había venido haciendo desde el 29 de octubre de 2024, admitiendo que había cometido algunos errores, pero desplazando la responsabilidad de las consecuencias de la dana hacia el presidente del Gobierno de España. Y manteniendo su acta de diputado, con lo que conserva el fuero jurisdiccional y no puede ser investigado por la jueza de Catarroja que instruye el caso.

El relato de José María Aznar se le ha roto a Carlos Mazón, pero el PP va a intentar seguir manteniéndolo. De ahí que, a pesar de afirmar, como lo hizo Alberto Núñez Feijóo, en sus primeras declaraciones tras la dimisión de Carlos Mazón, que el primer punto que presidía la política del PP era el respeto a las víctimas, los diputados del PP y Vox en la comisión sobre la dana en el Congreso de los Diputados han negado el aplauso a las víctimas tras su intervención y han empezado, además, en la comunidad valenciana una campaña de ataque contra ellas, acusándolas de haberse “vendido” y de estar comerciando con los fallecidos en la tragedia. 

Con la formación del Gobierno, si es que llegan a un acuerdo con Vox, veremos hasta donde vuelve la derecha valenciana a intentar imponer su relato. Las maniobras de las direcciones del PP y VOX, nacional y valenciana, para pactar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat, indican que la humillación de las víctimas y la traslación de la responsabilidad del Gobierno de la Nación, van a continuar siendo la pieza esencial de su estrategia. 

Si José María Aznar ha estado en el origen de la defensa de Carlos Mazón, un discípulo aventajado del expresidente, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), lo ha estado en la de Alberto González Amador, tras el testimonio prestado por MAR ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado.

En dicho testimonio MAR afirmó que D. Alberto (no Alberto) González Amador era un ciudadano honrado y no un delincuente. Un ciudadano honrado que había recibido de parte del fiscal encargado de la investigación de su conducta tributaria, (Julián Salto), una propuesta de pacto de conformidad, que no pudo consumarse porque fue torpedeado “desde arriba”, fiscal general o incluso presidencia del Gobierno, mediante la filtración del correo electrónico dirigido por su abogado defensor el 2 de febrero de 2024 al correo de la fiscalía de Madrid, en el que se reconocía que D. Alberto González Amador había cometido “dos delitos fiscales” y proponía un pacto de conformidad, reconociendo los dos delitos y proponiendo pagar la deuda tributaria con la multa y los intereses correspondientes y aceptando una pena privativa de libertad que no conllevara su ingreso en prisión.

MAR puso en circulación el “bulo” de que había sido el fiscal Julián Salto el que había ofrecido a González Amador el pacto de conformidad y no al revés. Y acusó al fiscal general de haber cometido un delito de revelación de secreto al hacer público el correo electrónico de 2 de febrero de 2024, en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales por parte del abogado de González Amador. 

A ese presunto delito de revelación de secreto se agarra como un clavo ardiendo D. Alberto González Amador, para afirmar que el fiscal general del Estado lo había calificado como un delincuente confeso, lo que había supuesto de facto “su muerte civil”.

En lugar de responsabilizar a su abogado que redactó el correo electrónico de 2 de febrero de 2024, en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales sin informarle previamente de ello o a MAR, quien con la fabricación del “bulo” al que antes he hecho referencia, puso en marcha el proceso para desmentir afirmaciones infundadas que dañaban la imagen de la fiscalía, D. Alberto González Amador se ha querellado contra el fiscal general del Estado por haber redactado la nota informativa que desmentía la “fabulación” de MAR. 

La nota de la fiscalía, al sacar a la luz el correo electrónico de 2 de febrero de 2024, es la que habría vulnerado el secreto de las comunicaciones de D. Alberto González Amador, aunque no hay no ya una prueba sino ni siquiera un indicio que fuera el fiscal general del Estado el que habría filtrado a los medios de comunicación dicho correo electrónico, ya que varios periodistas de máxima solvencia han declarado que ellos tuvieron conocimiento de dicho correo electrónico antes o incluso mucho antes de que tuviera conocimiento del mismo el fiscal general del Estado. 

La inversión de la realidad, a la que se ha amarrado Carlos Mazón al intentar responsabilizar a Pedro Sánchez de las consecuencias mortíferas de la DANA, es la misma a la que se han amarrado MAR y González Amador para acusar al fiscal general del Estado de una conducta delictiva y exonerarse de responsabilidad penal de ningún tipo.

Desafortunadamente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha permitido que el juicio del fiscal general del Estado se retransmitiera en directo por televisión. Si lo hubiera permitido, la ciudadanía habría podido comprobar el paralelismo entre la declaración de Carlos Mazón anunciando su dimisión de la forma en que lo hizo y las declaraciones de MAR y Alberto González Amador en el juicio contra el fiscal general del Estado de la forma en que lo hicieron. 

Porque la forma en ambos casos es tan importante como el fondo. Y en el clima político tan encanallado como el que vivimos hubiera sido de suma importancia que la ciudadanía pudiera apreciar directamente las intervenciones de los protagonistas. 

Quienes hemos sido profesores sabemos que el lenguaje corporal es más importante que el lenguaje hablado en la transmisión del conocimiento a los alumnos. Lo que vale para la enseñanza, vale todavía más en el proceso penal. Tras las declaraciones de MAR y González Amador este pasado martes es evidente que la decisión del TS de no retransmitir el juicio contra el fiscal general del Estado ha sido un inmenso error.