La verdad, un obstáculo para el dogma

Perdón por las molestias. Pero, ahora que en el juicio contra el Fiscal General del Estado ha sido el turno de los periodistas, es inevitable hablar de lo nuestro. De un oficio esencial para la buena salud de la democracia que unos pisotean, otros insultan y desacreditan y muy pocos respetan hasta las últimas consecuencias.

A los políticos se les llena la boca de respeto a la libertad de expresión, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de lo que supone una prensa libre. A los ciudadanos, en ocasiones, les llegan titulares que poco tienen que ver con la realidad, pero que invitan al clic. Y a los periodistas que pisan por primera vez algunas redacciones lo primero que les enseñan no es a buscar la verdad, a dudar o a escudriñar entre los hechos que los informantes presentan como verdades absolutas y no lo son. Les aleccionan, por el contrario, para que sean dóciles, para que no cuestionen, para que avalen con su firma lo que responde al interés, no general, sino de sus empresas o del sesgo ideológico de sus financiadores.

Hemos llegado a un nivel de degradación en nuestro ecosistema que ni ciudadanos, ni medios, ni políticos distinguen ya entre lo que es un periodista y lo que es un agitador o un propagandista. Entre lo que es información y lo que es basura. Entre lo que es una pregunta incómoda y lo que es acoso. Entre lo que es un análisis basado en hechos ciertos y lo que son insinuaciones, verdades a medias, campañas de descrédito y difamación o simplemente obediencias ciegas.

En estos tiempos de tiktokers, instagramers y buleros, lo que importa no es la verdad ni el rigor, sino el like, la viralización o la referencia televisiva a lo que algunos dicen, escriben o directamente patrocinan. Hoy, la verdad es ya un obstáculo para el dogma. De ahí que sea más necesario que nunca un periodismo profesional que vea, escuche, pregunte y contraste una y otra vez la noticia antes de publicarla. Un protocolo, en definitiva, que exige formación, independencia de criterio, unas reglas básicas del oficio y un mínimo de ética profesional, que es lo que unos pocos no han aplicado desde que fue noticia el doble fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero existe y se practica. En elDiario.es, sin duda. Y en otras redacciones, ídem.

Son muchos los periodistas que honran esta profesión en medios conservadores o progresistas. Que no se arredran ante el poder. Que no distinguen si algo es noticia o no en función de si el protagonista es afín a la ideología del medio. Que tienen criterio propio. Que no callan las miserias de sus financiadores. Que no escriben al dictado de nadie. Y que no se limitan a reproducir argumentarios políticos en las mesas de debate.

Que Miguel Ángel Rodríguez descalifique delante de un tribunal el trabajo periodístico de elDiario.es por su exclusiva del 12 de marzo de 2024 sobre la denuncia de la Fiscalía a la pareja de Ayuso por dos delitos fiscales y otro de falsificación documental no supone sorpresa alguna. Ya amenazó con triturarnos y cerrarnos. Él es más amigo de quienes llevan al papel o al micrófono sus intoxicaciones y sus mentiras que de quienes ejercen un periodismo honesto y libre. 

Mucho más grave que las bravuconadas de barra de bar del jefe de gabinete de la presidenta madrileña es que alguien que se considere periodista y tenga un mínimo de dignidad profesional aproveche la declaración de nuestro compañero José Precedo ante el Supremo para cargar contra este periódico por salvaguardar el secreto profesional y no desvelar sus fuentes de información. Que sean además algunos de ellos los autores de informaciones falsas construidas al servicio de la mal llamada policía patriótica -la de Jorge Fernández Díaz, el comisario Villarejo y todos sus adláteres- no deja de tener su sorna. Casualmente, son los que se erigen en adalides de un periodismo de investigación que da risa. Son los que escriben al dictado del aparato de propaganda de la Comunidad de Madrid. Son los que más deberían tapar sus vergüenzas. Y son para los que la verdad sobre el caso del Fiscal General se ha convertido en un problema para el dogma del ayusismo: González Amador es una víctima y Álvaro García Ortiz un delincuente que debe acabar entre rejas, pese a que el primero fue el que cometió los delitos y el segundo se limitó a defender el nombre del Ministerio Fiscal ante una flagrante mentira.

P.D. Para los que hablan de “periodismo del régimen”, que publiquen, igual que hace elDiario.es, cuáles son sus fuentes de ingresos. Así nos conoceríamos todos.