Ataques a la inmigración, al valenciano o al Pacto Verde: la agenda ultra de Vox que debe asumir el PP para mantener la Generalitat Valenciana

La historia se repite. El pasado 17 de marzo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se entregó por completo al discurso de Vox a cambio de obtener su apoyo para aprobar los presupuestos autonómicos.

El jefe del Consell, asediado política y judicialmente por su gestión de la dana, no tuvo más remedio que humillarse públicamente asumiendo todos los postulados de la ultraderecha (ver vídeo). Incluso, llegó a rechazar al “dogmatismo climático” que representa el Pacto Verde, a pesar de que su propio partido lo apoya en Bruselas de la mano de la presidenta de la Comisión Europea, la también popular Úrsula von der Leyen.

Ocho meses después, el PP vuelve a estar en manos de Vox. De poco ha servido el enorme desgaste que asumieron los populares con aquel pacto puesto que tras la dimisión de Mazón el pasado 3 de noviembre como consecuencia de su gestión de la dana, arranca otra negociación mucho más dura si cabe para votar un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana y evitar así unas elecciones que el PP quiere evitar a toda costa.

Esa es precisamente la mejor baza del partido de Santiago Abascal para imponer unas condiciones mucho más duras a los populares. Y es que los de Núñez Feijóo temen un proceso electoral que se celebraría el próximo 22 de marzo en un momento en el que todas las encuestan pronostican un importante descenso de los populares en intención de voto en favor de la extrema derecha y un resultado muy ajustado que daría opciones de recuperar la Generalitat Valenciana al bloque de izquierdas (también con desgaste del PSPV en favor de Compromís).

Abascal, consciente de la debilidad negociadora de Feijóo y los suyos, ya ha advertido en una entrevista en La Vanguardia de que sus condiciones serán “más firmes y más exigentes” de lo habitual y dijo que su formación “no teme” una convocatoria electoral en esta autonomía. En su primera conversación telefónica este martes 4 de noviembre, el líder de Vox pidió a Feijóo que se mantenga el pacto al que se llegó en marzo con Mazón para aprobar los presupuestos de la Generalitat.

Exigencias de Vox

En esta línea es fácil imaginar que las exigencias del partido de extrema derecha a cambio de investir a un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana del PP irán encaminadas en avanzar y profundizar en la agenda ultra que abrió Mazón en su mencionada intervención previa a la aprobación de los presupuestos: redoblar las medidas para torpedear la acogida de menores migrantes, para avanzar en la eliminación del Pacto Verde Europeo, serán a buen seguro algunas de las más importantes, junto con los ataques al fomento del valenciano y a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Y es que, en los presupuestos autonómicos aprobados finalmente el pasado 2 de julio, el PP y Vox acordaron destinar 100.000 euros a la realización de pruebas de edad a los menores que lleguen a la Comunitat Valenciana y otros 2 millones de euros para fomentar “acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados para reagrupaciones familiares”. Además, podría incluirse en la negociación los cambios que Vox viene exigiendo en la Renta Valenciana de Inclusión, entre otros, la posibilidad de que los beneficiarios deban probar su residencia continuada en la Comunitat Valenciana, o vincular la prestación a la búsqueda de empleo.

Mazón anunció además la eliminación de la “ecotasa” autonómica que se aplica a la generación eléctrica por medio de tecnología nuclear, lo que supondrá dejar de ingresar 14 millones de euros de la central nuclear de Cofrentes, que tanto el PP como Vox han pedido que prolongue su vida útil más allá del año 2030, cuando está previsto que deje de funcionar. También se eliminó la Agencia Valenciana del Cambio Climático.

En cuanto al desarrollo urbanístico se están tramitando diversas normativas que vienen a modificar o sustituir otras del Gobierno del Botánico más proteccionistas. En este sentido, ya se aprobó la construcción de hoteles a 200 metros de la costa (con el Botánico el límite era 500 metros). También está en marcha una propuesta de modificación de la la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos, o el nuevo plan de ordenación de recursos naturales (PORN) de l’Albufera que implica la desprotección de diversos espacios, además de ampliar la posibilidad de habilitar restauración donde a día de hoy no está permitido.

En las cuentas autonómicas también se acordó recortar 100.000 euros de aportación a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), 200.000 a CCOO y otros tantos a UGT, así como destinar otra partida 30.000 euros al Arzobispado de Orihuela-Alicante para “la promoción de elementos conmemorativos al amparo de la Ley de Concordia”, una medida que podría quedar invalidada tras la suspensión de diversos artículos de la mencionada normativa por parte del Tribunal Constitucional.

Además, se recortaron 500.000 euros de las ayudas “a la promoción del valenciano en el ámbito social” y otros 200.000 euros para “multilingüismo en el sector privado”, también dentro del programa de promoción del valenciano, junto al recorte de casi dos millones de euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que destinarán a rehabilitar la sede de una entidad privada como Lo Rat Penat, una medida que la institución lingüística recurrirá por ser presuntamente ilegal.

También aprobó un recorte tres millones de euros del plan Edificant para la construcción de colegios o de 700.000 euros en la FP. En materia de emergencias, se rebajó la financiación de los planes de emergencias de los municipios que pasan de una dotación de 2,3 millones de euros a 500.000 euros, 1,8 millones menos.

Vinculado a las licitaciones, Vox también se opuso recientemente a la creación de un Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos, la versión valenciana del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Estado que dirime conflictos en procesos de contrataciones públicas. La extrema derecha lo considera una duplicidad y podría incluir el veto a este nuevo organismo en las negociaciones.